El consejo ratifica el nombramiento de Urgoiti como presidente de Pescanova
Damm obtiene el 70% de los votos en la votación. José María Pérez-Calasa preside la junta de accionistasque ha arrancado con un quórum del capital social del 54,6%. Baldomero Falcones acude a la planta de Chapela
El consejo de administración de Pescanova
ha ratificado el nombramiento del expresidente del Banco Gallego y
consejero independiente de Inditex, Juan Manuel Urgoiti, como presidente
de la multinacional. La reunión, que se ha celebrado en una jornada
maratoniana en la sede Chapela, ha tenido lugar tra la junta
extraordinaria de accionistas y el consejo de primera hora.
Urgoiti (Madrid, 1939), según recoge un perfil publicado por Europa Press, es licenciado en Derecho e inició su carrera profesional en el Banco de Vizcaya. Ha sido directivo de varias entidades de crédito (entre ellas, presidente del Banco Gallego) y empresas y, actualmente, es consejero independiente de Inditex, desde 1993. También preside la Fundación Gaiás Cidade da Cultura, es miembro del consejo internacional del MOMA de Nueva York y de otras entidades benéfico-culturales.
Urgoiti toma las riendas tras conseguir la propuesta del grupo Damm el 70,82% de los votos emitidos en la junta extraordinaria de accionistas. Después de un tenso consejo de administración y la amenaza de Cartesian de impugnar la junta, la votación se ha resuelto de una forma totalmente favorable a los intereses del grupo Damm, pese a la investigación abierta por el magistrado Pablo Ruz sobre el presidente de la firma, Demetrio Carceller. Pescanova estaría, entonces, en manos de Damm, Luxempart e Iberfomento. Ahora, el consejo de la multinacional volverá a reunirse para ratificar la lista propuesta por el Grupo Damm.
Por su parte, la propuesta de Cartesian ya no se ha votado y los abogados han presentado una queja formal ante el notario que preside la junta.
El consejo de administración de Pescanova, celebrado poco antes de la junta de accionistas terminó apenas una hora después de iniciarse y decidir por unanimidad su disolución después de una tensa reunión, ahora es turno de la junta de accionistas definir la composición de uno nuevo.
La expectación era máxima en Chapela a la espera de que la junta, presidida por José María Pérez-Calasa, que llegó al consejo de Pescanova en sustitución de Jesús García. Según fuentes consultadas por este periódico, Damm no se ha mostrado muy conforme con su elección.
El pulso entre las propuesta que lidera el grupo Damm y la de los minoritarios Pescanem está abierto. Estos últimos defenderán su propuesta a través de Luis Fernández de la Gándara, que el pasado abril solicitaba una junta extraordinaria para plantear una acción de responsabilidad contra Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova. La junta extraordinaria ha arrancado poco después de la una de la tarde con un quórum del capital social del 54,6% y la petición de "cordialidad" del presidente. Una vez que Damm ha expuesto su propuesta, Cartesian ha solicitado revocar el consejo anterior para "salvar Pescanova". El expresidente de la multinacional gallega ha anunciado a la junta también que renuncia a presentar una candidatura. Todavía no se ha decidido el sistema de votación, con lo que los presentes ignoran aún cómo va a ejercer su voto.
Entre los que han acudido hoy a las dependencias de la multinacional en Chapela se encuentra Baldomero Falcones, que junto a Otero Novas era uno de los nombres que capitalizaban la lista propuesta por el fondo Cartesian que lidera la iniciativa de los minoritarios por tomar el control del máximo organo gestor. No obstante, Falcones no formará parte de la misma al vetar Sousa su nombre como una de las condiciones para dar su voto a Cartesian.
En todo caso, según adelanta hoy FARO, esta lista era "moldeable" con lo que de la misma podían caer nombres para incorporar otras de la confianza de accionistas significativos, como Elena Espinosa o Enrique López Veiga
Fin de ciclo
Pescanova cierra así el ciclo de la saga de los Sousa. La decisión que adopte la junta extraordinaria de accionistas será el resultado de un duelo a carne viva de estrategias y confrontación que se ha mantenido hasta última hora. Son dos las opciones posibles: la del Grupo Damm (en la que está por ver cómo le afecta la imputación de su presidente, Demetrio Carceller, en la Audiencia Nacional) y la de Pescanem, el grupo de minoritarios que lidera el fondo norteamericano Cartesian Capital Group. No se habían puesto ayer de acuerdo los abogados de ambas partes (tampoco los dos administradores concursales, Senén Touza y Santiago Hurtado) sobre el sistema de votación: lista cerrada o abierta. Esto es, una propuesta de consejo de administración en bloque o con la elección uno por uno.
