Almunia sentencia al naval al exigir la devolución de casi 3.000 millones
El comisario dice que el 'tax lease' es incompatible con la norma europea y que 'no hay nada que hacer'
Joaquín Almunia fulminó al naval de un plumazo. El comisario europeo
de Competencia dijo ayer que el sistema de bonificaciones fiscales ('tax
lease') aplicado en los últimos años en España 'es incompatible con la
normativa europea' y que, por tanto, 'habrá que devolver las ayudas
recibidas' entre 2005 y 2011. Son unos 3.000 millones de euros, algo que
el sector considera inviable y llevaría a su desaparición.
Almunia, que participó en un desayuno infomativo de Fórum Europa
en Madrid, matizó que los astilleros y la banca quedarían exentos
mientras que los agentes responsables de la devolución serían los
inversores y los grupos de interés económico. 'Están tajantemente fuera
de estas obligaciones los astilleros que construyeron los barcos y los
bancos que actuaron como meros agentes financieros', explicó el
comisario, quien fue increpado durante el turno de preguntas por el
presidente de Pymar -sociedad que aglutina a los astilleros privados-.
'Lo que está haciendo supondrá el cierre inmediato de los 19 astilleros
de España y el final de la construcción naval', le dijo Álvaro Platero.
Almunia precisó también que corresponderá a las autoridades españolas la decisión de determinar la cuantía y quién deberá afrontarla. 'Se trata de un problema de Estado que afecta a varios países, no sólo a España, y que en este Estado se viene arrastrando desde hace muchos años, casi desde el principio de ese programa que en su día no fue notificado', dijo.
En este sentido, recordó que la Comisión Europea se pronunció respecto a un sistema fiscal similar en Francia en 2006 -en este caso resolvió a favor del sector-, de ahí que su propuesta sea que las devoluciones se hagan a partir de 2005 que fue 'cuando se inició la investigación formal' del caso galo y se considera que la inseguridad jurídica terminó al conocerse la postura de Bruselas. 'Se recibieron varias quejas formales e informales que hizo que abriéramos una investigación en junio de 2011 y la decisión sobre este tema se va a tomar el próximo 17 de julio. Yo soy el responsable de hacer esa propuesta', señaló.
Almunia precisó también que corresponderá a las autoridades españolas la decisión de determinar la cuantía y quién deberá afrontarla. 'Se trata de un problema de Estado que afecta a varios países, no sólo a España, y que en este Estado se viene arrastrando desde hace muchos años, casi desde el principio de ese programa que en su día no fue notificado', dijo.
En este sentido, recordó que la Comisión Europea se pronunció respecto a un sistema fiscal similar en Francia en 2006 -en este caso resolvió a favor del sector-, de ahí que su propuesta sea que las devoluciones se hagan a partir de 2005 que fue 'cuando se inició la investigación formal' del caso galo y se considera que la inseguridad jurídica terminó al conocerse la postura de Bruselas. 'Se recibieron varias quejas formales e informales que hizo que abriéramos una investigación en junio de 2011 y la decisión sobre este tema se va a tomar el próximo 17 de julio. Yo soy el responsable de hacer esa propuesta', señaló.
Las declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea dejó en 'shock' a los empresarios en Vigo. Los dos mayores astilleros privados de la Ría (y de España) confían en que 'recapacite' antes del día 17 de julio. El presidente de Barreras, José García Costas, afirmó que 'nos afecta directísimamente porque somos nosotros los que hacemos los barcos y de esta manera ningún armador va a querer contratarnos nada'. Preguntado por la posibilidad de que peligre la entrada de Pemex en su accionariado, evitó hacer valoraciones. 'A Barreras le afectaría, como a todos. Con respecto a Pemex no voy a decir nada por ahora', explicó.
Por su parte, el director financiero de Vulcano, José Domínguez, se mostró cauto y abogó por 'unir fuerzas ante estas semanas que tenemos por delante'.
Precisamente es el frente común que políticos, empresarios y sindicatos reclaman hasta el 17 de julio, cuando Almunia vuelva a hablar.
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