El naval alerta de que cualquier devolución del ´tax lease´ recaerá sobre los astilleros
El comisario afirma que el posible reembolso solo afectaría a los inversores y la banca - El sector avisa de que repercutirá sobre las factorías navales, que entrarían en quiebra
Almunia hizo temblar ayer, de nuevo, al sector naval. El comisario
europeo de la Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea (CE)
anunció que la decisión final sobre el expediente del tax lease (el
sistema de bonificaciones fiscales del naval, suspendido hace casi dos
años) se tomará "probablemente este mes de junio" y que serían
inversores y entidades financieras los que tendrían que asumir un
hipotético reembolso de las ayudas, no los astilleros. Este anuncio, en
apariencia positivo para el naval, desató una nueva situación de
histeria entre los astilleros. Fuentes del sector explicaron a FARO que
existen contratos de pleno derecho válidos entre los participantes en
las estructuras de tax lease según los cuales son las factorías navales
las que en última instancia tendrían que asumir las consecuencias de un
cambio regulatorio, por lo que cualquier devolución de las ayudas
recaería en los astilleros. El sector y los sindicatos criticaron las
declaraciones del comisario "porque Almunia es consciente de este
hecho".
El comisario, durante una entrevista televisada en Antena
3, reiteró que la investigación sobre el tax lease ha sido "muy difícil"
porque para tomar "una decisión en control de ayudas de estado no solo
tenemos que trabajar nosotros, sino también la otra parte, en este caso,
España", en alusión a que el Gobierno central demoró el envío de
información a Bruselas, supuesto que tanto el Ejecutivo como el sector
niegan. Almunia indicó que es "consciente" de la situación en la que se
encuentran los astilleros y sus trabajadores, pero dejó claro que la
decisión se tomará en función de las normas europeas de ayudas de
estado. A este respecto, el comisario español afirmó que "los que
recibieron la ayuda que está en cuestión no fueron los astilleros, sino
otro tipo de entidades, los inversores, las entidades financieras".
"Estos son los que en su caso tendrían que aplicar esta decisión que
tomemos y que vamos a tomar probablemente este mes de junio", informó.
Fuentes
del sector explicaron a FARO que aunque la Comisión reclame la supuesta
ayuda a cualquier otro participante distinto de los astilleros en las
operaciones de tax lease, serán estos los que tengan que asumir la
devolución, lo que provocaría su quiebra. "Existe una serie de contratos
válidos de pleno derecho firmados entre los participantes en las
estructuras financiero fiscales, según los cuales es el astillero, parte
débil de la cadena, el que asume las consecuencias de cualquier cambio
regulatorio", indicaron las mismas fuentes, que no entienden las
declaraciones de Almunia, quien es "perfectamente consciente de este
hecho". Según ha podido saber este periódico, las alegaciones e informes
jurídicos remitidos a Bruselas por el Gobierno y la sociedad privada de
astilleros Pymar recogen esta situación de debilidad de los astilleros
en el esquema de tax lease.
Lo mismo opina la patronal gallega del
metal, Asime. Su secretario general, Enrique Mallón, indicó ayer que no
contemplan devoluciones puesto que los sistemas de bonificación
europeos, no solo el español, se fundamentan "en la participación de
varios agentes y obviamente los inversores son una pieza clave". "Ellos
han participado también confirme a los principios comunitarios y por
consiguiente no se debe valorar posibles devoluciones, que en ese caso
confirmarían una situación intempestiva, discriminatoria y claramente
contraria a la industria de un país que ha actuado conforme a derecho",
subrayó. Mallón apuntó que el Gobierno no podría aceptar una resolución
desfavorable porque hay argumentos jurídicos e industriales "muy sólidos
en defensa de la actuación bajo la buena fe y la confianza legítima".
Asime valoró no obstante que la resolución se conozca este mes "aunque
sea más que tarde para el sector".
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