Urgoiti (Madrid, 1939), según recoge un perfil publicado por Europa Press, es licenciado en Derecho e inició su carrera profesional en el Banco de Vizcaya. Ha sido directivo de varias entidades de crédito (entre ellas, presidente del Banco Gallego) y empresas y, actualmente, es consejero independiente de Inditex, desde 1993. También preside la Fundación Gaiás Cidade da Cultura, es miembro del consejo internacional del MOMA de Nueva York y de otras entidades benéfico-culturales.
Urgoiti toma las riendas tras conseguir la propuesta del grupo Damm el 70,82% de los votos emitidos en la junta extraordinaria de accionistas. Después de un tenso consejo de administración y la amenaza de Cartesian de impugnar la junta, la votación se ha resuelto de una forma totalmente favorable a los intereses del grupo Damm, pese a la investigación abierta por el magistrado Pablo Ruz sobre el presidente de la firma, Demetrio Carceller. Pescanova estaría, entonces, en manos de Damm, Luxempart e Iberfomento. Ahora, el consejo de la multinacional volverá a reunirse para ratificar la lista propuesta por el Grupo Damm.
Por su parte, la propuesta de Cartesian ya no se ha votado y los abogados han presentado una queja formal ante el notario que preside la junta.
El consejo de administración de Pescanova, celebrado poco antes de la junta de accionistas terminó apenas una hora después de iniciarse y decidir por unanimidad su disolución después de una tensa reunión, ahora es turno de la junta de accionistas definir la composición de uno nuevo.
La expectación era máxima en Chapela a la espera de que la junta, presidida por José María Pérez-Calasa, que llegó al consejo de Pescanova en sustitución de Jesús García. Según fuentes consultadas por este periódico, Damm no se ha mostrado muy conforme con su elección.
El pulso entre las propuesta que lidera el grupo Damm y la de los minoritarios Pescanem está abierto. Estos últimos defenderán su propuesta a través de Luis Fernández de la Gándara, que el pasado abril solicitaba una junta extraordinaria para plantear una acción de responsabilidad contra Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova. La junta extraordinaria ha arrancado poco después de la una de la tarde con un quórum del capital social del 54,6% y la petición de "cordialidad" del presidente. Una vez que Damm ha expuesto su propuesta, Cartesian ha solicitado revocar el consejo anterior para "salvar Pescanova". El expresidente de la multinacional gallega ha anunciado a la junta también que renuncia a presentar una candidatura. Todavía no se ha decidido el sistema de votación, con lo que los presentes ignoran aún cómo va a ejercer su voto.
Entre los que han acudido hoy a las dependencias de la multinacional en Chapela se encuentra Baldomero Falcones, que junto a Otero Novas era uno de los nombres que capitalizaban la lista propuesta por el fondo Cartesian que lidera la iniciativa de los minoritarios por tomar el control del máximo organo gestor. No obstante, Falcones no formará parte de la misma al vetar Sousa su nombre como una de las condiciones para dar su voto a Cartesian.
En todo caso, según adelanta hoy FARO, esta lista era "moldeable" con lo que de la misma podían caer nombres para incorporar otras de la confianza de accionistas significativos, como Elena Espinosa o Enrique López Veiga
Fin de ciclo
Pescanova cierra así el ciclo de la saga de los Sousa. La decisión que adopte la junta extraordinaria de accionistas será el resultado de un duelo a carne viva de estrategias y confrontación que se ha mantenido hasta última hora. Son dos las opciones posibles: la del Grupo Damm (en la que está por ver cómo le afecta la imputación de su presidente, Demetrio Carceller, en la Audiencia Nacional) y la de Pescanem, el grupo de minoritarios que lidera el fondo norteamericano Cartesian Capital Group. No se habían puesto ayer de acuerdo los abogados de ambas partes (tampoco los dos administradores concursales, Senén Touza y Santiago Hurtado) sobre el sistema de votación: lista cerrada o abierta. Esto es, una propuesta de consejo de administración en bloque o con la elección uno por uno.
