Hacienda investiga a más de 200 firmas por el millonario fraude fiscal de las facturas falsas
Empresarios de construcción de obra pública, entre el centenar de imputados
La trama del millonario fraude fiscal mediante facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo y en la que están implicadas medio centenar de empresas privadas, la mayoría del sector de la construcción, asciende ya a cien imputados según los datos facilitados por el propio juzgado instructor al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Otras 60 personas más prestaron declaración también como imputadas, si bien tras el interrogatorio se retiró la acusación contra ellas.
La Agencia Tributaria audita a a más de 200 empresas por su presunta relación con la trama y sigue presentando nuevas denuncias que se unen a la causa, por lo que el numero de imputados podría incrementarse sensiblemente. Lo mismo ocurre con la cantidad presuntamente defraudada, que ya rondaría los 10 millones de euros aunque un acta de Hacienda que obra en la causa la eleva a 50 millones de euros, lo que convertiría el caso en uno de los mayores fraudes fiscales destapados en Galicia.
La acusación centraliza la trama emisora de facturas ficticias en la firma viguesa de casas prefabricadas Las Cinco Jotas, de los hermanos Costas, y en su grupo de empresas dedicado a proyectos inmobiliarios y a subcontratas. Estas firmas habrían emitido facturas falsas a numerosas empresas –muchas de ellas adjudicatarias de obra pública en Galicia– que incrementaban así sus gastos de forma ficticia y reducían también ficticiamente sus beneficios, lo que conllevaba un menor pago de impuestos de IVA y de Sociedades.
Uno de los presuntos cabecillas de la trama, accionista de Las Cinco Jotas, habría justificado ante la juez la emisión de algunas facturas irregulares en aras de obtener futuras contrataciones y trabajos por parte de las empresas beneficiadas, según pudo saber este periódico.
Entre los 60 implicados iniciales a los que se retiró la imputación tras su declaración judicial, se encuentran numerosos ciudadanos rumanos, dados de alta como autónomos, y que a su vez emitirían facturas al grupo de Las Cinco Jotas para compensar en el apartado de gastos su elevada facturación. Sin embargo estos trabajadores extranjeros serían ajenos al entramado y por eso se les retiró la acusación.
Las empresas implicadas tienen sus sedes en distintos puntos de Galicia, aunque la mayoría se ubican en Vigo, la provincia de Pontevedra y la de A Coruña. Entre ellas figuran algunas de las más importantes del sector, según fuentes conocedoras del caso que cifrarían lo defraudo por algunas de estas firmas en cientos de miles de euros, superando en algunos casos con creces el millón.
Algunas de las firmas investigadas no han sido imputadas al no superar el fraude los 120.000 euros que se requiere para considerarse delito fiscal y han llegado a acuerdos administrativos con Hacienda para pagar y regular su situación. Otras, con pequeñas defraudaciones, siguen sin embargo imputadas penalmente por presunto delito de falsedad en documento. Muchos de los implicados todavía no han declarado en el juzgado.
Debido a lo complejo del caso la instrucción podría alargarse durante todo el año 2012, dado que todavía se está en la fase de toma de declaraciones y se investiga sobre las condiciones en que se producían las facturas supuestamente falsas.
El elevado número de imputado y de testigos, más de 300 personas, ha llevado al Juzgado de Instrucción 6 a fijar un día a la semana para los interrogatorios. De momento hay fechas fijadas hasta el próximo mes de julio y si el número de imputados sigue creciendo –como parece al ampliarse el número de las denuncias presentadas por la Agencia Tributaria–, el cierre de este procedimiento formado ya por miles de folios y casi 30 tomos, tendrá que demorarse.
La Agencia Tributaria audita a a más de 200 empresas por su presunta relación con la trama y sigue presentando nuevas denuncias que se unen a la causa, por lo que el numero de imputados podría incrementarse sensiblemente. Lo mismo ocurre con la cantidad presuntamente defraudada, que ya rondaría los 10 millones de euros aunque un acta de Hacienda que obra en la causa la eleva a 50 millones de euros, lo que convertiría el caso en uno de los mayores fraudes fiscales destapados en Galicia.
La acusación centraliza la trama emisora de facturas ficticias en la firma viguesa de casas prefabricadas Las Cinco Jotas, de los hermanos Costas, y en su grupo de empresas dedicado a proyectos inmobiliarios y a subcontratas. Estas firmas habrían emitido facturas falsas a numerosas empresas –muchas de ellas adjudicatarias de obra pública en Galicia– que incrementaban así sus gastos de forma ficticia y reducían también ficticiamente sus beneficios, lo que conllevaba un menor pago de impuestos de IVA y de Sociedades.
Uno de los presuntos cabecillas de la trama, accionista de Las Cinco Jotas, habría justificado ante la juez la emisión de algunas facturas irregulares en aras de obtener futuras contrataciones y trabajos por parte de las empresas beneficiadas, según pudo saber este periódico.
Entre los 60 implicados iniciales a los que se retiró la imputación tras su declaración judicial, se encuentran numerosos ciudadanos rumanos, dados de alta como autónomos, y que a su vez emitirían facturas al grupo de Las Cinco Jotas para compensar en el apartado de gastos su elevada facturación. Sin embargo estos trabajadores extranjeros serían ajenos al entramado y por eso se les retiró la acusación.
Las empresas implicadas tienen sus sedes en distintos puntos de Galicia, aunque la mayoría se ubican en Vigo, la provincia de Pontevedra y la de A Coruña. Entre ellas figuran algunas de las más importantes del sector, según fuentes conocedoras del caso que cifrarían lo defraudo por algunas de estas firmas en cientos de miles de euros, superando en algunos casos con creces el millón.
Algunas de las firmas investigadas no han sido imputadas al no superar el fraude los 120.000 euros que se requiere para considerarse delito fiscal y han llegado a acuerdos administrativos con Hacienda para pagar y regular su situación. Otras, con pequeñas defraudaciones, siguen sin embargo imputadas penalmente por presunto delito de falsedad en documento. Muchos de los implicados todavía no han declarado en el juzgado.
Debido a lo complejo del caso la instrucción podría alargarse durante todo el año 2012, dado que todavía se está en la fase de toma de declaraciones y se investiga sobre las condiciones en que se producían las facturas supuestamente falsas.
El elevado número de imputado y de testigos, más de 300 personas, ha llevado al Juzgado de Instrucción 6 a fijar un día a la semana para los interrogatorios. De momento hay fechas fijadas hasta el próximo mes de julio y si el número de imputados sigue creciendo –como parece al ampliarse el número de las denuncias presentadas por la Agencia Tributaria–, el cierre de este procedimiento formado ya por miles de folios y casi 30 tomos, tendrá que demorarse.
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