Los astilleros suplican que se impida la muerte del sector
Advierten que los armadores buscarán otros países y los inversores les negarán el crédito
Pymar, que aglutina a los astilleros privados de España, reclamó a
Joaquín Almunia 'que reconduzca la resolución' que ayer puso sobre la
mesa y advirtió que 'dirija contra quien se dirija el resultado será el
mismo, la defunción del sector naval', dijo su presidente Álvaro Platero
en una rueda de prensa.
'El comisario aseguró que implicaría sólo a los financiadores e
inversores pero conoce perfectamente, y dispone de toda la
documentación, que el perjudicado final será el astillero', apuntó.
Platero enumeró las consecuencias de que conllevaría la devolución de los 3.000 millones de euros: la pérdida de 87.000 empleos, el final de un sector competitivo y tecnológicamente avanzado que exporta el 90% de su producción y 'una inseguridad jurídica irreversible para el futuro'. 'Los armadores buscarán otros países donde contratar sus buques y los inversores negarán el crédito y la financiación para contratar y seguir construyendo', explicó.
Pymar pide al comisario de Competencia 'que no ceda en la guerra comercial contra el naval español en favor de Holanda. De lo contrario, supondría el principio del fin del naval en toda la Unión Europea porque la guerra entre Estados no ha hecho más que empezar. Los únicos beneficiarios de esta escalada de denuncias son los astilleros asiáticos de Corea y China', advierte.
Con todo, la patronal pide 'una posición común' al Gobierno de España y al PSOE para presionar ante la UE con el fin de propiciar un cambio de posición que impida la desaparición del sector.
Desde que CE abrió el expediente a España hasta ahora, los astilleros privados han perdido 50 buques debido a la inseguridad jurídica que se ha generado. La industria naval española está ofertando ahora 40 nuevos contratos, que llevaría asociada una facturación de casi 2.000 millones de euros. Sin embargo, están en riesgo de perderse. Ni siquiera el hecho de que en noviembre de 2012 la CE aprobara el nuevo esquema de financiación de activos aplicable a buques ha permitido despejar la crítica situación. De hecho, no se ha contratado ni un solo barco con este nuevo sistema. El retraso en la decisión sobre el régimen anterior está impidiendo la firma de operaciones, a pesar de que la Administración haya realizado las modificaciones normativas necesarias.
La desaparición del sector de la construcción naval supondría un gasto en prestaciones por desempleo de más de 637 millones de euros, una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de casi 130 millones y una disminución en la recaudación por IRPF de 306 millones, según estima la patronal Pymar.
Platero enumeró las consecuencias de que conllevaría la devolución de los 3.000 millones de euros: la pérdida de 87.000 empleos, el final de un sector competitivo y tecnológicamente avanzado que exporta el 90% de su producción y 'una inseguridad jurídica irreversible para el futuro'. 'Los armadores buscarán otros países donde contratar sus buques y los inversores negarán el crédito y la financiación para contratar y seguir construyendo', explicó.
Pymar pide al comisario de Competencia 'que no ceda en la guerra comercial contra el naval español en favor de Holanda. De lo contrario, supondría el principio del fin del naval en toda la Unión Europea porque la guerra entre Estados no ha hecho más que empezar. Los únicos beneficiarios de esta escalada de denuncias son los astilleros asiáticos de Corea y China', advierte.
Con todo, la patronal pide 'una posición común' al Gobierno de España y al PSOE para presionar ante la UE con el fin de propiciar un cambio de posición que impida la desaparición del sector.
Desde que CE abrió el expediente a España hasta ahora, los astilleros privados han perdido 50 buques debido a la inseguridad jurídica que se ha generado. La industria naval española está ofertando ahora 40 nuevos contratos, que llevaría asociada una facturación de casi 2.000 millones de euros. Sin embargo, están en riesgo de perderse. Ni siquiera el hecho de que en noviembre de 2012 la CE aprobara el nuevo esquema de financiación de activos aplicable a buques ha permitido despejar la crítica situación. De hecho, no se ha contratado ni un solo barco con este nuevo sistema. El retraso en la decisión sobre el régimen anterior está impidiendo la firma de operaciones, a pesar de que la Administración haya realizado las modificaciones normativas necesarias.
La desaparición del sector de la construcción naval supondría un gasto en prestaciones por desempleo de más de 637 millones de euros, una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de casi 130 millones y una disminución en la recaudación por IRPF de 306 millones, según estima la patronal Pymar.
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