La Voz de Galicia

Almunia no cede y sentencia al naval

El comisario se reafirma en su postura y comunica a Soria, Núñez Feijoo, Urkullu y López que los inversores que se beneficiaron del antiguo «tax lease» deberán devolver las ayuda

Joaquín Almunia ha dejado listo para sentencia el expediente del antiguo tax lease español. De nada han servido las quejas y argumentos planteados por el sector, las autoridades y los sindicatos en su visita de ayer a Bruselas: «Los inversores deberán devolver las ayudas a la hacienda pública», resolvió inflexible el comisario español de Competencia, que excluye de la obligación a astilleros y armadores.

Las esperanzas del sector estaban puestas en ese encuentro crucial que debía servir para hacer recapacitar a Almunia sobre los tremendos efectos que su propuesta de devolución de los beneficios fiscales por parte de los inversores, que ascienden a 3.000 millones de euros, podría tener sobre el naval: «Nuestros argumentos son lo suficientemente poderosos para hacer que rectifique, necesitamos financiación para poder continuar», aseguraba el director general del astillero gallego Metalships, Alberto Iglesias, en los momentos previos a la reunión en la que el ministro español de Industria, José Manuel Soria, estuvo acompañado de los presidentes autonómicos de Galicia, Asturias y País Vasco.

Pero no ha sido así. El comisario se cerró en banda y dilapidó la propuesta de la delegación española de devolver únicamente las ayudas a partir del 2011, año en que la Comisión Europea abrió un expediente a España al considerar que las ayudas de Estado en forma de bonificación fiscal estaban distorsionando la libre competencia con otros socios europeos.

El ministro Soria defendió esta posibilidad asegurando que «hasta el 2011 hubo una total inacción por parte de la Comisión sobre las ayudas y nadie dijo nada». Los representantes de los astilleros lo corroboran: «Actuamos según la ley española y ahora nos dicen que es ilegal, es absurdo», protestó Alberto Iglesias.

Versión de Almunia

Sin embargo, la versión es diferente cuando lo cuenta Joaquín Almunia: «Hubo inseguridad jurídica hasta el 2005, cuando resolvimos el expediente francés en el 2006, pero España continuó con su tax lease pese a ser un sistema análogo».

Las caras largas de las autoridades que acudieron a la cita lo decían todo: «Es una propuesta desproporcionada y sin sentido. El sector naval corre un gran riesgo», admitió el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quien se mostró decepcionado por los resultados de las conversaciones: «Ha habido cambios, pero son insuficientes». No obstante, dejó la puerta abierta a una sorpresa de última hora asegurando que seguirán trabajando «hasta el próximo día 17 de julio», cuando se conozca definitivamente la magnitud del golpe al sector.

El temor a que ese día el colegio de comisarios vote a favor de la propuesta de Almunia ha alentado al ministro Soria a mantener conversaciones con otros comisarios para convencerles del gran daño que pueden infligir al naval español, del que dependen 87.000 puestos de trabajo. La eficacia de esta estrategia es limitada, teniendo en cuenta que normalmente se adoptan las decisiones por consenso y no se cuestiona el trabajo de los colegas del Ejecutivo comunitario.

Los secretarios generales de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT también acudieron a la reunión para pedir a Almunia que recapacite.

Pero el amotinamiento del comisario provocó la indignación del secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, quien pidió, junto al lendakari vasco, Íñigo Urkullu, una intervención directa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: «Hacemos una apelación al presidente español para que se pronuncie ante el colegio de comisarios y particularmente ante el presidente de la Comisión Europea», anunció el mandatario vasco.