El Pais

Sousa dice que los bancos conocían los créditos documentados de Pescanova

La defensa de Manuel Fernández de Sousa presenta un escrito a la Audiencia Nacional Arremete contra la CNMV por abrir expedientes al ejecutivo para "auto-exculparse"

El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ya ha comenzado a desplegar sus armas. El ejecutivo, que está imputado por posible falseamiento de cuentas y uso de información privilegiada junto a parte de a cúpula, presentó este miércoles un escrito de alegaciones en el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. Los abogados de Sousa salen al paso de los dos expedientes sancionadores que la CNMV abrió a Sousa y que la Audiencia Nacional tuvo en cuenta para la imputación. Aunque en el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se admite que Sousa tomó "decisiones erróneas" desde el punto de vista contable, se justifica que la CNMV actúa para exculparse a sí misma y que los bancos "eran conscientes" de sus operaciones a través de créditos documentados.

Según la defensa del presidente de Pescanova, los expedientes de la CNMV y su comunicación a la Audiencia Nacional son “un cauce para la defensa y auto-exculpación de la Comisión y de sus responsables” y asegura que se están imputando al ejecutivo "irregularidades que claramente no se han producido”. La CNMV señaló que Sousa se resistía a la actividad inspectora. Sin embargo, según los abogados de Sousa siempre existió colaboración. Aseguran que todos los requerimientos fueron respondidos en tiempo y de forma. Además tacha de "absurda" la decisión del supervisor bursátil de levantar la cotización durante un corto periodo de tiempo después de suspenderla y antes de que se declarara el concurso de acreedores.

Los abogados de Sousa explican cómo ha podido llegar Pescanova, una empresa considerada solvente y rentable, a una situación de crisis como la actual: "La rápida restricción del crédito financiero, justo en el momento en el que Pescanova S.A. culminaba un ambicioso plan de expansión, llevó a la compañía [y, en particular, a mi mandante] a adoptar decisiones erróneas, tanto desde un punto de vista comercial como desde una perspectiva contable-financiera, al único objeto de posibilitar que la empresa mantuviera abiertas líneas de financiación con las cuales poder aumentar su capacidad productiva y su generación de ingresos. Estas decisiones no respondieron a una deliberada maquinación fraudulenta, sino que se fueron adoptando en el tiempo en la confianza de que el crédito se iría recuperando, y de que las inversiones comenzarían a generar recursos en breve plazo. Por desgracia, el crédito no se recuperó y los tiempos para la puesta en valor de las inversiones [cuya rentabilidad a medio plazo nadie cuestiona] se fueron retrasando, todo lo cual fue abriendo una brecha contable cada vez más inmanejable".

Los bancos "conocían la operativa"

En el escrito de defensa de Sousa, los abogados aseguran que la cúpula de la empresa se reunió con el supervisor para explicarle las "discrepancias contables" encontradas. Señalan que explicaron que todo está relacionado con "las operaciones con créditos documentarios como una carta de crédito concedidos a un tercero, que se descontaba con la promesa de la carga de la mercancía, y que los fondos recibidos por el proveedor iban a Pescanova que después devolvía al proveedor para que cancelara su deuda con la entidad de crédito”.

Según los abogados, esta explicación sobre el uso de créditos documentarios como instrumentos puros de financiación era una aclaración adecuada y no debería acusarse a Sousa de ocultar su operativa. Añaden que los representantes de Pescanova advirtieron de que la práctica "estaba registrada en los libros, pero que a efectos de su presentación en las cuentas anuales e intermedias se neteaba”, y que en todo caso “el banco era consciente de esta operativa”. Justifican además el aumento de deuda por "las incorporaciones de sociedades al perímetro de consolidación realizadas en el último trimestre del ejercicio”. De ser cierta, esta incorporación, se había llevado a cabo justo después de presentar las últimas cuentas oficiales, cuando aseguraban que la deuda financiera rondaba los 1.500 millones.

Sousa, que ya cargó contra su auditor BDO poco después de saltar a la luz la crisis de la pesquera y los desmanes en su contabilidad, vuelve a recordar en su escrito al juez que el informe de esta firma era favorable. Lejos de reconocer que ha podido existir una doble contabilidad o que hasta septiembre se había ocultado más de la mitad de la deuda del grupo, la defensa de Sousa asegura que se reconoció que superaba los 3.000 millones e incluso explica cómo se justificó a la CNMV.

Para los abogados de Sousa, el presidente solo actuó por el bien de la compañía, como ya insistió en propio presidente en una entrevista con EL PAÍS. Recuerdan que fue quien decidió contratar al auditor KPMG para realizar un examen pormenorizado de la compañía. Dicha revisión fue adoptada después del consejo de administración en el que se declaró el concurso de acreedores de la firma, sin agotar el plazo que les permitía el preconcurso declarado el 1 de marzo.

Lo que el escrito no recoge es una expliación de por qué Sousa vendió a escondidas, tal y como reconoció después acciones por valor de casi de 32 millones de euros, ni por qué la contabilidad solo reflejaba parte de su deuda sin explicar que usaban métodos diferentes a los regulados. Según los letrados del ejecutivo, la restricción del crédito pudo ser lo que llevó  a su presidente a adoptar decisiones erróneas desde una óptica comercial y contable-financiera. Sin embargo, asegura que las entidades conocían sus acciones.