El Pais

Los astilleros se revuelven contra Bruselas

El sector vive una sequía de pedidos desde el expediente que pone en duda los incentivos

 Primero la leche, luego la pesca y ahora el naval. En Galicia, cuaja la percepción de que el chorreo de millones que la Unión Europea ha destinado a la comunidad como región prioritaria no compensa los posteriores mazazos que Bruselas le ha asestado a sus tres pivotes productivos.

Con 1.500 kilómetros de costa asomada al Cantábrico y al Atlántico, la economía gallega ha hecho del sector naval su motor industrial. Los astilleros privados de la ría de Vigo —Barreras, Freire, Vulcano, Metalships, Armón o Cardama— y los públicos de Navantia de Ferrol son la locomotora que tira de las dos comarcas y arrastra a centenares de pequeñas compañías auxiliares (aceros, tuberos, soldadura, montaje, pinturas o carenados) encadenadas al efecto dominó de un sector que ve cómo, de nuevo, la Unión Europea, con un expediente sobre el tax lease, un sistema de bonificaciones fiscales aplicado en la contratación de los buques, pone en jaque sus factorías al echarles encima una crisis sobre otra. 

Con el naval al borde del precipicio, toda Galicia sufre. Las calles de Vigo se incendiaron el pasado jueves durante una protesta que congregó a unos 1.500 operarios a las puertas de la Agencia Europea del Control de Pesca en la ciudad. En Ferrol, 3.000 operarios caminaron cuatro horas alrededor de la ría atravesando municipios para reclamar el fin del veto que impide a la antigua Astano (Fene) construir buques civiles desde que España ingresó en la UE y que Bruselas les permita financiar el dique flotante para competir en el mercado de las reparaciones navales.

Las llamas calcinando los contenedores ante las oficinas viguesas de la UE son el síntoma de que el naval gallego está decidido a revolverse contra el expediente comunitario que condenaría “a muerte” a sus astilleros, en palabras de Álvaro Platero, presidente de la patronal Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión).

Si el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, resuelve el 17 de julio que hay que devolver los 2.800 millones de euros en desgravaciones supuestamente ilegales aplicadas en la contratación de buques de 2005 a 2011, todas las factorías que se beneficiaron de este complejo sistema fiscal caminaría, muy probablemente, hacia la quiebra.

La falta de liquidez sumada a la ausencia de pedidos daría la puntilla a un sector que, en 2009, empleaba a 12.000 personas en Vigo. Hoy, resisten unas 3.000. Unas rías más al norte, en Ferrol, se han destruido 2.315 empleos en auxiliares desde septiembre de 2011 y la plantilla directa de Navantia (2.358) apenas tiene ocupación porque el último contrato militar se firmó en 2007 y los dos floteles comprometidos por la Xunta para Pemex —uno en Ferrol y otro en Vigo— antes de las elecciones autonómicas de 2012 no arrancan. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que se erigió en mediador con la petrolera mexicana, vincula ahora el futuro de estos dos contratos un tanto opacos —nunca se han mostrado, aunque el Parlamento lo reclamó con insistencia— a la resolución del tax lease. Y emplazó a Almunia a buscar una “solución inteligente, económicamente viable y jurídicamente solvente”.

 “Es un problema de Estado”, resume Ramón Sarmiento, responsable de Industria en CC OO Vigo. Diego Atanes, de UGT, llama a la sociedad a implicarse en una gran movilización el 11 de julio y recuerda que de los salarios del naval también viven comercios, hosteleros y demás servicios. En la batalla de los sindicatos se han embarcado también el Ministerio de Industria, la patronal y los Gobiernos de las comunidades más afectadas: Galicia, Asturias y País Vasco.

El revuelo político y social que provocó Almunia al anunciar su propuesta de expediente a finales de junio forzó al comisario socialista a introducir un pequeño matiz en su discurso. “Hay margen”, corrigió esta semana. Estrecho pero suficiente para que armadores y operarios se agarren con fuerza a este flotador verbal para evitar un naufragio seguro.

Mientras los sindicatos lleven a cabo sus movilizaciones del jueves, Almunia recibirá en Bruselas a una comisión gubernamental para estudiar posibles alternativas que eviten la catarsis del naval. Seis días después, el comisario tendrá que hacer pública su resolución final sobre el tax lease.