La Voz de Galicia

Hacienda investiga un supuesto fraude en las ventas de O Berbés

Abre expediente a la Cooperativa de Armadores San Miguel, de Marín

Fue la comidilla del puerto de Vigo hace casi un año. La entrada de la Guardia Civil en las dependencias que la Cooperativa de Armadores San Miguel de Marín tiene en O Berbés para llevarse un duplicado de la información de los ordenadores estuvo en boca de armadores y operadores de la lonja de altura de Vigo durante más de una semana. Era la primera noticia de que la Agencia Tributaria estaba investigando un supuesto fraude a gran escala en la venta de pescado que, por el momento, no ha pasado del mero expediente informativo y que todavía no ha llegado a los juzgados ni a oídos de la Fiscalía Especial de Delitos Económicos, pero algunas fuentes ya hablan de cantidades y cifras millonarias.

Esas fuentes apuntan a que detrás del hilo que tiraron desde la cooperativa marinense hay una red de empresas implicadas que presuntamente han estado defraudando desde el mismo momento en que entró en el puerto. Es más, sostienen que fue creada con esa función.

Si está tan claro, ¿por qué no se ha resuelto entonces el expediente? Porque, al parecer, los inspectores del fisco tienen serias dificultades para comprender el modus operandi; esto es, el sistema que la empresa y sus colaboradores han estado utilizando para supuestamente evadir el pago de impuestos por la venta del pescado en la lonja.

Y esas complicaciones podrían radicar, como sostiene la parte investigada, en las dificultades de los técnicos de la Agencia Tributaria para entender el sistema de comercialización que se realiza en las lonjas, con despachos de mercancía antes de que el precio se fije en la subasta, que después se facturan al comprador.

En los últimos años, Hacienda ha puesto la lupa en la lonja de O Berbés. Recientemente fue juzgado un subastador por un fraude fiscal. Este no llevaba libros contables, por lo que los inspectores fiscales se vieron obligados a reconstruir las cuentas de la sociedad durante dos años. «Luego, el abogado impugna el resultado y crea dudas. En otros países, la legislación es más severa con quien incumple la obligación de llevar libros», indicó un experto.