El Pais

Industria rechaza irregularidades en el concurso de Alfageme

Guerra dice que la adjudicación de la conservera quedó desierto porque no se garantizaba el empleo

 El conselleiro de Industria en funciones, Javier Guerra, afirmó ayer que ninguna de las tres ofertas que optaron a la adjudicación de Alfageme garantizaba la actividad de la empresa durante la próxima década con el mantenimiento de al menos 100 puestos de trabajo, según las condiciones estipuladas por la Xunta.Guerra salió así al paso de las duras declaraciones vertidas por los sindicatos CIG y CGT que apuntan a presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de la conservera, por lo que anunciaron la presentación de una denuncia por presunta prevaricación contra él y el director del Igape, Javier Aguilera.

“Los primeros sorprendidos fuimos nosotros cuando nos vimos obligados a dejar desierta la adjudicación, pero tenemos que ser rigurosos con el dinero público que está en juego”, alegó Guerra. El todavía titular de Industria y principal artífice de las negociaciones para la adjudicación de la conservera explicó que el problema se remonta a 2008 cuando el bipartito concedió un aval de 30 millones a los propietarios de Alfageme que finalmente fue a la liquidación. Si alguno de los proyectos presentados hubiese sido viable se habría tenido que condonar el importe del aval “el mayor en la historia de la Xunta”, aseguró.

Las empresas candidatas a la adjudicación condicionaban su oferta a la concesión de préstamos de hasta nueve millones de euros pero al no garantizar los mínimos exigidos, el Igape les comunicó la imposibilidad de perdonar la deuda del aval, según un comunicado difundido ayer por Industria. Guerra añadió que no le preocupa una eventual denuncia de los sindicatos. “Me preocupa que no digan quién concedió los avales y a qué empresa apoyaban para la adjudicación”, añadió.

Guerra añadió que su departamento mantiene el compromiso de seguir prestando apoyo financiero a la empresa que se presente a la subasta, que tendrá que fijar un juzgado de Vigo con el fin de reactivarla y crear puestos de trabajo, al igual que ocurrió con Clesa. Las ofertas que quedaron sobre la mesa corresponden a una empresa vinculada a los antiguos propietarios, Coswinga, la primera eliminada; además de Pescamar y El Consorcio Conservero del Cantábrico. Un portavoz de esta última desmintió ayer a Guerra al asegurar que sí cumplía con los requisitos.