Faro de Vigo

España apura la negociación con Bruselas para suavizar la devolución del ´tax lease´

El Ejecutivo presiona a comisarios afines para moderar la propuesta de Competencia - El último borrador de Almunia exige a los inversores el reintegro de todas las ayudas

El futuro de la construcción naval en España se decide hoy en Bruselas. El Colegio de Comisarios de la Comisión Europea (CE) votará esta mañana la última propuesta de la Dirección General de la Competencia sobre el expediente del tax lease, que, salvo cambios de última hora, exigirá la devolución de las bonificaciones fiscales aplicadas a las operaciones de tax lease entre 2007 y 2011 a los inversores por considerarlas ayudas de estado ilegales.

Gobierno y sector intensificaron ayer las negociaciones con Bruselas para mitigar el impacto de una posible sentencia desfavorable. Desde el Ejecutivo, los ministros de Empleo (Fátima Báñez) y Economía (Luis de Guindos) trataron de movilizar a los comisarios de sus respectivas áreas para formar hoy un frente común que rechace la propuesta que defiende el español Joaquín Almunia. Uno de los últimos borradores de Competencia, según ha podido saber FARO, exigía la devolución de todas las ayudas del tax lease a los inversores (incluida la parte de los armadores).

Desde el sector, tanto los astilleros como los sindicatos alertaron de que esta propuesta sería "devastadora" para el conjunto de las 19 factorías navales privadas españolas y los 87.000 trabajadores que dependen de ellas. "Vamos a pelear hasta el último minuto", manifestaron desde Pymar, sociedad privada que representa a los astilleros.

El propio Rajoy recalcó ayer que confía en que Bruselas "suavice" la propuesta de Almunia que condenaría al naval. Pero la postura del gabinete que dirige Almunia es firme. Entre los posibles cambios que se abordaron estos días para mitigar el impacto de una devolución de las ayudas estarían el volver a retrasar la fecha inicial de reembolso, que ya pasó de 2005 a 2007, hasta 2009 o incluso 2011. En el primero de los supuestos, defendido por el comisario de Industria, Antonio Tajani, se tomaría como fecha de corte la carta que la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, envió a una ministra noruega bendiciendo el tax lease, concluyendo que "no era discriminatorio".

Retrasar la devolución a 2011, cuando se inició el expediente del tax lease, supondría aplicar a España la misma sentencia que recibió Francia en 2006, país al que no se obligó a devolver ni un euro de sus ayudas al naval. Ésta es la postura que defiende el Gobierno español, y la tesis que los distintos ministerios tratan de difundir entre los comisarios. Según ha podido saber este periódico, además de Tajani y el comisario de Empleo, László Andor (Hungría), otros cuatro miembros del Colegio de Comisarios están dispuestos a vetar la propuesta de Almunia.

La votación se celebrará a primera hora de la mañana de hoy y a las 11.30 horas está previsto que el propio Almunia comparezca en rueda de prensa para explicar los pormenores de la resolución. A última hora de ayer se desconocía el borrador exacto que se someterá hoy a votación.

La propuesta acordada el pasado lunes por los jefes de gabinete de los comisarios recoge la devolución de las ayudas por parte de los inversores entre el 17 de abril de 2007 (fecha en la que se publicó el expediente del caso francés) y el 29 de junio de 2011, cuando se suspendió el tax lease. En ese periodo, según datos oficiales de la Gerencia del Sector Naval (Ministerio de Industria), se contrataron en España 192 buques; 47 en Galicia (la mayoría en la ría de Vigo). Según fuentes del sector, de ese total, más del 70% se habrían firmado utilizando el antiguo sistema de arrendamiento financiero.

Los sindicatos calculan que las ayudas a devolver en ese supuesto rondan los 600 millones de euros solo en el caso gallego.

Almunia afirmó en varias ocasiones que solo deberán reintegrar las bonificaciones fiscales obtenidas los inversores (las agrupaciones de interés económico) que han participado en el tax lease (eximiendo a astilleros y armadores), pero uno de sus últimos borradores establece que estos inversores deberán reembolsar la totalidad de las ayudas concedidas. "Obliga a los inversores a devolver también la parte de los armadores; esto será un fracaso absoluto porque nadie volverá a dar un euro de crédito al sector", alertó ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que calificó esta propuesta de "absolutamente contraria a derecho".

El sector no contempla esta salida: "Lo importante es obtener una resolución sin devoluciones", apuntó ayer la patronal gallega del metal, Asime. "Si la propuesta sale en los términos escritos, no hay nada que hacer", afirmó Pymar.

A nivel político, la defensa del tax lease es unánime. El conselleiro de Economía e Industria de la Xunta, Francisco Conde, insistió ayer que hay "argumentos sólidos" para que la devolución de esas bonificaciones se calculen a partir de 2011 y "en ningún caso en un periodo anterior". Los principales argumentos esgrimidos por la defensa española son la confianza legítima y la seguridad jurídica que aportaron documentos como la carta de Kroes o la resolución de Competencia sobre el caso del matching holandés en 2004.

Prueba de esa unidad fue el Pleno extraordinario del Congreso de ayer, que aprobó por unanimidad la Proposición no de Ley registrada por todos los grupos parlamentarios el 2 de julio en apoyo al naval. En la proposición se asegura que el reembolso de las ayudas supone un "grave" trato discriminatorio frente a Francia, que en un expediente similar fue eximida por aplicación del principio de seguridad jurídica.