Faro de Vigo

Paz-Andrade niega tener responsabilidad en las ´prácticas irregulares´ de Pescanova

El exconsejero de la compañía ha declarado durante más de tres horas

El exconsejero delegado de Pescanova (hasta 2007) y exmiembro del consejo de administración (hasta el pasado 12 de septiembre), Alfonso Paz-Andrade, ha terminado su declaración en la Audiencia Nacional, que se ha prolongado durante más de tres horas. Paz-Andrade, que abandonó su cargo ejecutivo en Pescanova por fuertes discrepancias con Manuel Fernández de Sousa, ha declarado ser ajeno a las prácticas “irregulares” que se llevaron a cabo en la empresa, como la facturación falsa o el uso de un entramado empresarial para esconder deuda y pérdidas.

Fuentes presentes en la declaración explicaron a FARO que el exconsejero y accionista (posee más del 3% de Pescanova) ha sido “muy explícito”. Según el informe de la administración concursal, Deloitte, la compañía disparó de forma exponencial sus inversiones en acuicultura cuando Paz-Andrade abandonó el cargo de consejero delegado. Sus diferencias con Sousa fueron siempre conocidas tanto en la empresa como en el sector y en círculos económicos de Vigo. No ha trascendido todavía si Pablo Ruz ha levantado las imputaciones sobre Paz-Andrade.

 Sousa admite que Pescanova falsificó facturas y creó ´ventas virtuales´ para obtener financiación

Deposita en la banca la responsabilidad de utilizar el descuento de recibos por duplicado: "Era muy lucrativo"

  

"Cuando el fin es lícito, también lo son los medios". La frase del alemán Hermmann Busenbaum puede ilustrar la línea de defensa del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, para justificar en la "supervivencia" de la compañía la utilización de todo tipo de "prácticas irregulares de financiación", como las definió su abogado, el penalista Gonzalo Martínez Fresneda. Sousa declaró ayer en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz como imputado durante más de siete horas por su presunta responsabilidad en la quiebra de la multinacional. El empresario reconoció la utilización del sistema de factoring (conocido como "papel pelota" y que se consiste en adelantar facturas, la mayoría presuntamente falsas) para lograr financiación, así como la creación de un entramado de empresas para realizar compraventa de "bienes virtuales" con la intención de obtener liquidez.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, para Sousa esta conducta empresarial no solo fue avalada por la auditora BDO, sino que también fue instigada por la propia banca. "Nos vimos abocados a eso", respondió cuando fue preguntado por la utilización de líneas de factoring duplicadas o directamente falsas. "Para los bancos era muy lucrativo". En opinión del expresidente de Pescanova, este tipo de financiación y los llamados project finance reportaban a las entidades financieras buenas comisiones, razón por la que, según él, los bancos "deseaban" aportar liquidez en estos términos y firmar contratos con la pesquera. Los proyectos financiados sin recurso (sin garantía) exigían mayores intereses, y fue así como se pagó, por ejemplo, la macroplanta de Mira en Portugal. Sousa incidió que los bancos aceptaban y BDO asentía las prácticas. La banca tiene atrapados a día de hoy más de 3.000 millones de euros en la compañía, en concurso de acreedores.
Todo por Pescanova
Las "fórmulas atípicas de financiación" -como también las llamó su abogado- se llevaban a cabo además con el respaldo directo de BDO, que firmó año tras año, y desde 2002, el balance de Pescanova sin salvedades. Por eso la cúpula de la pesquera "tiraba por lo que decía la auditora", que "tenía acceso" a la central de riesgos del Banco de España (Cirbe), donde debía aparecer toda la deuda del grupo. Todas las "prácticas irregulares" se llevaron a cabo con el único fin de garantizar la continuidad de Pescanova, según su expresidente, una conducta que ha justificado en el hecho de que estén "al día" las nóminas de los trabajadores o que la compañía pueda cerrar 2013 con una facturación de "1.300 o 1.400 millones de euros". Las preguntas de su letrado -solo contestó a Martínez Fresneda, a Ruz y los fiscales Juan Pavía y Elena Lorente- giraron en todo momento en torno a esta línea argumental.
De acuerdo con las fuentes consultadas por FARO, Sousa no ha rechazado las conclusiones del informe forense de KPMG, que él encargó (según su defensa. En la CNMV aseguran que se realizó por mandato suyo). De este modo, tuvo que explicar que el entramado de al menos 14 sociedades instrumentales que permitieron inflar las ventas del grupo también se crearon "para financiar" Pescanova. "Se usaban para las ventas de bienes virtuales", las llamó. El informe concursal habla directamente de ventas "sin contenido económico", y eleva la transacción "virtual" de bienes a 1.047 millones de euros solo en 2011 y 2012. Eso sí, asegura que las facturas falsas recogidas en el informe de KPMG (más de 500) son "errores" o "duplicados".
El fiscal Juan Pavía inquirió a Sousa sobre "quién dio la orden de utilizar" el sistema de papel pelota, a lo que el empresario fue reacio a responder. Acabó asegurando que la responsabilidad era del "departamento de Administración", que dirige Alfredo López Uroz. Este directivo también está imputado, y la Policía Judicial ha interrogado ya a dos subalternos suyos: Miriam del Río y José Manuel Gil. "Me parece tremendo que cargue contra los trabajadores", censuraba ayer un empleado de Chapela a este periódico.
Por su parte, desde el entorno del empresario destacaron ayer que Sousa "ha negado todos los hechos que se le imputan" (falseamiento de cuentas, de información económica, uso de información relevante, estafa, falsedad en documento mercantil, delito societario y otro por impedir la labor de la CNMV). "No es hasta que se revisa la contabilidad que se detectan discrepancias importantes en la cifra de deuda bancaria", quiso explicar Sousa, y volvió a justificar su petición de revocar a BDO, que fue desestimada por el juez. Para el expresidente, las dificultades de Pescanova son "financieras" y, según él, las acciones volverían hoy a un nivel previo al concurso, esto es, a 17,4 euros por la revalorización del precio del langostino, el rodaballo y el salmón (cuyas filiales se venderán el mes de diciembre).