De Sousa: ´El futuro de Pescanova pasa por nuevas personas, nuevas caras´
El expresidente de la multinacional Pescanova Manuel Fernández de
Sousa ha señalado hoy en la reñida junta extraordinaria de accionistas
en la que se elegirá a su sucesor que el futuro del gigante de la
alimentación pasa por "nuevas personas, nuevas caras".
En su
esperada intervención, no obstante, ha manifestado que con un quórum del
capital social del 54,8%, con el que ha arrancado este cónclave,
resulta "imposible" pensar en una solución que vaya por la vía de la
aquiescencia, y ha lamentado que en los últimos cinco meses hayan
"imperado comportamientos lejos de lo deseable".
"Más confrontación que análisis", ha observado De Sousa, que ya había anunciado, -y se ha ajustado al guión-, que no se presentaría ni como consejero ni como presidente. Ha puntualizado en su discurso que en caso de no ser así "ayudaría a que hubiera menos consenso aún".
El representante de Damm ha propuesto un consejo con un número de miembros "eficiente", siete, con representación externa, sin vinculación con De Sousa y en el que prime "la gente con experiencia" que responda ágilmente a las necesidades en esta etapa "crítica".
En definitiva, que el perfil de los consejeros no afecte a la "reputación" de la empresa.
El exconsejero delegado y accionista de Pescanova Alfonso Paz Andrade ha visto "seriamente viciada" la propuesta de Damm, "no es la que requiere la empresa", y ha recordado que el presidente de Luxempart sigue siendo dueño de Pescahold, de la que De Sousa es administrador, "algo que figura en la querella de la Audiencia Nacional", y "esto incapacita a ambos para formar parte" de un consejo.
Un consejo, ha abundado, que requiere "sangre fresca, gente limpia, sin prejuicios" y "entregada" a la compañía.
Pescanem, por su parte, ha planteado una representación de 13 miembros, que se elijan uno por uno, y ha situado como clave un consejo nuevo "totalmente independiente" en aras de la "regeneración total" puesto que el anterior "careció de los mínimos estándares de buen gobierno corporativo".
Un portavoz de Cartesian ha reclamado que se voten individualmente los consejeros, y no una lista cerrada, y ha contado que el presidente de este fondo de inversión está "estupefacto" ante el "fraude" desatado en Pescanova por una "suma de errores" de gestores, consejos, auditores, banca y reguladores.
Por ello, demanda "transparencia y una contabilidad cierta".
"Más confrontación que análisis", ha observado De Sousa, que ya había anunciado, -y se ha ajustado al guión-, que no se presentaría ni como consejero ni como presidente. Ha puntualizado en su discurso que en caso de no ser así "ayudaría a que hubiera menos consenso aún".
El representante de Damm ha propuesto un consejo con un número de miembros "eficiente", siete, con representación externa, sin vinculación con De Sousa y en el que prime "la gente con experiencia" que responda ágilmente a las necesidades en esta etapa "crítica".
En definitiva, que el perfil de los consejeros no afecte a la "reputación" de la empresa.
El exconsejero delegado y accionista de Pescanova Alfonso Paz Andrade ha visto "seriamente viciada" la propuesta de Damm, "no es la que requiere la empresa", y ha recordado que el presidente de Luxempart sigue siendo dueño de Pescahold, de la que De Sousa es administrador, "algo que figura en la querella de la Audiencia Nacional", y "esto incapacita a ambos para formar parte" de un consejo.
Un consejo, ha abundado, que requiere "sangre fresca, gente limpia, sin prejuicios" y "entregada" a la compañía.
Pescanem, por su parte, ha planteado una representación de 13 miembros, que se elijan uno por uno, y ha situado como clave un consejo nuevo "totalmente independiente" en aras de la "regeneración total" puesto que el anterior "careció de los mínimos estándares de buen gobierno corporativo".
