La Voz de Galicia

Investigan a firmas que se fueron de Vigo para huir de Hacienda

La condena de dos testaferros abre la vía para perseguir a 8 empresas

Dos testaferros aceptaron hoy una condena de 6 meses de cárcel y multa por un delito de falsedad de documentos mercantiles, en concreto facturas infladas por trabajos que nunca se realizaron. La Fiscalía cree que esta condena es «muy importante» porque va a abrir la posibilidad a la Agencia Tributaria de que persiga por presunto fraude fiscal a 8 empresas del ramo de la construcción y la reparación de talleres que se habrían beneficiado de la emisión de más de un 1,6 millones de euros en facturas falsas.

Las empresas tenían su sede en Vigo en el 2002 pero, a partir de que empezaron las pesquisas del fisco, trasladaron sus sociedades a la provincia de Toledo, lo que lleva a sospechar que lo hicieron para esquivar las investigaciones.

La vista por conformidad se celebró ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo y estaban citados numerosos inspectores fiscales, debido a que el caso era complejo. Los acusados aceptaron una multa de 1.080 euros y seis meses de cárcel después de que la Fiscalía les beneficiase con la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el juicio tardó ocho años en celebrarse. Uno de los implicados está ingresado en prisión por otros motivos.

Los ahora condenados, Jesús C.H. y José Ramón D.R.D.C., eran meros hombres de paja que regentaban sociedades instrumentales en el ramo de la construcción y de talleres de reparación de automóviles.

El fraude comenzó en julio del 2002. cuando Jesús C.H. trabajaba por cuenta ajena para Construcciones y Promociones Malayo SL, administrada por su tía y su hijo. En el 2003, se dio de alta como autónomo en albañilería y pequeños trabajos de construcción, y más tarde en Porteros y Controladores Industriales, sociedad constituida por su esposa y su cuñada. A finales del 2004, se dio de alta en Excavaciones Luso Galaicas, de la que era dueño su hijo. Finalmente, en el 2006, volvió a Malayo, siempre según el relato de la Fiscalía.

Durante ese período, Jesús C. estuvo dado de alta como autónomo en el sistema simplificado del IVA y objetivo del IRPF. Su único fin, sostiene la investigación, fue facilitar a dichas empresas unos justificantes de gastos y cuotas de IVA deducible por obras que nunca existieron.

Sin trabajadores en nómina

Gran parte del fraude se perpetró entre el 1 de mayo del 2003 y el 30 de junio del 2004. En total, el acusado presentó facturas por valor de 646.603 euros que no respondían a servicios reales prestados por el autónomo. En ese período no tuvo ni un solo trabajador en nómina, ni contrató a empresas de suministros ni pasó cargos por el alquiler del local o material ni consumibles.

En general, las facturas que pasaba a las empresas de su red familiar y otras sociedades oscilaban entre 8.700 y 139.000 euros. A veces, entregaba una por día, por valores de 20.000 euros. Hizo facturaciones a Malayo, Promoción y Gestión Carulas, Compavi de Protección Viguesa, Porteros y Controladores Industriales y Gestión Social Vigo. Esta última fue la que recibió la factura más elevada.

El segundo implicado, José Ramón, trabajaba por cuenta ajena para Excavaciones Lusogalaicas, que administraba la esposa de un primo del otro acusado. José Ramón se dio de alta en Reparación de maquinaria industrial en octubre del 2002 y se dio de baja dos años después.

En ese tiempo en que estuvo con el régimen simplificado del IVA y objetivo del IRPF, presentó facturas por valor de 1,03 millones, cobros que no se correspondían con servicios reales. Al igual que el otro implicado, no tuvo trabajador en nómina ni empresas de suministros, ni cargos por uso de vehículos o locales. Las empresas que aceptaron los recibos fueron Malayo, Lusogalaicas, GTG Ingenieros SL, Porteros y Vigilancia Galaica.