Faro de Vigo

Jurisprudencia de la Corte Europea avala la defensa de España sobre el ´tax lease´

Una sentencia reconoce la validez de una carta de Competencia para considerar legales unas ayudas concedidas en Suecia en 2006, argumento que ahora rechaza Almunia

Los argumentos jurídicos esgrimidos por España para defender la no devolución de las ayudas del tax lease son "incontestables" y existe jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia que los corrobora, según indicaron ayer a FARO fuentes del sector.

Una de las bazas de la defensa española, la carta que la anterior comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, había enviado en marzo de 2009 a una ministra noruega de Industria y en la que bendecía el sistema de arrendamiento financiero español, fue rechazada el jueves por el comisario Joaquín Almunia. "Esta carta ha sido analizada por los servicios de la Comisión y desde el punto de vista jurídico no se puede tener en cuenta", afirmó el actual responsable de Competencia tras reunirse con el ministro de Industria, los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco, astilleros y sindicatos en Bruselas. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (UE) sí reconoció como válido en 2010 un escrito similar de Competencia en una denuncia de supuestas ayudas ilegales de Estado en Suecia.

"A pesar de ser conocedor de estos precedentes, el comisario Almunia se ha mostrado inflexible en su posición", indicaron las mismas fuentes. La jurisprudencia en cuestión parte del Alto Tribunal (Sala Tercera) del 18 de noviembre de 2010 (entonces ya Almunia era comisario de Competencia), en un caso sobre supuestas ayudas ilegales concedidas por el Ayuntamiento de Estocolmo a la empresa Stockholm Visitors Board AB (asunto C-322/09P). En el fallo, el Tribunal equipara los efectos jurídicos producidos por una carta escrita en 2006 por un director de la Dirección General de Competencia de la Comisión, en contestación a una denuncia presentada por supuestas ayudas de Estado, a los efectos jurídicos que se le atribuyen a una decisión de la Comisión.

En esa carta, el director general señalaba que tras finalizar el examen de la denuncia no había motivos suficientes que justificaran la continuación de dicho examen y que no tenía intención de adoptar otras medidas en ese asunto. El Alto Tribunal recoge en su sentencia que con ese escrito la Comisión se negaba implícitamente a incoar el procedimiento de investigación formal, por lo que se generó confianza legítima y seguridad jurídica.

Lo mismo sucedió con el tax lease. En la carta que en 2009 Neelie Kroes remitió a la entonces ministra noruega de Industria, ésta afirmaba que "sus servicios" ya habían investigado el tax lease y que éste no era exclusivo para la compra de buques producidos en territorio español, sino también en otros países de la Unión Europea (UE). Kroes relató que el Estado español garantizó esta posibilidad a través de una respuesta de la administración tributaria, y concluyó: "Sobre la base de esta información, ya que no hay evidencia de un trato discriminatorio por parte de las autoridades españolas sobre la base de la nacionalidad de los astilleros, ninguna otra acción es considerada en esta etapa en este sentido".

Para el sector naval, la carta de Kroes también aportó seguridad jurídica y confianza legítima, al igual que en el caso anterior. "En un recurso ante la Corte Europea de Justicia ganamos en un 99%, pero el tiempo se nos echaría encima", apuntaron desde los astilleros.

La no exclusividad a la que alude Kroes en su escrito fue destacada ayer por el valedor do Pobo, José Julio Fernández, que ha abierto una queja de oficio por la situación del sector y se ha dirigido a la nueva defensora europea, Emily O'Reilly, para que "interceda ante las instituciones europeas".

El valedor señaló que la participación como inversor en el esquema de deducciones fiscales "no estuvo legalmente limitada a residentes en el Estado español", sino que permaneció abierta a cualquier inversor comunitario que tuvo la posibilidad de integrarse en las agrupaciones de interés económico beneficiarias de este régimen, por lo que "parece difícil afirmar el carácter selectivo". También afirmó que la devolución de las ayudas por parte de los beneficiarios supone "una quiebra patente del principio de confianza legítima y una ruptura de la seguridad jurídica que debe amparar a toda persona física o jurídica".

  Almunia: ´Hay quien mete miedo a los astilleros´

El rechazo unánime de astilleros, partidos políticos, sindicatos y colectivos sociales a la devolución de las ayudas del tax lease parece no hacer mella en el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que ayer recibió en San Sebastián a una representación de los comités de empresa de los astilleros vascos antes de participar en un seminario sobre Europa.
Es más, Almunia afirmó que se está tratando de "meter miedo "a los astilleros, que "no tendrán que devolver un euro", al igual que los armadores. "Hay quienes, para desviar su propia responsabilidad a la hora de devolver ayudas no compatibles, están metiendo miedo a los astilleros", señaló el comisario socialista, que fue increpado a su llegada a la Universidad del País Vasco.
Almunia trató de lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de los astilleros, sin éxito. Los portavoces sindicales le exigieron un trato similar al que recibió Francia en 2006, que no se vio obligado a devolver las ayudas. De lo contrario, advirtieron, el sector no tendrá futuro.