Faro de Vigo

Barreras presentará suspensión de pagos por una deuda de 50 millones con las auxiliares

El consejo de administración de la empresa decidió ayer acogerse a concurso voluntario en los próximos días

El consejo de administración del astillero vigués Hijos de J. Barreras decidió en su reunión de la mañana de ayer presentar concurso voluntario de acreedores ante la deuda contraída con la industria auxiliar y los proveedores que ronda los 50 millones de euros. El accionista de la empresa y presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, José García Costas, confirmó a FARO la nueva situación e indicó que la solicitud se presentará en los próximos días "este viernes o quizás los primeros días de la semana que viene".
Mientras, la dirección del astillero mantenía un silencio absoluto sobre la presentación de suspensión de pagos. Por su parte, fuentes sindicales indicaron que entre trabajadores de la empresa se barajaba en los últimos días esta posibilidad, pero que hasta el momento no se les había comunicado nada de manera oficial.
Con la entrada en suspensión de pagos de Barreras ya son tres los astilleros de la comarca de Vigo que se encuentran en esta circunstancia. Primero fue Factoría Naval de Marín, a la que siguió Vulcano, pero en estos últimos meses la crisis del sector naval en la comarca de Vigo también provocó el cierre de MCíes. En la actualidad el sector naval de la ría de Vigo tiene únicamente carga de trabajo en torno a un 10% de su capacidad total.
El problema de Barreras, que en estos momentos tiene a la práctica totalidad de su plantilla –135 trabajadores– en regulación de empleo, repercutirá de forma directa en las empresas auxiliares del sector naval, lo que según los sindicatos puede provocar en los próximos meses un cierre masivo en la industria auxiliar.
El astillero de Beiramar se encuentra en la actualidad con una nula carga de trabajo a la espera que entren en vigor los contratos ya firmados y con las gradas vacías. Sin embargo, la suspensión del sistema de beneficios fiscales que se aplica a los astilleros españoles, conocido como tax lease, supondrá un problema añadido a la crítica situación del astillero.
La supresión el pasado día uno de julio de las ayudas al sector naval por parte de la Comisión Europea de la Competencia, que preside Joaquín Almunia, tal y como adelantó FARO, provocó ayer una serie de reacciones de los partidos de la oposición y de sindicatos.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Soraya Saénz de Santamaría, anunció ayer que el PP presentará una Proposición no de Ley en el Congreso en defensa del sector naval español y de los astilleros gallegos.
Sáenz de Santamaría denunció que como consecuencia de del expediente abierto en el seno de la Comisión Europea, desde el uno de julio el Ministerio de Economía no admite de nuevo barcos en los astilleros españoles bajo la fórmula de tax lease.
"Esto ha llevado –lamentó– a que los astilleros en España, especialmente los gallegos, estén parados a la espera de ese expediente que puede demorarse muchos meses".
Mediante la iniciativa, el PP pide al Gobierno que haga las gestiones necesarias para que se cierre ese expediente abierto frente a nuestra industria y que ponga en marcha todos los mecanismos pertinentes para que se pague a los astilleros españoles esos beneficios fiscales que ya se habían devengado antes de la apertura del expediente.
Por su parte, el diputado ferrolano Arsenio Fernández de Mesa registró también una pregunta oral para que el Gobierno explique en el Pleno por qué la Comisión de Competencia de la Comisión Europea, que dirige el español Joaquín Almunia, tiene paralizado el sistema de ayudas fiscales.
Por su parte, los diputados del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Davila, han exigido al Gobierno central este martes una "posición firme en Bruselas", ya que la eliminación de las bonificaciones fiscales existentes para los astilleros "puede ser la puntilla al sector naval gallego".
En este sentido, han recordado que todos los estados otorgan ayudas a sus sectores navales "de una u otra manera". Además, han remarcado, el sector en Galicia "lleva tiempo padeciendo las consecuencias de una política comunitaria de reparto de la cuotas de mercado hecha a medida de los países más desarrollados de la Europa central".
La CIG advirtió ayer que con el bloqueo del tax lease "la situación es grave porque ya afecta a los contratos pendientes de ejecutar y también a aquellos que en la actualidad se están ejecutando, y porque la resolución por parte de Competencia puede tardar hasta un año".
El sindicato nacionalista añade que "ningún astillero está a salvo de esta medida y los vencimientos de pagos a la industria auxiliar en los plazos previstos tampoco se cumplirían, por lo que los efectos a corto plazo serían también catastróficos". Afirma que las consecuencias de esta paralización del tax lease afectaría en primer lugar "a la industria auxiliar de primera línea" y, posteriormente, a las subcontratadas por estas".