Faro de Vigo

 Anticorrupción cerca a Sousa y reclama a la Audiencia Nacional que le impute tres delitos

El Ministerio Público atribuye al presidente de la pesquera el falseamiento de información económica y de cuentas anuales, y uso de información relevante - El auto incluye a Paz-Andrade, Pérez-Nievas y José Alberto Barreras

Cincuenta y tres años después de su creación, Pescanova se ha convertido en una novela negra perseguida por el aliento fiscalizador del mercado y la Justicia después de que se hubiese descalabrado de la noche a la mañana. Con la información de cuatro querellas y dos investigaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional (al juez Pablo Ruz) que Manuel Fernández de Sousa-Faro, presidente de Pescanova, sea imputado por tres presuntos delitos: falseamiento de información económica, falseamiento de cuentas y uso de información relevante.

Las querellas (un total de cuatro) las presentaron accionistas minoritarios y los informes de la CNMV se elaboraron después de que la compañía no presentase sus cuentas, reconociese un desfase en su deuda, no aceptara la auditoría o mintiese en la información traslada al juez cuando suspendió pagos. Un cúmulo de irregularidades que hacían previsible la acción del Ministerio Público, que incluso podría haber actuado con mayor celeridad dada la gravedad de los hechos. La mayor parte, por cierto, son conocidos desde más de un mes y otros desde que se suspendió la cotización de Pescanova, el 12 de marzo pasado.

Selección de imputados

¿Sousa es el único señalado por Anticorrupción? Ni mucho menos. En total son cuatro -con el presidente- los consejeros para los que la Fiscalía pide su imputación, un tercio de este órgano de gobierno. Se trata de Alfonso Paz-Andrade, exconsejero delegado (hasta 2007) y accionista, José Antonio Pérez-Nievas (representante de Iberfomento) y el vigués José Alberto Barreras, dueño de Transpesca. A Paz-Andrade le atribuye los mismos presuntos delitos que a Sousa, si bien no desempeña en la compañía un cargo ejecutivo que le permitiese falsear información económica o las cuentas anuales. El empresario es miembro del Comité de Retribuciones, que fija el salario de Sousa y que presidía Antonio Basagoiti.

Pero hay más. Según un informe de la CNMV, que cita el auto de los fiscales Juan Pavía y Elena Lorente, "al menos cuatro accionistas de Pescanova SA procedieron a la venta de sus acciones hasta el mismo día o pocos días antes de la comunicación a la CNMV" de que no podía presentar sus cuentas, que tuvo lugar el 28 de febrero.

Pero de la misma picaresca pecó un socio que, como Jesús García (que confesó haber perdido la confianza en la gestión de la empresa tras casi 50 años en la compañía, por lo cual renunció al consejo) había sido un pretoriano fiel de Sousa-Faro. Se trata del empresario vigués José Alberto Barreras, que está en el consejo de Pescanova a través de su hija Ana Belén.

Su sociedad, Transpesca -que ni siquiera aparece en el registro de la CNMV- vendió, según el regulador, "700.000 acciones a un precio medio de 16,02 euros", lo que le reportó unos ingresos de 11,215 millones. De haber vendido hoy (con la acción en 5,91 euros), habría perdido 6,3 millones. A Barreras se le atribuye un presunto delito de "uso de información privilegiada". Esto es, que conocía la grave situación de la multinacional y decidió vender antes de que su inversión se quedase atrapada.

Pero los críticos tampoco se quedaron atrás, según los datos aportados por la CNMV -donde Sousa acudió dos veces el 15 de abril para reunirse con la presidenta, Elvira Rodríguez-. El consejero José Antonio Pérez-Nievas, que votó contra el concurso, contra la revocación de la auditora BDO y fue uno de los que desmintió un hecho relevante enviado por Pescanova al regulador, también vendió acciones antes de estallar la crisis. ¿A través de Iberfomento, sociedad que representa en el consejo? No, a través de Golden Limit SL. Esta firma está controlada por Pernieviz SL, de la que Pérez Nievas es administrador único. Vendió 110.000 acciones los días 25 y 26 de febrero -en vísperas del consejo de administración- e ingresó por ellas 1.872.113 euros. Evitó unas pérdida de 1.390.057 euros.

En definitiva, la flecha de la Fiscalía señala a estos cuatro consejeros (y a siete empresas suyas) por cometer un delito detallado en el artículo 285 del Código Penal (que hace referencia al uso de información privilegiada para enriquecerse en una empresa). Éste puede acarrear una "pena de prisión de cuatro a seis años, la multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión".