Bruselas pide a España que recupere las ayudas a los astilleros entre 2007 y 2011
La presión ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005
La Comisión Europea ha pedido este miércoles a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del tax lease entre 2007 y 2011.
Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la
construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios
astilleros. El vicepresidente de la Comisión y responsable de
Competencia, Joaquín Almunia, presentará la decisión a las 11.30 hora
peninsular española, después de que el colegio de comisarios —el órgano
decisorio del Ejecutivo comunitario— haya debatido su propuesta y
adoptado una postura definitiva.
En total, las ayudas suman 2.800 millones de euros. Al pedir la
devolución desde 2007, en lugar de 2005, como se pedía inicialmente, el
montante se reduce levemente, alrededor de un 20%, según fuentes
jurídicas conocedoras de este proceso.
La decisión final se ha tomado después de que el comisario de
Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han revelado a
Europa Press fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado
del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último
momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y
responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de
las ayudas desde 2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas
después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema
español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo
87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
"Ventajas selectivas" para los inversores
La Comisión no ha desvelado la cifra concreta total de ayudas que
deben reembolsarse. El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la
semana pasada que las subvenciones a recuperar superarían los 2.000
millones de euros, aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005.
Bruselas dice que corresponde a las autoridades españolas calcular el
importe a devolver.
Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la
bonificaciones "no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre
terceros (como los propios astilleros), incluso mediante la aplicación
de contratos existentes".
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de ayudas español —que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a Bruselas—
vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque concedió una
"ventaja selectiva" a sus beneficiarios respecto a los rivales.
Atendiendo al "principio de seguridad jurídica", la Comisión ha
decidido no pedir el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y
abril de 2007, fecha en la cual Bruselas ha declarado públicamente
ilegal un sistema francés similar al español.
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