Las empresas mineras del grupo de Victorino Alonso, Unión
Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC), solicitaron en
los juzgados de lo Mercantil de Madrid el concurso voluntario de
acreedores para tratar de salvar la liquidación de las compañías. El
mayor grupo minero privado del país había presentado un preconcurso de
acreedores a principios de marzo para abrir un periodo legal de
negociación con sus acreedores y renegociar las deudas, pero no hubo
acuerdo para reducir un pasivo que llega a los 110 millones de euros.
El procedimiento judicial del preconcurso otorgaba al
empresario un margen de cuatro meses para negociar la deuda a la vez que
impedía a sus acreedores (fundamentalmente entidades financieras y la
Administración) instar el concurso. El plazo para la renegociación de la
deuda finalizaba el lunes, pero Alonso optó por adelantar el expediente
después de que le resultara imposible llegar a acuerdos con los
trabajadores en los expedientes de regulación de empleo abiertos en las
dos empresas y en los que planteaba reducciones salariales y una
ampliación de jornada, así como otros recortes en las condiciones
laborales.
El preconcurso de acreedores lo tramitó el juzgado de lo
Mercantil número 11 de Madrid, pero el concurso voluntario recayó en el
juzgado número 12, que preside la magistrada Mirian Iglesias. Tras la
presentación de la documentación y la admisión del expediente, la
magistrada deberá proceder ahora al nombramiento de la administración
concursal, que hará un informe sobre la situación del grupo. Fuentes
judiciales estimaron que un concurso de este tipo puede prolongarse
durante varios meses y que finalizará con acuerdo con los acreedores o
bien con la liquidación de las empresas. Al tratarse de un concurso
voluntario, el deudor podrá, sin embargo, conservar las facultades de
administración de las empresas y dispondrá sobre su patrimonio de forma
que la intervención de los administradores concursales se limitará a su
autorización o conformidad de lo que acuerde.
El grupo Alonso, que mantiene silencio sobre el proceso,
alegó como causa principal de esta medida el impago por parte del
Ministerio de Industria de las ayudas a la producción del carbón del año
2012 por importe de 29,3 millones de euros, en el caso de Uminsa y de
19,8 millones en CMC.
Ni el grupo Alonso ni el juzgado de lo Mercantil informaron
sobre el pasivo de las dos compañías del empresario leonés, pero se
baraja una deuda global de 110 millones de euros, de los que 16 millones
corresponden a impagos a la Seguridad Social y a Hacienda. Las empresas
mineras de Alonso, que tienen varios frentes laborales abiertos con
expedientes de regulación de empleo sobre la mesa, también deben varios
meses de nóminas a sus trabajadores y una paga extra. Pese a ello, los
mineros, que mantenían una huelga indefinida, se reincorporaron a sus
puestos de trabajo en las minas del suroccidente asturiano. Los mineros
aseguraron que no tienen miedo al concurso de acreedores al entender que
el nombramiento de un administrador concursal podría ser la solución a
corto plazo para poder poner de nuevo las instalaciones en
funcionamiento y demostrar su viabilidad.
UGT y el Plan del carbón
La Federación de Industria de Fitag-UGT aseguró ayer que
«no aceptará» aspectos sociales lesivos para los trabajadores en el
futuro acuerdo del Plan del Carbón. Los responsables de UGT se reunieron
ayer con los responsables del ministerio de Industria en la segunda
ronda de las negociaciones para llegar a acuerdos en el denominado Marco
General de la Minería del Carbón 2013-2018. Tras la reunión, el
sindicato hizo público un comunicado en el que señala que desde el
Gobierno ha habido una negativa a pactar el capítulo de prejubilaciones y
de gestionar los excedentes de personal mediante bajas incentivadas y
recolocaciones. Según UGT, Industria habría planteado que las
indemnizaciones por despido deberían ser del orden de los 8.000 euros
para los trabajadores de empresas que cierren antes de 2016, además de
30 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Para los que
salgan durante el resto de la vigencia del plan, la indemnización
debería ser de 6.000 euros, con 25 días por año con el límite de 18
mensualidades. Para UGT, «tales planteamientos no pueden estar más en
las antípodas» de los suyos, por lo que muestra de entrada su «rotunda
oposición» a estas medidas y ha anunciado que «no tolerará en la
redacción del documento final ninguna medida que resulte lesiva para los
trabajadores del sector».
No hay comentarios:
Publicar un comentario