Faro de Vigo

El bloqueo del Naval por el "tax lease", un asunto de Estado

Lo que comenzó siendo un embrollo legislativo con la Comunidad Europea (CE) a propósito del mecanismo de exenciones fiscales que España aplicaba en la construcción de buques, es decir, el ya popular tax lease, ha derivado hacia lo que lleva camino de convertirse en todo un pulso comunitario al Estado español, con la viabilidad del sector naval nacional en juego.

Bruselas comunicó el 29 de junio de 2011 la apertura de un expediente para verificar la compatibilidad de ese sistema con las normas europeas. Casi un año antes se sabía de su tramitación, con lo que para los astilleros españoles el mercado comenzó a complicarse, y de qué manera, hace ya dos años. Ahora están con el agua al cuello, nunca mejor dicho.

El tax lease se configura a partir de un complejo producto financiero en el que participan bancos (Caixanova, Banco Gallego, Banco Pastor, por ejemplo) y grandes contribuyentes (Inditex, en su momento; Corporación Dermostética, Ikea, Ferrovial, Aluminios Cortizo, por ejemplo). Explicado grosso modo, estos grandes contribuyentes crean una Agrupación de Interés Económico (AIE) que, junto con el banco correspondiente y una sociedad de leasing, intermedia entre la naviera que encarga el barco y el astillero que lo va a construir. En tal proceso, la AIE y el armador acumulan una serie de beneficios fiscales, como tributar por toneladas del barco. En la práctica, y para el caso que nos ocupa, supone un ahorro en el precio final del buque. Todos los países tienen mecanismos más o menos similares, y no se aplican exclusivamente al naval. También la construcción aeronáutica trabaja con ellos, por poner solo un ejemplo. Financiados y pagados con la fórmula del tax lease se construyeron en España durante la última década 273 barcos por valor de 8.727 millones de euros.

El expediente contra España se abrió atendiendo una denuncia de Holanda secundada por otros seis países, entre ellos Francia, Noruega, Finlandia y Portugal. Al parecer el detonante fue que desde Valencia (Unión Naval de Valencia y Boluda) se les arrebató a los holandeses la construcción de una partida de remolcadores para el puerto de Amberes (Bélgica) y su posterior explotación. Y que desde Bilbao (Naval de Sestao) se hizo lo propio con unas dragas encargadas por la belga Jan de Nul a las que optaba el gigante Damen. El caso es que, atendiendo tal reclamación, la CE considera al tax lease como una ayuda estatal ilegal que, además, solo beneficia a las empresas españolas, pues la denuncia incluye que los bancos niegan a las navieras extranjeras el acceso a este producto financiero. Es decir, que viola también las leyes de la libre competencia. En consecuencia, suspende su utilización.

Es cierto que el tax lease había despertado antes recelos en el exterior, y que en ocasiones fue aplicado de manera poco decorosa, por decirlo de alguna manera, pero la verdad última es que lo que se persigue con la denuncia es, fundamentalmente, quitarse de encima un país competidor, ni más ni menos.

Llevan camino de conseguirlo. Entre otras razones porque aquí ha habido quienes, ofuscados en el ardid político facilón, han perdido un tiempo crucial buscando a quien enjaretarle el muerto. Se denunció en su día que el anterior Gobierno no había presentado ninguna alternativa a las autoridades comunitarias y se dice ahora lo mismo del Ejecutivo actual. Y es verdad, pero solo media verdad. Entonces y ahora se han elevado propuestas concretas a la comisión técnica correspondiente. Al menos tres. Y si ninguna se trasformó en la lógica alternativa oficial fue porque sobre ninguna se alcanzó el acuerdo previo exigido para evitar un revolcón gratuito.

La última toma como referencia el modelo que aplica Francia, tal y como había aconsejado el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia Joaquín Almunia. Fue remitida a los técnicos comunitarios el 3 de marzo, y un mes después estos la devolvieron con exigencias que en la práctica limitan las bonificaciones fiscales a menos de un 3%, frente al 20%, aproximadamente, que disfrutan de media los demás países y que reclama España. El pasado 23 de abril Almunia y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, mantuvieron un encuentro en Bruselas que acabó con un rotundo fracaso, pese a las muchas expectativas que había despertado. Esta semana fue el responsable de Economía, Luis de Guindos, quien se entrevistó con el comisario.

