El proceso puede concluir en cárcel e inhabilitación
Los tres delitos de los que Ruz acusa a Fernández de Sousa pueden conllevar penas de entre 3 y 13 años de prisión
El frente penal que acaba de abrirse en la Audiencia
Nacional al admitir a trámite las querellas de varios grupos de
inversores minoritarios es el más llamativo y preocupante, porque puede
acabar con penas de cárcel nada desdeñables para el presidente de
Pescanova y los otros tres imputados: los consejeros Alfonso Paz-Andrade
y José Antonio Pérez-Nievas, y el accionista José Alberto Barreras. El
auto del juez Ruz recoge tres delitos presuntamente cometidos por
Fernández de Sousa y tipificados en los artículos 282 bis, 285 y 290 del
Código Penal. El primero y el último son delitos societarios.
El artículo 282 bis se refiere al falseamiento de
la información económico-financiera, ya sea la contenida en los
folletos de emisión de cualquier instrumento financiero (caso de la
ampliación de capital del pasado verano) o la información que la
empresa, como cotizada, está obligada a hacer pública sobre sus
recursos, actividades y negocios para captar inversores u obtener
financiación por cualquier medio. El castigo previsto es de prisión
entre uno y cuatro años, que pueden elevarse hasta seis si el perjuicio
causado al inversor o al acreedor fuera de «notoria gravedad». Se le
sumaría además una multa de seis a doce meses.
Información privilegiada
El artículo 285 tipifica el uso de información
relevante o privilegiada que permita al acusado obtener «para sí o para
un tercero un beneficio económico superior a 600.000 euros» o causar un
perjuicio de idéntica cantidad. Este delito, del que los cuatro
imputados están acusados, está penado con entre uno y cuatro años de
prisión, multa de hasta el triple del beneficio obtenido o favorecido e
inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad entre dos y
cinco años. El castigo será el máximo si dicha práctica abusiva es
habitual, si el beneficio logrado es «de notoria importancia» o si se ha
causado «grave daño a los intereses generales».
El falseamiento de las cuentas anuales por parte
de los administradores lo recoge el artículo 290 y el castigo previsto
es de entre uno y tres años de prisión y multa de seis a doce meses. El
juez sostiene que los cuatro imputados eran «plenamente conocedores de
la verdadera situación económica de la sociedad» y vendieron varios
paquetes de acciones (se deshicieron de hasta 3,5 millones de títulos)
entre septiembre del 2012 y febrero de este año, lo que les evitó unas
pérdidas globales cercanas a los 30 millones de euros.
Pablo Ruz tomará declaración a los encausados los
días 1 y 2 de julio y muy posiblemente será entonces cuando fije la
fianza por responsabilidad civil -millonaria-, ya que en el auto indica
que ha aplazado su imposición hasta poder tener «una estimación razonada
y congruente, aún de forma provisional» del presunto fraude cometido en
Pescanova.
Ahora, la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía tiene el encargo del juez de
investigar los movimientos patrimoniales del presidente y su entorno. El
abogado de uno de los grupos de accionistas querellantes ya ha
anunciado que pedirá prisión provisional.
3,5 millones
Acciones
Previamente al preconcurso, los directivos vendieron 3,5 millones de títulos.
46,3 millones ?
Ingresos
Los imputados ingresaron en total 46,3 millones al vender acciones antes de la crisis.
30 millones de ?
Pérdidas
La CNMV estima que los cuatro acusados evitaron pérdidas cercanas a 30 millones.
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