La Voz de Galicia

La Fiscalía pide a la Audiencia Nacional que admita cuatro querellas contra de Sousa

Solicita también la declaración como imputados del presidente de Pescanova y Alfonso Paz Andrade por presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante

La Fiscalía ha pedido al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional que se declare competente en el caso Pescanova y le pide que admita a trámite parcialmente las cuatro querellas interpuestas, que de momento se dirigen contra su presidente, Manuel Fernández de Sousa, y tres accionistas y ocho sociedades.

Así figura en el auto en el que se acuerda pedir la declaración en calidad de imputados a Fernández de Sousa y a Alfonso Paz Andrade por presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante. En el caso de José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas, por un presunto delito de información relevante y en el de la sociedad Pescanova por falseamiento de información económico-financiera.

También pide la declaración en calidad de imputados a José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas, ambos consejeros, por un presunto delito de información relevante, y de la sociedad Pescanova, por falseamiento de información económico-financiera. Y a las sociedades Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones y Sociedad Anómica de Desarrollo y Control, Transpesca, Nova Ardara Equities, Golden Limit e Iber-Comercio e Industria lo pide por un presunto delito de uso de información relevante.

Los fiscales Juan Pavía y Elena Lorente recogen en su escrito que los querellantes apuntan a una presunta falsedad de las cuentas anuales o de otros documentos e informes económicos o financieros de Pescanova, que habrían proporcionado públicamente una imagen irreal de la situación económica y patrimonial al menos durante el tiempo en el que los querellantes compraron diversos paquetes de acciones. Los querellantes denuncian que algunos de los querellados -con el objetivo de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de Pescanova- vendieron acciones de la compañía antes de que se diera a conocer públicamente la situación de insolvencia de la pesquera.

Venta de acciones

Según el informe de la investigación de la CNMV que recoge el auto, al menos cuatro accionistas de Pescanova vendieron acciones hasta el mismo día o pocos días antes de comunicar a la CNMV el 28 de febrero de 2013 la incertidumbre sobre su continuidad.

Fernández de Sousa vendió entre el 7 de enero y el 27 de febrero, a través de Sodesco, un total de 1.688.518 acciones a un precio de 16,26 euros, lo que le supuso un ingreso superior a 27,45 millones y evitar una pérdida de 15,6 millones, según las estimaciones de la CNMV. Además vendió entre septiembre y diciembre de 2012 y enero de 2013, a través de Inverpesca y Sociedad Gallega de Importación de Carbones, 560.678 y 24.400 acciones, respectivamente, para evitar pérdidas patrimoniales que no ha cuantificado la CNMV.

En el caso de Paz-Andrade, vendió entre el 29 de enero y el 27 de febrero de este año 344.972 acciones -a través de Nova Ardara Equities- a un precio de 16,86 euros, por lo que ingresó más de 5,81 millones y evitó una pérdida de 3,4 millones. El 27 de febrero, a través de Iber-Comercio e Industria, vendió otras 420 acciones a 16,53 euros y evitó una pérdida de 3.991 euros.

José Alberto Barreras realizó una venta entre el 11 de enero y el 6 de febrero de 2013, a través de Transpesca, de 700.000 acciones a un precio medio de 16,02 euros, por lo que ingresó más de 11,21 millones y evitó una pérdida de 6,3 millones. En el caso de José Antonio Pérez-Nievas, entre los días 25 y 26 de febrero de este año enajenó a través de Golden Limit 110.000 acciones a un precio de 17,02 euros, por lo que ingresó 1,87 millones y evitó pérdidas de 1,39 millones.

Según la Fiscalía, se trata -según apuntan los indicios- de un presunto falseamiento de la información de las cuentas, usadas para una captación pública de fondos, por lo que «no es improcedente referirse a una conducta en última instancia de naturaleza defraudatoria que habría podido causar un perjuicio económico continuado a una generalidad de personas» en España y fuera.