El naval exige a la UE que ´cierre el capítulo´ del viejo ´tax lease´ para que el sector ´no muera de hambre´
Asime: "Los inversores necesitan saber cómo les afecta la decisión para que pueda fluir el crédito"
El tiempo vuelve a caer a plomo sobre el sector de la construcción
naval. Un nuevo requerimiento de la Comisión europea de la Competencia
impide otra vez, más de dos años después de haber denunciado el sistema
de bonificación fiscal (tax lease) utilizado por astilleros, armadores e
inversores, dar carpetazo al conflicto. La decisión de Bruselas de
pedir a España más documentación sobre la devolución de las ayudas
derivadas del viejo tax lease (considera "insuficiente" la información
aportada) ha sentado mal entre los sindicatos y la patronal. Las
empresas confían en que el Gobierno responda a Competencia a la mayor
brevedad para poder pasar página.
"España cumplió con su obligación y comunicó sus cálculos", asegura el portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón. El Ministerio de Hacienda envió a los técnicos de Competencia -departamento que preside Joaquín Almunia- el cálculo según el cual inversores y estructuradores deberán devolver 126 millones en concepto de beneficios fiscales que, a juicio de Bruselas, son "incompatibles". "Si lo que se mandó no es suficiente, se le dará más información, lo que no puede hacer la Unión Europea es dilatar el cierre del capítulo del tax lease ya que afecta de lleno al nuevo sistema" de bonificación, que aún no se ha utilizado.
"Los inversores necesitan saber de una vez cómo les afecta la decisión de Bruselas antes de financiar nuevas operaciones", agrega Mallón. El portavoz del sector en UGT, Diego Atanes, es más crítico con las autoridades europeas. "Es una aberración, Almunia había dicho que era España quien debía calcular las ayudas a devolver. Ahora quien tiene que moverse es el Gobierno", cree el líder sindical. Atanes coincide con el responsable del naval en CC OO, Ramón Sarmiento. "Que los técnicos de Hacienda vayan a Bruselas y le expliquen todo a la Comisión, se encierren el tiempo que haga falta y no salgan de allí sin traer una respuesta".
Para Sarmiento "lo importante es otra vez el factor tiempo", y desde la CIG su responsable del naval, César Rodríguez, teme que se "utilice esto para que el sector naval" lo siga perdiendo. "Estos protocolos, con solicitudes y retrasos, llevan a la muerte del sector por inanición, no se puede permitir que se muera de hambre", sentencia Diego Atanes. "Está claro que el baile de cantidades se puede seguir moviendo", de modo que los 126 millones puedan ir al alza como sospechan el CIG. "En este momento cualquier inversor nuevo, que ya habrá participado en operaciones anteriores, no va a entrar en ningún proceso nuevo por mucho que esté aprobado el nuevo tax lease".
Rodríguez, Atanes y Sarmiento piden más responsabilidad al Gobierno central. "Este expediente es ya el más largo de la historia de la Comisión de Competencia, pero por mucho que el nuevo sistema (de bonificación fiscal) esté bendecido por Almunia y sea casi inatacable, nadie se va a exponer de nuevo hasta no conocer cómo termina todo esto", zanja el portavoz de Asime. Ni desde la Xunta de Galicia ni desde la administración estatal no hubo ayer ninguna reacción al anuncio de Bruselas.
"España cumplió con su obligación y comunicó sus cálculos", asegura el portavoz de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), Enrique Mallón. El Ministerio de Hacienda envió a los técnicos de Competencia -departamento que preside Joaquín Almunia- el cálculo según el cual inversores y estructuradores deberán devolver 126 millones en concepto de beneficios fiscales que, a juicio de Bruselas, son "incompatibles". "Si lo que se mandó no es suficiente, se le dará más información, lo que no puede hacer la Unión Europea es dilatar el cierre del capítulo del tax lease ya que afecta de lleno al nuevo sistema" de bonificación, que aún no se ha utilizado.
"Los inversores necesitan saber de una vez cómo les afecta la decisión de Bruselas antes de financiar nuevas operaciones", agrega Mallón. El portavoz del sector en UGT, Diego Atanes, es más crítico con las autoridades europeas. "Es una aberración, Almunia había dicho que era España quien debía calcular las ayudas a devolver. Ahora quien tiene que moverse es el Gobierno", cree el líder sindical. Atanes coincide con el responsable del naval en CC OO, Ramón Sarmiento. "Que los técnicos de Hacienda vayan a Bruselas y le expliquen todo a la Comisión, se encierren el tiempo que haga falta y no salgan de allí sin traer una respuesta".
Para Sarmiento "lo importante es otra vez el factor tiempo", y desde la CIG su responsable del naval, César Rodríguez, teme que se "utilice esto para que el sector naval" lo siga perdiendo. "Estos protocolos, con solicitudes y retrasos, llevan a la muerte del sector por inanición, no se puede permitir que se muera de hambre", sentencia Diego Atanes. "Está claro que el baile de cantidades se puede seguir moviendo", de modo que los 126 millones puedan ir al alza como sospechan el CIG. "En este momento cualquier inversor nuevo, que ya habrá participado en operaciones anteriores, no va a entrar en ningún proceso nuevo por mucho que esté aprobado el nuevo tax lease".
Rodríguez, Atanes y Sarmiento piden más responsabilidad al Gobierno central. "Este expediente es ya el más largo de la historia de la Comisión de Competencia, pero por mucho que el nuevo sistema (de bonificación fiscal) esté bendecido por Almunia y sea casi inatacable, nadie se va a exponer de nuevo hasta no conocer cómo termina todo esto", zanja el portavoz de Asime. Ni desde la Xunta de Galicia ni desde la administración estatal no hubo ayer ninguna reacción al anuncio de Bruselas.
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