Defraudar más de 120.000 euros es un delito penado con 5 años de cárcel
Los imputados en la trama de Las 5 Jotas podrían enfrentarse a entre uno y cinco años de cárcel por cometer, supuestamente, un delito fiscal de más de 120.000 euros. Las multas pueden ser seis veces mayores que la cuantía eludida al pago de tributos.
Aquí entran tanto el dinero que el implicado no ingresó en las arcas del Estado pese a la obligación de hacerlo, como las cantidades retenidas, los ingresos a cuenta de retribuciones en especie tras obtener indebidamente devoluciones o disfrutar de beneficios fiscales sin tener derecho a ello. Así lo establece el artículo 305 del Código Penal.
El castigo se aplica en su tramo más alto, de 3 años y medio a cinco años, si se usa a un testaferro o persona interpuesta para ocultar su identidad.
Otro motivo para aplicar la pena más alta es cuando, como en este caso, el fraude es de especial trascendencia o gravedad o existe una estructura organizada que afecte a varios contribuyentes. Los condenados por delito fiscal perderán su derecho a pedir subvenciones durante un período de 3 a 6 años.
Falsedad documental
El juzgado también imputa un delito por falsedad documental a muchos de los implicados. Está castigado con 6 meses a tres años de prisión si el infractor es un particular que altera un documento mercantil, lo simula para hacer creer que es auténtico o supone un acto inexistente.
Una clienta quiso embargar y se topó con que «no tenían nada a su nombre»
María del Carmen Hernández recibió por SMS la noticia de que varios accionistas de la empresa Las 5 Jotas estaban imputados en un supuesto fraude fiscal. «No me sorprendió, después del calvario que he pasado en estos años. No me pagaron por sus tramas», relató ayer a La Voz desde Madrid. Esta mujer, según explica en foros de Internet y en Facebook, intenta cobrar sin éxito una indemnización desde hace una década a Las 5 Jotas porque «no tienen nada a su nombre».
Según cuenta, encargó una casa de madera a la firma que fue construida en Gijón en 1999. Poco después, un juez la declaró en ruina. Hubo un acuerdo por conformidad sellado en una sentencia en firme para recibir una indemnización. Pero con la sentencia en la mano empezaron los problemas para cobrar. Hernández explicó ayer que ganó en el 2005 e intentó cobrar la indemnización de 60.000 euros, pero descubrió que los accionistas de Las 5 Jotas apenas tenían nada a su nombre y que no podían embargar sus bienes.
María del Carmen pidió datos de la empresa en el 2008 en un foro de Internet, donde otros internautas le aseguraron que, supuestamente, la empresa cambiaba cada año de nombre societario, y otros que estaba todo a nombre de un socio.
Laberinto
Según relata, la única referencia para dirigir escritos a la entidad era la sede de Cangas, «la única que figura», pero no lograron embargarla tras toparse con un «laberinto» legal. El matrimonio afectado buscó otras propiedades de la firma pero, según denuncia, no encontró nada. «Un día, viajé desde Madrid a Vigo para investigar en el Registro de la Propiedad pero no encontré nada a su nombre [de los accionistas] salvo unos montes sin valor a nombre de un socio», explicó la reclamante.
Recuperar el dinero
A día de hoy, María del Carmen y su marido no han cobrado nada, según explican, por causa de esa laguna. «Solo percibimos en su día lo que acordamos con el aparejador y el arquitecto. Por eso, queremos que nuestro caso se conozca y recuperar el dinero que perdimos», dice.
Esta afectada desconocía que la fabricante de casas de madera estuviese implicada en una red de facturas falsas.
«Que se haga justicia, ya llevan desde el 2009 a vueltas con esto»
Jacobo Costas, socio de Las 5 Jotas, se declara inocente.
Los juristas consideran que el núcleo de la trama está en algunos de los accionistas de la fabricante de casas de madera Las 5 Jotas. Un hermano y socio, Jacobo Costas, prefería ayer no hablar ayer del asunto y guardar silencio, pero aclaraba que está atravesando por un calvario judicial que no parece tener fin.
Jacobo reclama que las cosas se aclaren debidamente. «Quiero que se haga justicia», dice para proclamar su inocencia. El empresario piensa que el proceso se dilata en el tiempo y no tiene visos de acabar: «Ya llevan desde el 2009, son dos años a vueltas con esto».
