La Voz de Galicia

La crisis del «tax lease» se cierra con 2.000 millones de pérdidas en Galicia

El negocio destruido en 18 meses duplica el valor de las ayudas obtenidas en ocho años

 Si el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, cumple su palabra, el próximo martes, día 20, Bruselas aprobará el nuevo sistema de bonificaciones fiscales para la construcción naval en España.

La dicha es buena, pero llega tarde, porque en el año y medio transcurrido sin ningún tipo de incentivos a la contratación naval, los astilleros privados gallegos solo han logrado cerrar dos pedidos de gran tonelaje por valor de 200 millones, cuando su facturación media entre el 2006 y el 2010 no bajó de los 1.400 millones al año, según fuentes del Clúster Naval de Galicia, Aclunaga.

Proyectando estas cifras durante los 17 meses en que el antiguo tax lease ha estado (y lo sigue estando) expedientado por competencia desleal y el nuevo modelo permanecía bloqueado en los despachos de Bruselas dejando al sector prácticamente fuera del mercado, el resultado se traduce en una pérdida de facturación superior a los 2.000 millones de euros, según estimaciones de los propios astilleros, que no incluyen el coste en pérdida de mano de obra.

Penalización

Una vez aprobado el nuevo modelo de bonificaciones, queda pendiente de resolución el expediente al antiguo sistema que estuvo en vigor entre el 2002 y el 2010. El sistema permitió a los astilleros privados gallegos una facturación de 3.000 millones (8.700 en toda España), gracias a unas bonificaciones fiscales por valor de entre 900 y 600 millones (entre el 20 y el 30 % de los 3.000 millones, que es la tasa que permitía el antiguo tax lease).

Este máximo de 900 millones es la cantidad que el sector gallego y, por extensión, el Estado español como máximo responsable, tendrían que devolver si los servicios jurídicos de Competencia que llevan el expediente fallan en contra de España.

Fuentes conocedoras del proceso explican que uno de los argumentos en los que España basa su defensa ante Bruselas es que, en el año y medio de castigo al que ha estado sometido el sector, las pérdidas registradas por caída de la carga de trabajo duplican las ayudas a la contratación obtenidas mediante el antiguo tax lease (900 millones) en los 8 años que estuvo en vigor, con lo que la penalización, de haberla, ya estaría más que pagada. A la espera de una resolución, la ansiada autorización del tax lease supondrá la inmediata apertura de la ventanilla de Tributos, a través de la cual los astilleros podrán tramitar la contratación de construcciones incentivadas con la nueva fiscalidad, que establece bonificaciones para los armadores, y agrupaciones de interés económico que participen en cada operación de hasta un 20 %.

Un nuevo Fondo de Garantías Navales avalará la contratación de buques

Los astilleros agrupados en Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión) han puesto en marcha, con la aportación de las comunidades autónomas (País vasco, Galicia, Asturias) y del Gobierno de España, un nuevo sistema de avales que permita la contratación de buques.

Se trata del nuevo Fondo de Garantía Naval, un modelo que mantendrá la línea de concesión de garantías a los astilleros para facilitar la financiación de la construcción de buques. Pero a diferencia del antiguo fondo patrimonial, la nueva fórmula introduce criterios más rigurosos y profesionalizados en la concesión de garantías, al funcionar con principios de plena solidaridad del fondo, límites al grado de cobertura de las aprobadas y no concesión de avales a astilleros en crisis.

Esta herramienta financiera se considera esencial para el relanzamiento del sector de la construcción naval española en un momento en el que parece encauzado el expediente de la Comisión Europea en torno al sistema de tax lease.