La Voz de Galicia

Los 54,8 millones de fianza que el juez Ruz exige a Pescanova la llevan al límite

Deloitte comunicó a la CNMV que está «estudiando» qué consecuencias tendrá la medida

 Pintan bastos para Pescanova. La decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de imponer a la empresa una fianza cercana a los 55 millones de euros complica aún más el trabajo de la administración concursal, en manos de Deloitte, para mantener a flote la pesquera, a la que coloca en una situación límite. Y así lo comunicaron ayer los administradores a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de un hecho relevante en el que informaban al supervisor bursátil que Pescanova «está estudiando las consecuencias y eficacia que la adopción de esta medida puede tener», subrayando además «su situación de insolvencia y el proceso concursal seguido ante el Juzgado de lo Mercantil».

En cualquier caso, aunque la causa que instruye Ruz en la Audiencia Nacional es la derivada penal de las irregularidades financieras de Pescanova y, por ello, completamente independiente y paralela al proceso concursal de la pesquera, que la blinda frente a los requerimientos de los acreedores, Deloitte está buscando resquicios legales para aflojar el nudo corredizo que la fianza, de 54,8 millones de euros, supone para la supervivencia de la empresa.

En el mismo hecho relevante, Santiago Hurtado -administrador concursal junto con Senén Touza- abre la puerta a recurrir el auto de Ruz, apelando a la «defensa legal que, en su caso proceda, en interés de Pescanova y sus acreedores».

La cuantía con la que hacer frente a la responsabilidad civil -en caso de ser condenada en el proceso- es tan elevada que equivale a casi todo el préstamo puente que la empresa firmó in extremis a finales de junio. La línea de crédito con las principales entidades acreedoras ascendía a un máximo de 56 millones de euros, de los que, según fuentes financieras, aún no se ha dispuesto de más de 20.

La empresa es la «delincuente»

La reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre del 2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, además de la de sus administradores. Y es aquí donde encaja la exigencia económica que Ruz impone a Pescanova, al imputarle un presunto delito de falseamiento de información económico-financiera, tipificado en los artículos 282 bis y 288.

«Si, como sostiene el juez, ha habido una falsedad, la titular de las cuentas es la propia Pescanova y, dado que es la delincuente, la ejecutora del delito, se va contra el patrimonio de la sociedad», explican los expertos consultados, que insisten en que en este caso -sin precedentes- el juez Ruz no puede atender a la situación económica de la firma (en insolvencia) sino asegurar la protección de los accionistas engañados, especialmente de los minoritarios.

«Manipular las cuentas es un delito gravísimo porque es una cotizada. Hay que proteger al inversor», añaden esos mismos expertos.

La banca da la espalda a Fernández de Sousa y lo aboca al embargo

 Complicado, por no decir imposible. Esa es la respuesta que fuentes financieras dan a la pregunta de si avalarán al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, a la hora de afrontar la fianza millonaria que la Audiencia Nacional acaba de imponerle. «Es un asunto casi de estética, reputacional», insisten las mismas fuentes. Porque aún están frescas las heridas que la opaca y presuntamente delictiva gestión del otrora todopoderoso capitán de la pesquera ha dejado en los números de las entidades bancarias, tanto nacionales como internacionales.

Por eso todo apunta a que Fernández de Sousa se verá abocado al embargo si finalmente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante la que esta misma semana recurrirá el auto de Ruz, no modifica sus términos o lo suspende.

El auto del magistrado daba al expresidente y otros nueve consejeros y directivos, así como a seis empresas -Pescanova entre ellas- diez días de plazo para depositar la fianza, que en el caso de Fernández de Sousa se dispara. Porque a los 178,8 millones de euros que le exige a título personal, se suman los de las tres empresas de los que es administrador único (Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones y Sociedad Anónima de Desarrollo y Control), con cantidades de 69,4 millones por sociedad. Es decir, que de los 1.200 millones totales de responsabilidad civil marcados por Ruz, 387 tendrían que salir del bolsillo del expresidente, además de los 69,4 millones impuestos respectivamente a su hijo y a su hermano, ambos consejeros de la empresa.

Los expertos están divididos sobre la posibilidad de que el recurso de apelación contra el auto del juez logre paralizar el plazo para hacer efectiva tal cuantía o, en su defecto, proceder al embargo de bienes que la cubran.

«Los recursos a veces tienen efectos suspensivos -que aplaza la ejecución hasta que se resuelve- y a veces devolutivos -que el asunto lo resuelva el órgano superior, en este caso la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, y es probable que en este caso la apelación tenga ambos efectos», señala uno de los juristas consultados. Asimismo, apunta además que, al estar en fase de instrucción, es decir, en una fase aún inicial del proceso, al retrasar la medida «no se causa daño a los inversores perjudicados».

Paralelamente al proceso penal, Deloitte también informó ayer a la CNMV de que había remitido al Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra el informe concursal sobre Pescanova.

Aunque no ha trascendido su contenido detallado, fuentes solventes aseguraron que su principal «novedad», al margen de acotar la enorme deuda y el entramado societario, es que se cuantifica el valor actual de la compañía. Cabe recordar que Carolina Masaveu, la última en llegar como accionista de referencia, adquirió un 3,7 % -más de un millón de títulos- por la simbólica cantidad de 107 euros.

 

Las imputaciones al expresidente crecen al sumarse la de obstruir la supervisión

En el auto de admisión a trámite de las primeras querellas contra la cúpula de Pescanova, fechado en mayo, el juez imputó al expresidente por la presunta comisión de tres delitos: falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. Y los mismos tipos penales se los aplicó también a Alfonso Paz-Andrade, ex consejero delegado y aún consejero de la firma.

Pero, a tenor de la información remitida por la CNMV y del contenido de la auditoría forense de KPMG, la lista de delitos de los que se acusa a Fernández de Sousa se ha doblado, pues a la estafa y a un delito continuado de falsedad en documento mercantil se suma ahora un delito societario, concretamente el tipificado en el artículo 249 del Código Penal. Y es que este último, que castiga la remisión de «información incompleta, insuficiente y que omite aspectos relevantes» a la CNMV, supone obstruir la labor del supervisor y por ello se acusa en exclusiva al expresidente.