Un portavoz de Cartesian ha reclamado que se voten individualmente los consejeros, y no una lista cerrada, y ha contado que el presidente de este fondo de inversión está "estupefacto" ante el "fraude" desatado en Pescanova por una "suma de errores" de gestores, consejos, auditores, banca y reguladores.
Por ello, demanda "transparencia y una contabilidad cierta".
Una accionista pregunta qué futuros consejeros de Pescanova vivirán en Vigo
Una pequeña accionista de Pescanova ha preguntado, por libre, en la junta extraordinaria reunida hoy para elegir al sucesor de Manuel Fernández de Sousa "cuántos" de los futuros consejeros "van a vivir en Vigo", ciudad donde la firma tiene su sede.
Esta intervención ha
recibido la mayor ovación desde el arranque del cónclave, con un quórum
del capital social del 54,8 %, junto a otra protagonizada por un hombre
que ha contado que adquirió títulos en base al "brillante informe" de la
compañía en el ejercicio 2011.
De saber la realidad contable, ha dicho esta persona, que ha cosechado los primeros aplausos, no habría invertido "ni un centavo" y a continuación ha preguntado "dónde estaban los exconsejeros cuando se aprobó" ese balance.
La singular reunión de este jueves ha comenzado un cuarto de hora antes de la una de esta tarde tras la disolución previa del consejo de administración, respaldada por el 99,64 % de los presentes en la sala.
En Chapela, en el municipio de Redondela (Pontevedra), donde está la sede de esta empresa de alimentación, están 613 accionistas, presentes o por delegación, que representan títulos por valor de 15.271.238 millones.
De saber la realidad contable, ha dicho esta persona, que ha cosechado los primeros aplausos, no habría invertido "ni un centavo" y a continuación ha preguntado "dónde estaban los exconsejeros cuando se aprobó" ese balance.
La singular reunión de este jueves ha comenzado un cuarto de hora antes de la una de esta tarde tras la disolución previa del consejo de administración, respaldada por el 99,64 % de los presentes en la sala.
En Chapela, en el municipio de Redondela (Pontevedra), donde está la sede de esta empresa de alimentación, están 613 accionistas, presentes o por delegación, que representan títulos por valor de 15.271.238 millones.
Parlamento unánime insta a mantener centros y empleos de Pescanova en Galicia
El Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad instar a las
administraciones, incluida la concursal, y los acreedores a mantener los
centros de producción de Pescanova y sus puestos de trabajo en Galicia.
El acuerdo, adoptado en una reunión de la comisión de Industria, fue alcanzado tras una proposición no de ley del BNG, que retiró de su propuesta la creación de una comisión de investigación, que no era apoyada por el grupo mayoritario, el PPdeG.
Finalmente, los diputados llegaron al acuerdo unánime de "instar al Gobierno a procurar, junto con el resto de las administraciones publicas, la administración concursal y el resto de acreedores y partes implicadas, a poner en marcha todas las medidas dentro del proceso concursal que sirvan para mantener los centros de producción en Galicia, con el compromiso de no fraccionar la empresa y mantener los puestos de trabajo".
Todos los portavoces de los grupos coincidieron en resaltar la importancia de la compañía pesquera para Galicia, sus posibilidades de futuro y la necesidad de que se mantenga sin fraccionar y preserve sus empleos.
La proponente, la diputada del BNG Carme Adan, denunció que la Cámara desconoce información sustancial sobre Pescanova y demandó que el Gobierno no sea un mero espectador en el actual proceso, al que se llegó por la mala actuación de unas personas sobre las que espera que caiga "con fuerza" el peso de la Justicia, porque llevaron a la empresa "a la ruina para hacer dinero fácil".
El representante del PPdeG, Pedro Arias, señaló que la actual situación es el "naufragio impensable" de una de las estrellas de la corona empresarial gallega, la que más se ajustaba a Galicia y su buque insignia, que finalmente se encontraba "plagada de irregularidades", un entramado de "contabilidades paralelas", "ambiciones", "irresponsabilidades" y "mala gestión".
Dijo que se trata de una "tragedia pública y social" y, como en el caso de las cajas, ahora se desvela "un escenario en el que había mucho más de caricatura que de verdad".
