La Voz de Galicia

Fianza récord de 1.200 millones de euros en el caso Pescanova

El juez ha fijado en 178,8 millones la cuantía a pagar por el expresidente

 A diez días de que se celebre la esperada junta general de accionistas de Pescanova, el juez Pablo Ruz, que instruye en la Audiencia Nacional el caso de las irregularidades financieras de la pesquera, ha dictado un auto que complica aún más la ya delicada posición del expresidente, Manuel Fernández de Sousa, y de varios consejeros y directivos de la empresa. Y es que Ruz, en el auto notificado ayer pero fechado el 16 de agosto, ha fijado para Fernández de Sousa, seis consejeros y otras tantas empresas vinculadas a ellos -incluyendo la matriz del grupo, Pescanova S.A., en concurso de acreedores-, además de para tres directivos de la firma, una fianza civil récord de nada menos que 1.200 millones de euros en total.

Aunque los casi 179 millones que el magistrado le ha impuesto a Fernández de Sousa para garantizar la cobertura de las indemnizaciones a los accionistas perjudicados suponen la fianza más abultada, no se queda atrás la de otros consejeros, como es el caso de Alfonso Paz-Andrade, a quien se le exigen 125 millones.

Volviendo al expresidente, no solo tendrá que hacer frente a su fianza como personas física, sino también a las que la Audiencia Nacional ha fijado para empresas de las que es administrador único -Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control e Inverlema- y a través de las que realizó ventas de acciones a espaldas de la CNMV, a sabiendas de que la situación económica de Pescanova era muy precaria y muy poco antes de que el escándalo de sus cuentas estallara y acabara con la empresa suspendida de cotización y en concurso de acreedores.

Ocho querellas

En el auto, Ruz considera probado en virtud de las querellas que se han presentado (ocho hasta el momento) y de la enorme cantidad de pruebas documentales -incluido el demoledor informe forense realizado por KPMG que desveló el entramado societario y la ingeniería financiera empleada por los imputados para ocultar deuda y conseguir financiación- que existen «indicios racionales de criminalidad» contra los encausados, con el expresidente a la cabeza.

En las trece páginas del auto, el juez resume las prácticas de los administradores para dar al mercado una información de las cuentas anuales «que no se ajustaba a la realidad» y que proporcionó «una imagen irreal de su situación económica y patrimonial». Esto llevó a los querellantes -tanto accionistas de referencia como minoritarios- a invertir en Pescanova, mientras que sus directivos se deshacían de abultados paquetes accionariales esquivando las pérdidas.

El magistrado ve «indicios racionales de criminalidad» de los imputados

Con la medida pretende evitar que se declaren insolventes a lo largo del proceso