La Opinion de La Coruña

El juez no fija medidas cautelares al no haber ´riesgo de fuga

El magistrado Pablo Ruz decidió, pasadas las 20.00 horas, que no se iba a celebrar la llamada "vistilla" que podría decretar la adopción de medidas cautelares contra el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa. Entre ellas estaba el posible envío a prisión, pero para el juez no concurren "circunstancias excepcionales" que la justificaran, como explicó a este diario el abogado Ángel Sutil, de Iuris Terra Abogados. "El magistrado no ha levantado la imputación de Sousa y tampoco lo hará con la fianza civil impuesta", de 178,8 millones de euros. La defensa del expresidente de Pescanova presentó recurso contra la misma.



El impago de la fianza civil -el total que se le pide a la familia Sousa y sus empresas asciende a 664,763 millones de euros, el 56% del total impuesto por el magistrado- no acarrea el ingreso en prisión, sino el embargo de los bienes que estén a su nombre. En su declaración, el empresario insistió en que las cifras de facturación (700 millones hasta julio) refrendan la viabilidad de la compañía pesquera y se mostró "convencido" de que se alcanzará un convenio de acreedores para salir del concurso.

Sousa fue preguntado por Anticorrupción por el destino de los fondos que obtuvo con la venta del 7% de Pescanova (que no comunicó a la CNMV), que el empresario justificó con un préstamo a la sociedad de 9,3 millones y con el pago de deudas personales. En cuanto al intento de enviar cuatro millones de euros (5,2 millones de dólares) a Hong Kong apenas diez días después de que Pablo Ruz le impusiese una fianza millonaria, Fernández de Sousa explicó que la intención era la de obtener mayor rendimiento por su capital, ya que en Hong Kong los depósitos se remuneran al 12%. Era un dinero "para otro tipo de deudas" no personales, según fuentes presentes en la declaración, y Sousa explicó que "quería disponer de su capital" habida cuenta de los serios problemas de la compañía. Aseguró además que él mismo dio la orden de bloquear la transferencia a China, desmintiendo a la Policía portuguesa. Según el informe de las autoridades lusas, al que ha tenido acceso este diario, "la transferencia a China no fue ejecutada por sospechas de una eventual fuga de patrimonio del individuo". Este informe lleva la firma del inspector Carlos Afonso.