La Voz de Galicia

El juez acusa a parte de la cúpula de Pescanova de falsear las cuentas

Cree que Fernández de Sousa y Paz Andrade se lucraron en Bolsa con información privilegiada

El juez Pablo Ruz, del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, famoso ya por investigar el caso Bárcenas, acordó ayer imputar al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y al que fuera su mano derecha durante años, el consejero Alfonso Paz Andrade, por los presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera de la empresa, además de las cuentas anuales de la misma, y por el uso de información privilegiada, delito este último por el que el magistrado también acusa al consejero José Antonio Pérez-Nievas (presidente de Iberfomento) y al empresario vigués Alberto Barreras, accionista de Pescanova y cuya hija también se sienta en el consejo de administración.

En un auto de 17 páginas fechado ayer, el juez asume la solicitud que hace una semana le realizó la Fiscalía Anticorrupción, y estima parcialmente tres de las cuatro querellas presentadas por grupos de accionistas minoritarios contra la cúpula de Pescanova. Una cuarta (por defecto de forma y hasta que se subsane) ha quedado incluida como denuncia.

El primer caso en España

Ruz tomará declaración a los cuatro imputados los días 1 y 2 de julio, fechas en las que también tendrán que declarar los representantes legales de Pescanova, como persona jurídica, acusada igualmente de falsear su situación financiera. Es la primera vez que, tras la modificación legislativa del 2010, se imputa en España a una empresa como persona jurídica.

Pero, además de a la matriz de la multinacional, el magistrado acusa a otras siete sociedades de los encausados (Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, Transpesca, Nova Ardara Equities, Golden Limit e Iber-Comercio e Industria), a través de las que, previamente a que se destapara la crisis de la pesquera, se deshicieron de títulos por un valor total de 46,2 millones de euros antes de que su cotización se hundiera: pasó de 17,40 a 5,9 euros por acción.

Tanto Anticorrupción como el juez consideran indiciariamente probado que las operaciones de venta realizadas por los directivos poco antes de la declaración de preconcurso, notificada a la CNMV el 28 de febrero, les permitieron eludir unas pérdidas totales de 26,6 millones de euros, según las estimaciones del supervisor de los mercados.

«Imagen irreal»

El auto señala que los administradores proporcionaron una «imagen irreal de la situación económica y patrimonial de la compañía» y que, entre agosto del 2012 y enero del 2013 propició que los analistas la recomendaran como inversión y que los accionistas querellantes adquirieran en el mercado paquetes de títulos ahora bloqueados y fuertemente devaluados.

Entre las diligencias cuya práctica ha ordenado el juez está que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía investigue «cambios significativos» que supongan «salidas, pérdidas, transformación o transferencias de activos» del presidente y su entorno familiar.