Los expedientes comunitarios son extremadamente complejos. Ahí radica, precisamente, el primer gran pecado de las administraciones españolas y del sector. FARO advirtió ya en la primavera de 2010 del riesgo de que España se quedase sin el tax lease, al conocer de la existencia de la denuncia holandesa. Pero tuvo que pasar un año largo hasta que unos y otros comenzasen a moverse. Esos expedientes requieren siempre la anuencia de profesionales sumamente competentes y el apoyo firme de la Administración afectada para tener alguna posibilidad de conseguir una resolución favorable a los intereses de los operadores económicos afectados. Así es como funciona Bruselas, y, a la vista de los resultados, está claro que algo no se ha hecho bien. El Gobierno anterior minusvaloró el problema. El actual aún desconoce cómo solventarlo. La Xunta, plenamente consciente de la gravedad de la situación, llegó a poner en boca de su conselleiro de Industria que en abril estaría resuelto. Ese mismo conselleiro anuncia ahora que se denunciarán las bonificaciones fiscales aplicadas en otros países. La patronal gallega del sector, el pasado viernes, y en su día el propio presidente del Gobierno se han mostrado contrarios a recurrir a una vía judicial que deja cualquier calendario de solución en el puro limbo e, inevitablemente, trae a la mente el clásico y cínico aforismo de "pleitos tengas y los ganes".

El dedo inquisidor de las administraciones central y autonómica así como el de los representantes del sector señala a Almunia como el único capaz de sortear el muro infranqueable en que aseguran se ha convertido la dirección general comunitaria de la Competencia, dependiente de él. Unos le atribuyen desafección hacia un problema nacional y otros, sencillamente, una actitud de manifiesto obstruccionismo. En nada ha cambiado el parecer que Competencia muestra con el actual gobierno español al que expresó con el anterior, así que no cabe atribuirle intencionalidad política. Dar pábulo a cualquier otra, que también las hay, exige aportar unas pruebas que nadie ha presentado. Lo cierto es que a día de hoy no ha ofrecido aún ninguna explicación pública más allá de reiterar que espera una propuesta oficial, lo que en la práctica equivale a un silencio cada día más estruendoso.

El sector sabe mejor que nadie que el tax lease no es el único problema ni del naval español, en general, ni del gallego en particular; que muchos astilleros, no todos, afortunadamente, arrastran años de gestión nefasta; que está excesivamente atomizado, carente de liderazgo corporativo, y al albur de unas administraciones que en vez de apostar por los mejores las más de las veces intentan arreglarlo todo con avales y más avales, y eso las que lo hacen, como la actual Xunta; que la huelga de la primavera de 2009 fue tan gratuita como irresponsable y dañina; que hubo quienes contrataron a sabiendas buques por debajo de su precio real para que la bola siguiera rodando, ejecutivos que además se han marchado de rositas, y eso los que se han marchado, que otros siguen; que, desgraciadamente, hay quien quiere convertir el tax lease en una especie de falso bálsamo de Fierabrás tras el cual ocultar todas esas vergüenzas… Todo lo sabe el sector mejor que nadie. Pero, dicho eso, lo cierto es que ahora la supervivencia del naval depende de hallar una alternativa al tax lease.

Apenas queda tiempo ni resquicios técnicos para seguir negociando. Sin hallar un nuevo régimen fiscal razonable, estable y respaldado por Bruselas ni siquiera tiene sentido plantearse la amenaza de la disparatada retroactividad que podría tener el expediente. O España se arremanga y lo pone sobre la mesa de los asuntos de Estado o la suerte estará echada. No se trata de reclamar privilegios, sino igualdad de condiciones para competir. Se puede funcionar sin tax lease, sí, pero a condición de que los demás países tampoco lo utilicen. Sencillamente, eso o España habrá dado una puntilla de muerte a un sector que emplea varias decenas de miles de personas y factura varios miles de millones de euros al año, casi la mitad de todo ello, por cierto, en Galicia.