El interventor de Vieira Argentina pactó la cesión de los barcos pese a estar blindados
El gestor de la compañía, Diego Marzioni, firmó una carta en la que se comprometía a adjudicar la flota y los derechos de pesca aunque siguen siendo de la compañía viguesa
El 20 de septiembre de 2012 el Gobierno de
la provincia argentina de Santa Cruz aprobó la ley 3287, que declaraba
los bienes de la filial de Grupo Vieira (Vieirasa) "de utilidad pública y
sujetos a expropiación". La compañía, liderada por su presidente,
Eduardo Vieira, inició una batalla legal en Buenos Aires y un Alto
Tribunal de la capital decretó que esta norma provincial tenía visos de
inconstitucionalidad y que los derechos de pesca seguían siendo de
Vieirasa. Desde entonces el Ejecutivo santacrucense trató, sin éxito, de
arrebatar los bienes a la compañía gallega. Pero un documento firmado
por el interventor de Vieira Argentina, Diego Marzioni, evidencia que
este gestor pactó la adjudicación de los siete buques a empresarios
locales a cambio de dinero pese a que todos los bienes están blindados
por un juez (la empresa está en concurso) y que éstos siguen siendo de
Vieirasa. De hecho la compañía de Vigo ha pedido una prórroga de seis
meses en el proceso concursal, que prohibe que los activos puedan ser
enajenables hasta que no concluya el mismo.
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