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Los inversores tendrán que devolver las bonificaciones a la hacienda española

La CE deja en manos de España la gestión de la devolución de las ayudas del tax lease desde 2007

Los pronósticos se han cumplido y la última propuesta de la CE ha sido la que finalmente han dado por válida los comisarios de la UE. El sector naval español tendrá que hacer frente a las devoluciones de las ayudas percibidas en forma de bonificación fiscal desde 2007 hasta 2011, tal y como confirmaba esta mañana el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, tras la reunión del Colegio de Comisarios. “La decisión adoptada hoy establece que este regimen es parcialmente incompatible con las normas de la UE sobre ayudas de Estado. El regimen fue implantado en España en 2002, pero las autoridades nunca lo notificaron a la CE”, explicó el Comisario. Si el sistema se hubiese notificado antes de ponerlo en marcha, como es preceptivo, la CE lo hubiese analizado y expresado con plena seguridad jurídica su compatibilidad o no del sistema”.

Almunia recordó que antes de la publicación de la resolución del tax lease francés en abril de 2007 se produjeron denuncias y cartas pidiendo a la CE que analizase el sistema español. En aquel momento las competencias en asuntos marítimos y de transporte no eran de Competencia si no de la DG Trade, algo que cambió en la siguiente legislatura de la UE. “Sólo cuando recibimos una denuncia formal, en 2010, por parte de siete asociaciones nacionales de representantes del sector naval, y una vez unificadas todos los organos de control de ayudas de estado en Competencia, hemos podido hacer una investigación en profundidad”, dijo.

De esta forma daba por zanjada la cuestión de porqué tardó tanto la CE en pronunciarse sobre el caso español, a diferencia del expediente frances. El caso de Francia es ha sido una de las piezas claves de la defensa española, ya que el sector galo fue eximido de la devolución de las ayudas. Ni la administración ni el sector nacional han logrado el mismo objetivo, tal y como demandaban, pero la fecha de la resolución del expediente francés, abril de 2007, es la que se ha tomado como referencia para establecer la fecha de la devolución de las ayudas nacionales. La primera propuesta de la CE fijaba 2005 y España había cedido en los últimos días a fijar la fecha en 2011, cuando se inició el proceso que ha paralizado prácticamente la actividad naval en nuestro país.

También se ha confirmado lo adelantado por Almunia hace escasas semanas: la obligación de devolver las ayudas ilegales sólo afecta a los inversores que formaron parte de las agrupaciones de interés económicos. No a las compañías navieras ni a los astilleros. Sin embargo, el comisario quiso dejar claro que “los beneficiaros de la ayuda no pueden trasladar la obligación de la devolución a terceros, ni siquiera en aplicación de contratos existentes”. La decisión de la CE determina qué parte de las ayudas es incompatible y desde cuándo se tiene en cuenta su fecha de aplicación. Ahora será el gobierno español el que tiene que determinar quién debe devolver el dinero, “que va a la hacienda española”, y qué cantidad debe ser devuelta en cada caso.

Astilleros, sindicatos y administración española han venido advirtiendo a lo largo de las últimas semanas que esta decisión supondrá “la muerte” del naval español, aunque Almunia quiso dejar claro en su intervención que “el futuro de la industria naval y de sus trabajadores dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores. Confío plenamente en que gracias a ellos, el naval pueda superar en el menor plazo de tiempo las actuales dificultades. La CE garantiza, que el control que realizamos sobre las ayudas no será un obstáculo para el futuro brillante del sector”, dijo.

El comisario se negó en repetidas ocasiones a dar una cifra estimada de la cuantía que tendría que ser devuelta. “Nunca he anticipado ninguna cifra ni corresponde a la CE hacerlo. Sólo le corresponde a la hacienda pública española evualar quienes son los responsables a devolver entre los inversores, cómo se va a producir la devolución y cuánto se ha de devolver. Nunca hemos avanzado ninguna cifra ni tenemos información precisa y detallada sobre todos los elementos que permiten estimar cuánta ayuda no compatible corresponde devolver a los inversores”, insistió. Sin embargo sí opina que las cifra estipulada por España, alrededor de 3.000 millones de euros, “no tiene mucho que ver con lo que vaya a ser al final el montante de la recuperación”.

Sobre la carta de la anterior comisaria de Competencia, la holandesa Neelie Kroess, que en 2009 indicó que negó que el sistema de bonificación español incurriese en una discriminación sobre el sector de otros países -uno de los principales argumentos de la defensa española- Almunia destacó que “no tiene validez” porque no se refiría en concreto a si el sistema español permitía ayudas de Estado ilegales, si no que no era “discriminatorio frente a inversores, astilleros o navieras de otros Estados”.

El turno del Gobierno

Almunia indicó que la decisión exige al Gobierno de España que debe ser él el que establezca una lista de los inversores que participaron en las agrupaciones de interés económico. Así, con la información que tiene en el Ministerio de Hacienda, la administración española tiene que determinar “cuántas ayudas fiscales beneficiaron a cada uno de los inversores, qué parte es compatible con las directrices de ayudas marítimas y si hay otros elementos que pueden justiticar otro tipo de deducciones en función de la normativa tributaria española”. A mayores hay que tener en cuenta la posibilidad de recurso ante el tribunal europeo. “Cabe la posibilidad de un recurso ante la corte de justicia, que es quien tiene la última palabra. Nunca diría que me opongo a que alguien recurra”, concluyó Almunia.

Poco después, Pymar, la asociación de pequeños astilleros, anunciaba ante los medios su intención de “seguir luchando por los 87.000 empleos del sector” porque “somos unos supervivientes”. La consejera delegada de la asociación, Almudena López del Pozo, avanzó que el sector analizará con detalle la resolución del colegio de comisarios antes de tomar la decisión de recurrir o no a instancias judiciales aunque mostró cierta tranquilidad con relación al hecho de que sea el gobierno “el que tiene que establecer el cálculo de la recuperación”. “Confiamos en que lo van a hacer de la mejor manera posible”, dijo, aunque insistió en que “aquí nadie está hablando de condonar”. López recordó las “muestras de apoyo” recibidas por el gobierno en las últimas semanas, lo que supone un aliciente para “seguir luchando. Va a ser difícil pero lo vamos a intentar”. En conjunto, la consejera delegada de Pymar concluyó que la resolución al tex lease español “no es una buena decisión, aunque hemos conseguido algunas cosas”.

El nuevo tax lease

En su intervención el comisario de Competencia instó al sector a utilizar el nuevo sistema de bonificación fiscal, aprobado a finales de año. “Hay seguridad jurídica con el nuevo sistema, validado por la CE. Hay unas garantías para que las ayudas compatibles se produzcan. El sector naval es un sector que ha demostrado competitividad y capacidad de innovación. Hay demanda entre navieras y armadores que conocen bien la calidad del sector español. Hay inversores y habrá inversores. Lo que hay que hacer es buscarlos y convencerlos”, indicó. Por su parte, Almudena López recordó que la “incertidumbre” generada en los últimos meses debido al expediente hoy resuelto ha impedido su utilización.