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12 de julio de 2011

La Opinión de la Coruña

Patronal, sindicatos y Xunta urgen al Gobierno a fijar nuevas ayudas para el naval

Trabajadores de Barreras inician un encierro indefinido en las instalaciones del astillero

 Empresarios, sindicatos y administración autonómica coincidieron ayer en exigir que se resuelva con urgencia el expediente sobre el tax lease, el sistema bloqueado por la UE desde este mes y que se concreta en bonificaciones para la construcción naval y rebaja hasta un 30% la fiscalidad de los buques construidos en astilleros españoles. Además, las tres partes coincidieron en pedir que se dictamine la legalidad de las ayudas al menos en obras ya realizadas o en curso.

Los integrantes de la Mesa de Diálogo Social Gallego del sector naval -una de las dos mesas sectoriales de diálogo social constituidas en Galicia, junto con la de la automoción- coincidieron ayer durante su reunión en la sede de la Consellería de Economía e Industria, en Santiago. En la mesa, presidida por la Xunta, participan los responsables de las federaciones del naval de UGT y CCOO, además de la patronal, representada por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asime).

Algunos de los asistentes a la reunión explicaron que, además de la unanimidad en la urgencia de la resolución del expediente del tax lease y del dictamen de su legalidad, los integrantes de la Mesa coincidieron en considerar la legalidad del sistema fiscal vigente tanto para las obras ya realizadas como para aquellas que se encuentran en curso. "Que se dictamine que es legal por lo menos hasta el momento y basándose en el principio de la buena fe negocial y de la confianza legítima recogidos en los principios constitutivos de la Comisión Europea", indicaron asistentes a la reunión de la mesa del sector naval.

Las mismas fuentes indicaron que se decidió además comunicar al Ministerio de Industria que "se debe comenzar ya a preparar un nuevo sistema fiscal o un nuevo régimen de ayudas de Estado a la construcción naval, igual o similar al que rige ya en otros países de la UE, como Alemania, Francia, Holanda o Italia, que se busquen fórmulas para las construcciones futuras".

Patronal, sindicatos y administración gallega también coincidieron de forma "unánime" en exigir al Ministerio de Industria y a la Dirección General de Tributos que las negociaciones que se lleven a cabo sobre estas cuestiones estén lideradas por representantes "del máximo nivel" en el Ministerio, por el propio ministro o por el director general de Industria, para "que sean ellos mismos los que tomen las riendas de estas negociaciones con la UE porque es un asunto que requiere el máximo interés".

Mientras, desde la representación sindical ya se anuncian movilizaciones en defensa del sector naval, que se concretarán esta misma mañana y que ayer por la tarde acordaron y perfilaron las uniones comarcales de los sindicatos CCOO, UGT y CIG, representadas por sus secretarios generales, junto con los máximos responsables de las federaciones de Industria y Metal de los tres sindicatos y los responsables del sector naval.

Una treintena de trabajadores del astillero Barreras, por su parte, decidió ayer, tras asistir a la asamblea diaria, iniciar un encierro indefinido en las instalaciones de la empresa en Beiramar para exigir soluciones de futuro para su astillero, abocado al concurso de acreedores, con casi toda su plantilla en ERE, sin carga de trabajo y con las contrataciones bloqueadas por la suspensión del tax lease.

Ayer por la tarde, antes de decidir su ubicación para pernoctar en el astillero, los trabajadores recibían el apoyo de otros compañeros y esperaban que se sumen al encierro otros miembros de la plantilla, de 130 personas, según indicó uno de los encerrados.

La finalización de la construcción en O Porriño (Pontevedra) del mayor centro de aplicación de láser industrial de España sufrirá un retraso de un año, hasta el 31 de diciembre del próximo año, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la decisión de la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (Aimen) -que promueve esta iniciativa- de optar por "un sistema de elección de arquitectos proyectistas mediante el desarrollo de un concurso de ideas, que obligan al cumplimiento de una serie de plazos y tiempos no previstos inicialmente" en el convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consellería de Economía e Industria y la propia Aimen para este proyecto.

La disposición publicada ayer explica que otra causa de la revisión de los plazos del proyecto ha sido el "retraso en los trámites inherentes a la concesión de la pertinente licencia de obra" motivado por los propios trámites internos del Ayuntamiento, el cumplimiento del necesario requisito de exposición pública y la obtención de la autorización por parte de las autoridades medioambientales.

La revisión de los plazos del proyecto obliga también a replantear la distribución anual de las cantidades fijadas para costear la obra y se fija el 31 de diciembre del próximo año como límite para la ejecución del proyecto, cuando se preveía para el 31 de diciembre de 2011.

El futuro Centro de Aplicaciones Láser (CAL) se ubicará en O Porriño y será el mayor de toda España. Tendrá una superficie de 4.000 metros cuadrados y contará con 52 investigadores.

El proyecto supondrá una inversión de 10,1 millones de euros, en la que se incluirá el equipamiento de última tecnología.

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