En el mismo sentido se manifestaron el resto de los grupos. El socialista Manuel Gallego dijo que se trata de una empresa "fundamental" para Galicia, aunque también señaló como causa de la actual situación la política industrial "errática" y "totalmente equivocada" del Gobierno gallego, como ocurre también con el sector naval.
Tras apuntar que "hace un año el presidente de Pescanova era un ejemplo para los Gobiernos del PP", criticó que nunca se le hubiese hecho seguimiento al dinero público que se le aportó.
Finalmente, Consuelo Martínez, de AGE, insistió en la necesidad de que se hubiese hecho un seguimiento del dinero público, que fue utilizado -dijo- "de manera perversa", por lo que se está avanzando hacia una situación en que, en el ámbito industrial, "cada vez Galicia depende más de una empresa foránea, como es Citroen".
En declaraciones a los medios durante su participación en la inauguración del desayuno coloquio de presentación de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, el líder de la patronal gallega ha apelado al "raciocinio", al "pensamiento positivo, de integración", y "no de desmembración".
"Por supuesto, de mantenimiento de la empresa, de sus puesto de trabajo y de los centros de decisión en Galicia", ha incidido, al valorar la trayectoria de una empresa "que ha abierto el camino" a otras firmas gallegas.
En este sentido, Fernández Alvariño ha esperado que haya "sentido de la responsabilidad" entre los consejeros que asisten a la reunión de la junta de accionistas, de forma que "se logren los acuerdos pertinentes para la supervivencia de Pescanova".
Un caso que se remonta al año 2001 y que afecta directamente al presidente del Grupo Damm, segundo mayor accionista de Pescanova, sacudió ayer las horas previas a la junta extraordinaria que hoy mantendrá el grupo pesquero. El juez Pablo Ruz emitió un auto en el que sostiene que hay motivos para juzgar a Demetrio Carceller Arce. El magistrado sostiene que el presidente de Damm pudo haber cometido, junto a su padre y dos colaboradores, un fraude al fisco de 72 millones de euros y blanqueo de capitales, si bien no especifica qué delito se imputa a cada uno.
El mazo de un magistrado ha vuelto a sacudir a la multinacional Pescanova. Pero ha sido esta vez un zarpazo colateral, un golpe en la distancia, pero que ha revuelto igualmente la actualidad de la compañía cuando celebra la junta de accionistas más extraña de su historia mientras pelea por su viabilidad. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz (el mismo que instruye el caso Pescanova) dictó ayer un auto (que no guarda relación alguna con la pesquera) en el que acusa al presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, de un delito fiscal por articular una trama societaria que defraudó, "como mínimo", 72 millones de euros entre 2001 y 2009 a la Hacienda española. Carceller es el presidente ejecutivo del grupo catalán y que, a su vez, es segundo mayor accionista de la pesquera. Damm lidera una de las dos propuestas que hoy aspiran a constituir un nuevo consejo de administración para Pescanova y el propio Carceller anunció que recurrirá la decisión de Ruz. El juez menciona a cuatro personas, entre ellas el empresario, por fraude a Hacienda y blanqueo de capitales, aunque no concreta el grado de participación de cada uno de ellos.
Desde los años 90
Varias fuentes jurídicas consultadas por FARO incidieron en lo "inusual" del auto porque se filtró el mismo día en que Pablo Ruz lo firmó, lo que lo ha hecho coincidir con el cónclave que se celebra en Chapela. En todo caso, no se trata ni mucho menos de un caso actual sino que comenzó la fase de instrucción en el año 2009 pero de la que se ha levantado el secreto de sumario, según apuntó un letrado. Carceller Arce aparece en el mismo como "imputado" como colaborador esencial en un delito de fraude en el que el patriarca de la saga familiar, Demetrio Carceller Coll, sería el máximo responsable. "Con la finalidad de eludir sus obligaciones tributarias ante la Hacienda Pública", dice el auto, el padre del presidente de Damm "inició indiciariamente, al menos desde los años 90, una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España", concretamente en dos domicilios de Madrid. Todo ello, continúa el texto notificado ayer por Ruz, con "el objeto de ocultar sus rentas mediante la utilización de estructuras radicadas" en su mayoría en paraísos fiscales. Para poder hacerlo, Carceller Coll (el padre) contó con la colaboración de su hijo (presidente de Damm), un abogado (Gabriel Ignacio Petrus Labayen) y un "hombre de confianza" (José Luis Serrano Flórez).
