Atlántico Diario

La oficina de Almunia: “No queremos dañar a los astilleros, depende de España”

La Comisión Europea aclaró ayer que la investigación que acaba de abrir sobre los beneficios fiscales de los que goza el naval español no es sobre el sector, sino sobre las ayudas que concede el Gobierno de Zapatero.

“No queremos hacer daño a los astilleros”, explicó la portavoz de Competencia, Amelia Torres, en declaraciones a este diario.

Competencia insiste en remitirse al comunicado emitido el pasado día 1, que señala que la investigación trata de verificar si “el régimen español de arrendamiento fiscal para la adquisición de buques es compatible con las normas de la UE en materia de ayudas estatales”.

La portavoz del departamento que dirige el español Joaquín Alumnia -comisario europeo de Competencia- señala que “no es fácil” saber cuánto durará el proceso, pero que los casos de ayudas estatales “suelen ser complicados”. No obstante, indica que la intención de la Comisión Europea “es resolver el asunto cuanto antes”. “Lo que está claro es que la CE avanza lo más rápido posible, ahora depende de España”, explica.

Bruselas entiende que este régimen fiscal -que también usan otros países europeos- posibilitaría que compañías navieras adquirieran buques a un precio entre un 20 y un 30 por ciento inferior a los precios del mercado.El Ejecutivo comunitario sostiene que el régimen español permitiría que una empresa de transporte adquiriese un barco a través de una estructura contractual y financiera compleja y no directamente a un astillero, a un precio hasta un 30 por ciento inferior a los precios de mercado.

Así lo comunicó la CE el pasado 1 de julio con un escrito en el que el comisario Joaquín Almunia declaraba que “la apertura de la investigación no cuestiona el principio de este impuesto”, pero que la Comisión “debe garantizar que este régimen español no excede de lo permitido por la normativa de la UE y no crea falseamientos indebidos de la competencia en el mercado interior”.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno español, que tiene menos de un mes -el plazo se abrió el 1 de julio- para presentar alegaciones a la investigación abierta por la Unión Europea. Ésta se puso en marcha a raíz de una denuncia interpuesta por diversas asociaciones de astilleros de varios países europeos -capitaneadas por Holanda-, que denunciaron que el 'tax lease' empleado en España suponía una competencia desleal.

Este sistema se emplea en Francia, Italia, Alemania y Dinamarca por lo que la Xunta pedirá que sea igual para todos o que se investigue a esos países.