La Voz de Galicia

El caso de Pescanova, un amaño que se remonta al año 2003

Fernández de Sousa admite que sus maniobras fueron para «mantener viva» a la empresa

Durante casi tres horas Deloitte se reunió en Madrid con los consejeros de Pescanova -incluido el presidente, Manuel Fernández de Sousa- para informar no solo de la evolución del concurso, sino especialmente del explosivo informe forense que KPMG remitió la víspera. En este, la auditora revela datos impactantes, como que cinco directivos de la pesquera (ninguno del consejo de administración), con Fernández de Sousa al frente, habían diseñado y utilizado durante años un entramado societario instrumental y habían hecho uso deliberadamente de prácticas irregulares para ocultar la deuda real y lograr más financiación. Aunque KPMG investigó las cuentas del grupo entre el 2010 y el 2012, estiman que los amaños contables y financieros datan de nueve años atrás, desde el 2003. Y fueron las grandes inversiones en acuicultura las que desbocaron las irregularidades.

El informe apunta a varios directivos. Alfonso García Calvo, ex administrador solidario junto con Fernández de Sousa, de Novapesca Trading; Alfredo López Uroz, jefe de administración de la matriz; Antonio Táboas, antiguo director financiero; Carlos Turci, director financiero del grupo y de Pescafina; y Joaquín Viña, jefe de auditoría. Además del presidente, esas son las personas a las que KPMG señala como presuntos responsables de la trama. Viña, Táboas y López Uroz están imputados ya en la Audiencia Nacional.

KPMG reformuló las cuentas

La simulación de operaciones comerciales entre sociedades instrumentales del grupo, el uso repetido de las mismas facturas en diferentes líneas de factoring o de facturas falsas, o excluir del perímetro de consolidación de las cuentas del grupo sociedades que tendrían que figurar, son algunas de las prácticas irregulares que los investigadores han destapado, y con ellas, la necesidad de reformular unas cuentas que de ningún modo eran radiografía fiel de la salud de la empresa.

Así, junto con unos fondos propios negativos de 927 millones -Pescanova comunicó a la CNMV una situación patrimonial positiva en 148 millones- y una deuda de 3.281 millones al cierre del 2012, KPMG cuantificó en 951 las pérdidas acumuladas entre el 2010 y el 2012, frente a los 66 millones de beneficios que había declarado, a las que había que sumar otros 437 de pérdidas no declaradas antes del 2010, según recogía Expansión, que también reproducía el intercambio de correos entre directivos (que se reproduce en esta página).

Una quita del 60% de la deuda

Mientras, según confirmaron varias fuentes, ya se está negociando con la banca acreedora una quita del 60 % de la deuda, a la que podría sumarse la conversión en capital de un porcentaje de ese pasivo.

A raíz de esas conclusiones del informe forense, la CNMV anunció que ha iniciado las «actuaciones oportunas para determinar el alcance de los incumplimientos de Pescanova de la Ley del Mercado de Valores» en lo que respecta a los folletos de admisión y emisión y a la remisión de cuentas.

Pero frente al chaparrón, Fernández de Sousa se mantiene impertérrito. A la salida de la reunión con Deloitte, el aún presidente admitió las irregularidades, aunque repetidamente se refirió a ellas como «errores», y las explicó con la supervivencia de la empresa. «Todo lo que se ha hecho ha sido para que Pescanova siguiera viva, como está», dijo, añadiendo que «explicará los errores ante quien lo tenga que hacer y en el momento oportuno».

Recordó que había sido el consejo, a propuesta suya, quien contrató esa autoría: «Se hizo para poner de manifiesto, con claridad y transparencia, las irregularidades y errores que pudiera haber». E insistió en que «si no tuviera la conciencia tranquila y no pudiera explicar las cosas, no lo habría hecho».

Damm, segundo accionista y principal opositor a la gestión del presidente, aseguró que apoyaba completamente al administrador concursal y que cree en la viabilidad de Pescanova, no en su liquidación. Junto con Luxempart e Iberfomento han solicitado al juez la convocatoria de una junta general para elegir un nuevo órgano de gobierno.