Faro de Vigo

El borrador de Almunia provocó la pérdida de contratos ya firmados por los astilleros

Los armadores optaron por cancelar varios pedidos y la banca cerró el grifo del crédito - Administraciones y sector apuran la defensa jurídica para la reunión del próximo jueves

La difusión del borrador de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea (CE) sobre el antiguo tax lease, que recoge la obligación de reembolsar las bonificaciones fiscales aplicadas en la contratación de buques en España entre 2005 y 2011, ya se ha cobrado sus primeras víctimas. A falta de que el Colegio de Comisarios de la CE tome una decisión definitiva el próximo 17 de julio, y a pesar de que el responsable máximo de Competencia, Joaquín Almunia, reconoció esta semana que hay "margen" para reconsiderar su propuesta, ésta ya ha provocado la cancelación de varios contratos firmados en los últimos meses y que aún no habían entrado en vigor, según denunciaron ayer fuentes de los astilleros, que añadieron que los bancos también han cerrado el grifo del crédito "en seco".

Esta situación ha dejado al sector en una situación de "parálisis absoluta", a la espera de que la reunión del próximo jueves de la delegación española (Gobierno, comunidades autonómicas, astilleros y sindicatos) en Bruselas con Almunia arroje "algo de luz". Ministerio de Industria y los gobiernos de Galicia, País Vasco y Asturias trabajan contrarreloj para pulir la defensa jurídica del tax lease que exige ahora el comisario español. Según indicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Industria ya ha enviado a Competencia unos argumentos jurídicos "más perfilados" a favor de que no se tengan que devolver las ayudas (más de 2.800 millones de euros), aunque desde los astilleros se insiste en que se trata de una "batalla política" y no jurídica.

Con independencia del resultado de la reunión del próximo jueves y de la cumbre del día 17, los astilleros ya han perdido varios contratos que tenían atados; algunos a favor, además, de los denunciantes del sistema español de tax lease, los constructores navales holandeses. Según ha podido saber FARO, un astillero vasco se ha quedado sin cuatro remolcadores para operar en el mar del Caribe, que ha ido a parar al grupo neerlandés Damen. No es el único caso. Otra factoría naval española ha perdido también un contrato que tenía prefirmado, en su caso, a favor de un astillero de Singapur. Fuentes del sector indicaron que ésta es la tónica general desde que se filtró el borrador del comisario Almunia, y que a mayores la banca ha cerrado cualquier acceso a financiación, ante las dudas de que el fallo del tax lease sea negativo y finalmente las atarazanas españolas tengan que asumir la devolución de más de 2.800 millones.

Especialmente contundentes se mostraron ayer los navieros, que alertaron de que habrá una avalancha de pleitos contra los astilleros en caso de que el fallo del tax lease vaya en su contra. La Asociación de Navieros Españoles (Anave), reconoció que sería el "certificado de defunción" del sector naval. Los navieros dan por válida la tesis de los astilleros de que los afectados trasladarán a estos últimos la responsabilidad del pago. "Se produciría un efecto en cadena, porque los armadores pleitearían", reconoció Adolfo Utor, presidente de Anave.

De los 270 buques construidos a partir de 2005, 180 fueron encargos de inversores extranjeros, quienes no solo podrían iniciar reclamaciones judiciales, sino que dejarían de confiar en España. La devolución de las ayudas "sería un atentado contra la seguridad jurídica que haría perder todos los clientes y que perjudicaría a España", denunció también la patronal, antes de advertir del impacto que la devolución podría tener en la banca, que ejerció en muchos casos de financiadora de los proyectos.

El sector naval se aferra al "margen" anunciado el miércoles por Almunia para cambiar la resolución del tax lease, aunque asegura que ya se han presentado argumentos jurídicos suficientes para no exigir el reembolso de las ayudas. La defensa española se basa en dos principios fundamentales:

Confianza legítima. Es un principio de derecho comunitario derivado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El objetivo de la confianza legítima es proteger las expectativas que se hayan podido crear en los operadores sobre la estabilidad de una determinada situación jurídica con base en las actuaciones de las instituciones comunitarias. Por ejemplo, en el caso del naval, que la anterior Comisaria de Competencia, Neelie Kroes, expresase en una carta que el régimen de tax lease español no era discriminatorio y que determinaba que no se debían realizar más actuaciones en relación al mismo, generó confianza legítima en el sistema.

Seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica está íntimamente relacionado con el anterior, y exige que las normas jurídicas sean claras y precisas y que su aplicación resulte predecible para los operadores. En el caso del tax lease, el hecho de que la Comisión no actuase en contra del régimen de tax lease en nueve años, unido a las decisiones adoptadas por la CE en ese periodo en las que señalaba que el sistema español no contenía ayudas de estado, indujo a los participantes en las operaciones investigadas a creer de buena fe que el sistema que se estaba aplicando era compatible con el derecho comunitario.