"Es importante el hecho de que el auto se base en avances de informes de la Agencia Tributaria, con lo que el caso podría ser más grande, así como la cuantía defraudada", explica Joaquín Yvancos, abogado personado en el caso Pescanova y que había solicitado la imputación del representante de Damm en el consejo de la pesquera, José Carceller. Del hermano mayor, Demetrio, el magistrado sostiene que "participa activamente en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar todas las rentas generadas". Hasta nueve informes de la AEAT son los que elevan por ahora el fraude al fisco a 72 millones de euros.
Una de las tramas articuladas, según el fisco, se utilizó para ocultar la participación de "la familia Carceller" en Disa Corporación Petrolífera, empresa que también preside el máximo enemigo en Pescanova de Manuel Fernández de Sousa. Para ello "se creó una estructura financiera" encabezada por una sociedad de Panamá (un paraíso fiscal) de la que pendían otras sociedades en las Antillas Holandesas (otro paraíso fiscal) o Chipre. El presidente de Damm intervino asimismo, presuntamente, en la creación de otra estructura para "ocultar las inversiones" que su padre tenía en Arizona (Estados Unidos).
El importe defraudado asciende "como mínimo" a 42,3 millones en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros 29,7 millones en el Impuesto de Patrimonio (IP), lo que suma un total de 72.046.870 euros. "En definitiva, y por lo que se refiere a ejercicios fiscales no afectados por el instituto de la prescripción (dado que las prácticas supuestamente delictivas se iniciaron en los noventa "al menos"), la instrucción permite concluir que Demetrio Carceller Coll" habría defraudado al fisco "en colaboración con Demetrio Carceller Arce", su hombre de confianza y el abogado Petrus Labayen.
Los delitos que se le imputan son contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. A partir de ahora, tanto el Ministerio Fiscal como los imputados tienen 20 días para pedir la apertura del juicio oral o solicitar que el caso sea sobreseído.
Carceller va a recurrir
Desde el Grupo Damm, y tras conocer la noticia, incidieron en que su presidente, Demetrio Carceller Arce, "no está acusado de delito alguno contra la Hacienda Pública. Demetrio Carceller Arce está imputado como presunto colaborador por un delito fiscal del que se acusa a su padre, Demetrio Carceller Coll". Asimismo, la compañía apuntó que el máximo ejecutivo recurrirá el auto del magistrado. Su defensa lo calificó, por otra parte, como "extemporáneo por prematuro, ya que está aún pendiente la práctica pericial de la defensa, admitida por el propio magistrado". Desde el entorno de la compañía ha sorprendido la fecha en que se ha notificado este auto por parte del juez Ruz, tanto porque el caso "es de hace más de diez años" como por el hecho de que ha coincidido con la batalla abierta por el control de la multinacional Pescanova.
El acuerdo, adoptado en una reunión de la comisión de Industria, fue alcanzado tras una proposición no de ley del BNG, que retiró de su propuesta la creación de una comisión de investigación, que no era apoyada por el grupo mayoritario, el PPdeG.
Finalmente, los diputados llegaron al acuerdo unánime de "instar al Gobierno a procurar, junto con el resto de las administraciones publicas, la administración concursal y el resto de acreedores y partes implicadas, a poner en marcha todas las medidas dentro del proceso concursal que sirvan para mantener los centros de producción en Galicia, con el compromiso de no fraccionar la empresa y mantener los puestos de trabajo".
Todos los portavoces de los grupos coincidieron en resaltar la importancia de la compañía pesquera para Galicia, sus posibilidades de futuro y la necesidad de que se mantenga sin fraccionar y preserve sus empleos.
La proponente, la diputada del BNG Carme Adan, denunció que la Cámara desconoce información sustancial sobre Pescanova y demandó que el Gobierno no sea un mero espectador en el actual proceso, al que se llegó por la mala actuación de unas personas sobre las que espera que caiga "con fuerza" el peso de la Justicia, porque llevaron a la empresa "a la ruina para hacer dinero fácil".
