Bruselas exige a España la devolución de las ayudas del «tax lease» a los astilleros entre el 2007 y elñ 2011
La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, principal aliado de España, levantara su reserva, ya que exigió hasta el último momento que solo se devolvieran las ayudas posteriores al 2009
La Comisión Europea ha pedido este miércoles a España
que recupere las ayudas «ilegales» concedidas a los astilleros mediante
el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011.
Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la
construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios
astilleros.
La decisión final se ha adoptado después de que
el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según
han informado a Europa Press fuentes comunitarias. Tajani ha sido el
principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta
el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a
2009.
La presión ha suavizado la propuesta inicial del
vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía
la devolución de las ayudas desde 2005, pero queda lejos de las
aspiraciones de España. El ministro de Industria, José Manuel Soria,
pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones
concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el
sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en
riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
CIFRA
La Comisión no ha desvelado la cifra total de
ayudas que deben reembolsarse. El ministro de Industria, José Manuel
Soria, dijo la semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían
los 2.000 millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba
de 2005. Bruselas dice que corresponde a las autoridades españolas
calcular el importe a devolver.
Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los
beneficiarios de la bonificaciones «no pueden repercutir su obligación
de reembolso sobre terceros (como los propios astilleros), incluso
mediante la aplicación de contratos existentes».
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen
de ayudas español -que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a
Bruselas- vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque
concedió una «ventaja selectiva» a sus beneficiarios respecto a los
rivales.
Atendiendo al «principio de seguridad jurídica»,
la Comisión ha decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas
entre 2002 y abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado
públicamente ilegal un sistema francés similar al español.
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