La Voz de Galicia

Xunta y astilleros denunciarán a los países europeos con ayudas al naval

Guerra contradice a Rajoy y alienta una demanda por competencia desleal en el seno de la UE

La mejor defensa es un buen ataque, aunque llegue con diez meses de retraso. Astilleros y Xunta de Galicia han llegado a esta conclusión tras dar por agotada la infructuosa vía del diálogo con Bruselas en busca de un nuevo sistema de bonificación fiscal (tax lease) que permita la vuelta a la contratación naval en Galicia.

Contradiciendo al presidente Mariano Rajoy, que en respuesta parlamentaria al BNG el pasado mes de enero rechazó la posibilidad de demandar los incentivos al sector que utilizan otros Gobiernos europeos por considerarla «una estrategia poco apropiada», el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, anunció ayer en Vigo que la Xunta conjuntamente con los astilleros asociados en Aclunaga (Clúster Naval de Galicia) denunciarán ante Bruselas las ayudas vigentes en otros países de la UE al sector de la construcción naval por supuesta vulneración de la libre competencia respecto a España. «Hemos decidido prepararnos para defender nuestros derechos, demandando a otros países que facilitan la contratación de buques», afirmó Guerra en Vigo ante un aforo de empresarios, muchos de ellos del naval, convocados por el Fórum Europa.

Golpe en la mesa

La Consellería de Industria ha encomendado a un gabinete jurídico el estudio de los argumentos en los que se sustentará la denuncia que será llevada ante la propia Comisión de la Competencia que preside Joaquín Almunia contra los sistemas de bonificación que aplican otros países como Francia o la propia demandante, Holanda, «que impiden que los astilleros gallegos puedan contratar en igualdad de oportunidades que el resto del sector en Europa».

La demanda será suscrita por Aclunaga, ya que la Administración, como organismo público que es, no puede ejercer de denunciante ante Competencia.

Javier Guerra, que en un momento de su intervención reclamó «un golpe sobre la mesa del Gobierno de España», explicó que la ofensiva judicial trata de actuar sobre dos vías: por un lado, para defender el derecho de los astilleros a competir en igualdad de condiciones -ya que a día de hoy, hay países que sí están cerrando contratos, mientras que esa posibilidad permanece bloqueada para España-.

«Por otro lado, para evitar que la suspensión del tax lease tenga carácter retroactivo, lo que obligaría a los astilleros a devolver millones de euros, y los haría inviables, además de la inseguridad jurídica que conllevaría», dijo el conselleiro.

«Hemos decidido defender nuestros derechos y demandar a otros países que facilitan la contratación»

«Es imprescindible el máximo esfuerzo del Gobierno de España, que dé un golpe sobre la mesa»

Javier Guerra