El representante del PPdeG, Pedro Arias, señaló que la actual situación es el "naufragio impensable" de una de las estrellas de la corona empresarial gallega, la que más se ajustaba a Galicia y su buque insignia, que finalmente se encontraba "plagada de irregularidades", un entramado de "contabilidades paralelas", "ambiciones", "irresponsabilidades" y "mala gestión".
Dijo que se trata de una "tragedia pública y social" y, como en el caso de las cajas, ahora se desvela "un escenario en el que había mucho más de caricatura que de verdad".
En el mismo sentido se manifestaron el resto de los grupos. El socialista Manuel Gallego dijo que se trata de una empresa "fundamental" para Galicia, aunque también señaló como causa de la actual situación la política industrial "errática" y "totalmente equivocada" del Gobierno gallego, como ocurre también con el sector naval.
Tras apuntar que "hace un año el presidente de Pescanova era un ejemplo para los Gobiernos del PP", criticó que nunca se le hubiese hecho seguimiento al dinero público que se le aportó.
Finalmente, Consuelo Martínez, de AGE, insistió en la necesidad de que se hubiese hecho un seguimiento del dinero público, que fue utilizado -dijo- "de manera perversa", por lo que se está avanzando hacia una situación en que, en el ámbito industrial, "cada vez Galicia depende más de una empresa foránea, como es Citroen".
Fernández Alvariño apela a ´la inteligencia y responsabilidad´ de la junta de Pescanova
La patronal gallega tiene la vista puesta en el mantenimiento de la empresa y con el objetivo de que no se desmembre.
El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), José Manuel Fernández Alvariño, ha apelado a "la inteligencia y el sentido de la responsabilidad" en la reunión de la junta de accionistas de Pescanova, con la vista puesta en el mantenimiento de la empresa y con el objetivo de que no se desmembre.En declaraciones a los medios durante su participación en la inauguración del desayuno coloquio de presentación de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, el líder de la patronal gallega ha apelado al "raciocinio", al "pensamiento positivo, de integración", y "no de desmembración".
"Por supuesto, de mantenimiento de la empresa, de sus puesto de trabajo y de los centros de decisión en Galicia", ha incidido, al valorar la trayectoria de una empresa "que ha abierto el camino" a otras firmas gallegas.
En este sentido, Fernández Alvariño ha esperado que haya "sentido de la responsabilidad" entre los consejeros que asisten a la reunión de la junta de accionistas, de forma que "se logren los acuerdos pertinentes para la supervivencia de Pescanova".
El juez Ruz acusa al presidente de Damm de un delito fiscal horas antes de la junta de Pescanova
El auto sostiene que Demetrio Carceller articuló "estructuras societarias" para gestionar el patrimonio de su padre y defraudar a la Hacienda Pública - El magistrado le implica también por un delito de blanqueo de capitales
Un caso que se remonta al año 2001 y que afecta directamente al presidente del Grupo Damm, segundo mayor accionista de Pescanova, sacudió ayer las horas previas a la junta extraordinaria que hoy mantendrá el grupo pesquero. El juez Pablo Ruz emitió un auto en el que sostiene que hay motivos para juzgar a Demetrio Carceller Arce. El magistrado sostiene que el presidente de Damm pudo haber cometido, junto a su padre y dos colaboradores, un fraude al fisco de 72 millones de euros y blanqueo de capitales, si bien no especifica qué delito se imputa a cada uno.
El mazo de un magistrado ha vuelto a sacudir a la multinacional Pescanova. Pero ha sido esta vez un zarpazo colateral, un golpe en la distancia, pero que ha revuelto igualmente la actualidad de la compañía cuando celebra la junta de accionistas más extraña de su historia mientras pelea por su viabilidad. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz (el mismo que instruye el caso Pescanova) dictó ayer un auto (que no guarda relación alguna con la pesquera) en el que acusa al presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, de un delito fiscal por articular una trama societaria que defraudó, "como mínimo", 72 millones de euros entre 2001 y 2009 a la Hacienda española. Carceller es el presidente ejecutivo del grupo catalán y que, a su vez, es segundo mayor accionista de la pesquera. Damm lidera una de las dos propuestas que hoy aspiran a constituir un nuevo consejo de administración para Pescanova y el propio Carceller anunció que recurrirá la decisión de Ruz. El juez menciona a cuatro personas, entre ellas el empresario, por fraude a Hacienda y blanqueo de capitales, aunque no concreta el grado de participación de cada uno de ellos.