 ´Yo bloqueé la transferencia de 4 millones a Hong Kong´

 Sousa fue preguntado por Anticorrupción por el destino de los fondos que obtuvo con la venta del 7% de Pescanova (que no comunicó a la CNMV), que el empresario justificó con un préstamo a la sociedad de 9,3 millones y con el pago de deudas personales. En cuanto al intento de enviar cuatro millones de euros (5,2 millones de dólares) a Hong Kong apenas diez días después de que Pablo Ruz le impusiese una fianza millonaria, Fernández de Sousa explicó que la intención era la de obtener mayor rendimiento por su capital, ya que en Hong Kong los depósitos se remuneran al 12%. Era un dinero "para otro tipo de deudas" no personales, según fuentes presentes en la declaración, y Sousa explicó que "quería disponer de su capital" habida cuenta de los serios problemas de la compañía. Aseguró además que él mismo dio la orden de bloquear la transferencia a China, desmintiendo a la Policía Portuguesa. Según el informe de las autoridades lusas, al que ha tenido acceso FARO, "la transferencia a China no fue ejecutada por sospechas de una eventual fuga de patrimonio del individuo". Este informe lleva la firma del inspector Carlos Afonso.
 Sin medidas cautelares por no haber ´riesgo de fuga´

 El magistrado Pablo Ruz decidió, pasadas las 20:00 horas de la tarde, que no se iba a celebrar la llamada "vistilla" que podría decretar la adopción de medidas cautelares contra Manuel Fernández de Sousa. Entre ellas estaba el posible envío a prisión, pero para el juez no concurren "circunstancias excepcionales" que la justificaran, como explicó a FARO el abogado Ángel Sutil, de Iuris Terra Abogados. "El magistrado no ha levantado la imputación de Sousa y tampoco lo hará con la fianza civil impuesta", de 178,8 millones de euros. La defensa del expresidente de Pescanova presentó recurso contra la misma.

El impago de la fianza civil (el total que se le pide a la familia Sousa y sus empresas asciende a 664,763 millones de euros, el 56% del total impuesto por el magistrado) no acarrea el ingreso en prisión, sino el embargo de los bienes que estén a su nombre. En su declaración, el empresario insistió en que las cifras de facturación (700 millones hasta julio) refrendan la viabilidad de la compañía y se mostró "convencido" de que se alcanzará un convenio de acreedores para salir del concurso.