La Voz de Galicia

La Xunta propone al Gobierno sustituir el «tax lease» por otras ayudas al naval

El sistema se aprobaría por real decreto y sería compatible con la legislación europea vigente.

Gobierno central, empresarios del naval y Xunta coinciden en algo por primera vez desde que esta semana estalló la crisis de las ayudas a la construcción de buques. Las tres partes están convencidas de que la investigación abierta por Bruselas declarará irregular el tax lease español, un sistema de descuentos que rebaja hasta un 30 % la fiscalidad normal de los buques fabricados en España, y que permanece bloqueado desde el 1 de julio, amenazando el futuro de un sector que emplea a 15.000 personas en Galicia y factura por encima de los 1.100 millones de euros, casi el 50 % del negocio en todo el país.

En el 2006 ocurrió lo mismo con unas bonificaciones casi idénticas en Francia. La investigación duró dos años y acabó aboliendo el sistema.

Xunta y empresarios quieren anticiparse ahora a los acontecimientos y trasladar al Ejecutivo de Zapatero una posible solución. Aceptarían un cierre «acelerado» (en un máximo de tres meses) de la investigación que dirige el comisario español Joaquín Almunia, con efectos negativos para el tax lease, a cambio de que Bruselas no aplique un carácter retroactivo a su resolución y obligue a devolver las bonificaciones, lo que abocaría al sector a la quiebra. Ello sería posible solo si la UE acepta que armadores, inversores y constructores navales actuaron bajo el principio de «confianza legítima», contemplado en el derecho comunitario vigente.

En paralelo, sugieren aprobar un sistema de ayudas alternativo para el naval, algo en lo que también coincide el Gobierno. Pero el Ministerio de Economía trabaja en una alternativa que sugiere un leasing a cinco años (ahora son tres), y que implicaría un beneficio fiscal de un 30 % a través de amortizaciones degresivas (pagando más al principio que al final), basado, como hasta ahora, en un régimen de tonelaje.

La fórmula disgusta a los empresarios, que la consideran una estructura «demasiado larga en el tiempo» y «poco atractiva» para armadores e inversores. En cambio, están más alineados con la propuesta de la Xunta. La consellería de Industria tiene diseñado un modelo que elimina la vía de la amortización fiscal anticipada y la reemplaza por una amortización libre, a pagar en el momento de la terminación del buque y manteniendo el régimen de tonelaje.

El Gobierno gallego considera que este método mejoraría el actual, podría aprobarse mediante un real decreto, sin modificaciones legislativas importantes, y además encajaría con las leyes comunitarias en vigor y sería más parecido a sistemas utilizados en otros países.

La Consellería de Industria preparará esta semana alegaciones para incorporar al expediente comunitario y las pondrá a disposición de los empresarios y del Gobierno central. El conselleiro, Javier Guerra, también trasladará a Madrid la citada nueva fórmula de ayudas.

Bruselas dice que los afectados serían armadores extranjeros y no astilleros gallegos

Una de las grandes dudas de sindicatos, empresarios y políticos gallegos es saber si desde Bruselas o Madrid se está comprendiendo la gravedad de un bloqueo del tax lease. En la práctica, esta paralización imposibilita firmar nuevos contratos en astilleros españoles, justo en el peor momento de la crisis.

El viernes, el Ministerio de Economía evidenció el distinto prisma con el que se está enfocando el problema desde Galicia y desde la Unión Europea. En una reunión con los estructuradores financieros y los empresarios, preocupados por la posible retroactividad de la investigación del tax lease, el subdirector de Tributos aclaró que, según el gabinete de Joaquín Almunia, esta devolución de las bonificaciones «afectaría a los armadores extranjeros y no a los astilleros españoles».

Los empresarios hicieron saber al Gobierno que cualquier armador denunciaría el contrato si le ocurriese esto, además de no volver a contratar buques en España, por «una lógica desconfianza» hacia el país.