Desde los años 90
Varias fuentes jurídicas consultadas por FARO incidieron en lo "inusual" del auto porque se filtró el mismo día en que Pablo Ruz lo firmó, lo que lo ha hecho coincidir con el cónclave que se celebra en Chapela. En todo caso, no se trata ni mucho menos de un caso actual sino que comenzó la fase de instrucción en el año 2009 pero de la que se ha levantado el secreto de sumario, según apuntó un letrado. Carceller Arce aparece en el mismo como "imputado" como colaborador esencial en un delito de fraude en el que el patriarca de la saga familiar, Demetrio Carceller Coll, sería el máximo responsable. "Con la finalidad de eludir sus obligaciones tributarias ante la Hacienda Pública", dice el auto, el padre del presidente de Damm "inició indiciariamente, al menos desde los años 90, una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España", concretamente en dos domicilios de Madrid. Todo ello, continúa el texto notificado ayer por Ruz, con "el objeto de ocultar sus rentas mediante la utilización de estructuras radicadas" en su mayoría en paraísos fiscales. Para poder hacerlo, Carceller Coll (el padre) contó con la colaboración de su hijo (presidente de Damm), un abogado (Gabriel Ignacio Petrus Labayen) y un "hombre de confianza" (José Luis Serrano Flórez).
"Es importante el hecho de que el auto se base en avances de informes de la Agencia Tributaria, con lo que el caso podría ser más grande, así como la cuantía defraudada", explica Joaquín Yvancos, abogado personado en el caso Pescanova y que había solicitado la imputación del representante de Damm en el consejo de la pesquera, José Carceller. Del hermano mayor, Demetrio, el magistrado sostiene que "participa activamente en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar todas las rentas generadas". Hasta nueve informes de la AEAT son los que elevan por ahora el fraude al fisco a 72 millones de euros.
Una de las tramas articuladas, según el fisco, se utilizó para ocultar la participación de "la familia Carceller" en Disa Corporación Petrolífera, empresa que también preside el máximo enemigo en Pescanova de Manuel Fernández de Sousa. Para ello "se creó una estructura financiera" encabezada por una sociedad de Panamá (un paraíso fiscal) de la que pendían otras sociedades en las Antillas Holandesas (otro paraíso fiscal) o Chipre. El presidente de Damm intervino asimismo, presuntamente, en la creación de otra estructura para "ocultar las inversiones" que su padre tenía en Arizona (Estados Unidos).
El importe defraudado asciende "como mínimo" a 42,3 millones en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros 29,7 millones en el Impuesto de Patrimonio (IP), lo que suma un total de 72.046.870 euros. "En definitiva, y por lo que se refiere a ejercicios fiscales no afectados por el instituto de la prescripción (dado que las prácticas supuestamente delictivas se iniciaron en los noventa "al menos"), la instrucción permite concluir que Demetrio Carceller Coll" habría defraudado al fisco "en colaboración con Demetrio Carceller Arce", su hombre de confianza y el abogado Petrus Labayen.
Los delitos que se le imputan son contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. A partir de ahora, tanto el Ministerio Fiscal como los imputados tienen 20 días para pedir la apertura del juicio oral o solicitar que el caso sea sobreseído.
Carceller va a recurrir
Desde el Grupo Damm, y tras conocer la noticia, incidieron en que su presidente, Demetrio Carceller Arce, "no está acusado de delito alguno contra la Hacienda Pública. Demetrio Carceller Arce está imputado como presunto colaborador por un delito fiscal del que se acusa a su padre, Demetrio Carceller Coll". Asimismo, la compañía apuntó que el máximo ejecutivo recurrirá el auto del magistrado. Su defensa lo calificó, por otra parte, como "extemporáneo por prematuro, ya que está aún pendiente la práctica pericial de la defensa, admitida por el propio magistrado". Desde el entorno de la compañía ha sorprendido la fecha en que se ha notificado este auto por parte del juez Ruz, tanto porque el caso "es de hace más de diez años" como por el hecho de que ha coincidido con la batalla abierta por el control de la multinacional Pescanova.
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