La Voz de Galicia

Los empresarios reclaman soluciones a la paralización del «tax lease»

Los representantes de la patronal abogan por la «unión empresarial, sindical y de la sociedad civil» para solucionar el conflicto laboral.

Colectivos empresariales de la provincia de Pontevedra han reclamado al Gobierno central «una solución» a la paralización por parte de la UE del sistema de exenciones fiscales 'tax lease' para los astilleros españoles, por ser un «ataque directo» a la economía gallega.

En una rueda de prensa conjunta, representantes de entidades como la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), la Cámara de Comercio de Vigo o Factorías Vulcano, han coincidido en que «existen soluciones» y han abogado por «la unión empresarial, sindical y de la sociedad civil». Así, el presidente de la CEP, José Manuel Fernández Alvariño, ha señalado que la suspensión por parte de las autoridades de la UE del sistema de exenciones fiscales denominado 'tax lease' es un «ataque a la economía gallega, tanto para el sector naval como para la pesca». Alvariño dijo no comprender la postura de los sindicatos con el paro parcial de ayer, por ser un «abandono» de los puestos de trabajo. También ha indicado que enviaron cartas al comisario Almunia y la ministra Elena Salgado mostrándoles su preocupación por esta situación. «Así como el Gobierno tuvo sensibilidad extrema con el tema del carbón, exigimos lo mismo para el naval», ha remarcado.

Por su parte, el presidente de Asime, Julio Gómez, ha señalado que la situación actual «es un palo» que supone «una desgracia» y ha advertido de «todo lo que va a venir si este problema no se resuelve». Gómez ha afirmado que resulta «difícil de entender» que se pueda realizar un paro, como sucedió ayer, «con el poco trabajo que tenemos, que debemos aprovechar al máximo». En este sentido, se ha referido a la «imagen» que se proyecta hacia el exterior con este tipo de actos reivindicativos y ha abogado por «meditar bien» este tipo de marchas que «van contra todos».

El gerente de Factorías Vulcano y responsable de Aclunaga, José Domínguez, se ha referido al 'tax lease' como un sistema que se utiliza en «muchos países» y que «no es exclusivo de España», donde se emplea desde hace nueve años. Resaltó que la apertura de este procedimiento en Bruselas ha provocado «la práctica paralización de la posibilidad de contratar» y que esta situación «agrava enormemente los problemas del naval», tanto para astilleros como para la industria auxiliar. «De alargarse, esta situación podría significar el fin del sector naval en España tal y como lo entendemos», ha advertido. Por todo ello, ha pedido al Gobierno central «la máxima celeridad para encontrar soluciones» de modo que se puedan firmar nuevos contratos en este sector. A su juicio, una «cuestión administrativa» no puede «tener paralizado al sector».

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, José García Costas, ha reclamado a los políticos «que marquen el camino adecuado y no pongan trabas», porque son las empresas «las que generan puestos de trabajo». Ha añadido su deseo de que haya «un periodo transitorio» y ha recordado que, dentro de la UE, sólo España tiene «interrumpido» el 'tax lease'. «Es imposible contratar un barco que transporte algo si no hay las ayudas financieras que aporta el 'tax lease'», ha resaltado. Finalmente, ha pedido al Gobierno que «acelere» la resolución del problema y ha señalado que «hay soluciones para resolverlo», como la aplicación de un artículo en la legislación «que ya se aplicó en otros casos».

Barreras suspende pagos y se convierte en la primera víctima del fin del «tax lease»

El astillero afirma que con la bonificación fiscal hoy tendría trabajo en las gradas

El mismo día en el que el naval de Vigo salió a la calle para pedir una salida a la agónica situación del sector, Hijos de J. Barreras, el mayor astillero privado de España, con 135 trabajadores en nómina y 2.000 más en auxiliares que dependen directamente de su actividad, se acogió ayer a un concurso voluntario de acreedores. La firma está asfixiado por una deuda de 62 millones de euros (cifra reconocida por la dirección al comité de empresa) y tiene un buque en la cartera de pedidos, firmado con la naviera Armas, que no puede construir después de que el Ministerio de Economía, a instancias de Bruselas, paralizara el sistema de bonificación fiscal (tax lease) que facilitaría su financiación.

«Barreras tendría en estos momentos ocupación en sus gradas y trabajos en curso que desgraciadamente han quedado en suspenso en el último momento, por problemas derivados de la supresión del tax lease, afirmó ayer el astillero vigués en un comunicado en el explica que «la obligación» de acudir al amparo de la Ley Concursal «tiene como fin único salvar la empresa», a la espera de que la autoridades españolas y comunitarias encuentren una solución que sitúe a los astilleros españoles «en línea de competencia en el mercado naval y nos permita en breve volver a situarnos en la cima de la construcción naval privada española».

Quiebras en cadena

Es la primera vez, desde el proceso de privatización en 1998, que Hijos de J. Barreras se encuentra sin carga de trabajo. En los 13 años de actividad en el sector privado, el astillero ha construido 45 buques por valor de 2.600 millones de euros, una actividad que se traduce en más de 50 millones de horas de trabajo para la industria auxiliar, la misma que soporta el 90 % de la deuda contraída por el astillero y que, según ha alertado su patronal, Asime, se verá abocada de forma inminente a una cascada de suspensiones de pagos y regulaciones de extinción de empleo.

Movilizados por este escenario de incertidumbre, varios miles de trabajadores de astilleros y auxiliares se manifestaron ayer por las calles de Vigo y se concentraron ante la sede de la Xunta para reclamar la implicación ciudadana en un problema que amenaza 10.000 empleos directos, el 70 % de los cuales están actualmente regulados con expedientes temporales.

Los líderes sindicales reprobaron la actitud de la ministra de Economía, Elena Salgado, que el pasado miércoles descartó en el Congreso la posibilidad de habilitar alguna bonificación fiscal transitoria para los astilleros hasta que Bruselas no resuelva el expediente abierto al naval español por supuesta competencia desleal. «Sabemos hacer barcos y sabemos venderlos», clamaron los sindicalistas que lanzaron una llamada a la participación en la manifestación convocada para el jueves 21 .

La Xunta propone que la suspensión del sistema no tenga efectos retroactivos

El Gobierno gallego pedirá al Ejecutivo de Zapatero que mueva ficha ante la UE para buscar soluciones a la situación del sector naval. El motivo, la suspensión del tax lease, el sistema español de arrendamiento fiscal para la contratación de buques.

Galicia pretende que la suspensión no tenga efecto retroactivo, de forma que no penalice a los barcos en construcción o que se acaben de entregar, y conseguir habilitar ese sistema sustitutivo. Se trata, resaltó, «de acabar con la incertidumbre que afecta a los contratos ya firmados». La alternativa de la Xunta consiste en eliminar la vía de la amortización fiscal anticipada a partir de la firma del contrato, e implantar en su lugar un modelo de amortización libre que se pagaría en el momento de finalización del buque. Feijoo, que defendió que es un modelo compatible con los principios de competencia de la UE, se mostró irónico sobre las críticas de Salgado, que acusó al PP de hacer populismo con el naval: «O veredito dos 15.000 traballadores do naval é moito máis importante que o dun membro do Goberno».