La empresa es conocida como Las 5 Jotas pero en su web figura con la denominación de Fábrica de Casas de Madeira, S.?L. Según datos del registro, en el 2008 facturaba 2,79 millones. La firma tiene 20 años pero fue fundada en los años 60 por Julio Costas en Vigo. Tomó el nombre de Las 5 Jotas por la inicial del nombre de su fundador y cuatro hijos.
Negocio familiar
Según datos de la web oficial, la carpintería inicial se transformó en la actual factoría de más de 15.000 metros cuadrados que fabrica e instala todo tipo de edificaciones, pero sobre todo viviendas unifamiliares como primera residencia. Ese era el negocio principal pero, según fuentes de Hacienda, en los últimos años «algunos se dedicaron a algo más que a las casas de madera». La Agencia Tributaria sigue la pista de todo el entramado de sociedades e inversiones que parecen tener su origen en este negocio familiar. Será la jueza quien determine qué grado de responsabilidad tienen los socios, si es que la tienen.
Otras fuentes confirmaron que varios de los accionistas están imputados aunque, por el secreto de sumario, no han trascendido los nombres. La defensa de uno de los principales implicados prefiere guardar silencio.
Uno de los hermanos, Julio, recibió una brutal paliza en el 2008 cuando unos encapuchados, que identificó como un grupo del Este, asaltó un chalé de exposición en busca de la caja fuerte. A Julio lo encerraron en el baño de un sótano pero, en un descuido, burló la vigilancia. La empresa sufrió otro varapalo en el 2003, cuando se incendió uno de sus inmuebles.
«El fraude fiscal va a más con la crisis y solo detectamos el 17 %»
La emisión de facturas por trabajos que no se han hecho, o que se han llevado a cabo pero por un precio real menor, es tan común que los técnicos de Hacienda consideran dicha práctica como parte de la cultura empresarial del país. José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda, admite que casos como el que se investiga en Vigo son muy frecuentes, pero los que se llegan a probar son solo la punta de un iceberg que en España se cifra en 88.000 millones de euros.
-¿El método de supuesto fraude que se acaba de descubrir en Galicia es novedoso?
-Es un caso típico que se da con demasiada frecuencia para reducir la factura fiscal y repartir las cantidades supuestamente gastadas entre los socios de las empresas implicadas. Ese tipo de redes siempre han existido, especialmente durante los años buenos de la construcción. Detrás de cada declaración de compra de vivienda a un precio menor del real existía una cadena de fraude con facturas infladas de obras que a veces no se habían realizado siquiera.
-Pero para disfrazar diez millones de euros como en el presunto caso de Vigo hace falta conocimiento tributario.
-Suele tratarse de estructuras complejas, organizadas por una persona cuya profesión es o ha sido la de asesor fiscal y que conoce el estado real y necesidades de multitud de empresas. Saben dónde ofrecer facturas falsas y reciben entre un 3 y un 4 % de comisión en operaciones en las que el volumen de fraude ronda el 43 %.
-Si desde Hacienda se conoce con tanto detalle hasta el precio de los intermediarios, ¿por qué no se detectan más actuaciones fraudulentas?
-La carga de la prueba nos corresponde a nosotros y no es fácil demostrarla fehacientemente. La limitación en el pago en metálico acabaría con este tipo de fraude. Cuando se controló el movimiento de billetes de 500 euros se detectaron doce mil pagos de más de 1,5 millones de euros en metálico. Por eso creemos que hay que limitar a mil euros el máximo que se debería permitir pagar en moneda, sería una buena herramienta contra el fraude.
-¿Nota cada vez más miedo a Hacienda?
-El fraude fiscal va a más con la crisis y solo detectamos el 17 % del que creemos que hay. Es decir, que el 83 % del dinero que escapa al fisco queda impune, aunque es cierto que también se está se logrando recaudar cada vez más, pero vigilando en su mayoría a los que ya declaran. Solo el 20 % de nuestros efectivos investigan a las grandes fortunas. Los objetivos de la agencia ya se cubren con el control del 80 % restante.
josé maría mollinedo técnico de hacienda
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