La Voz de Galicia

El juez Pablo Ruz impone al actual presidente de Damm una fianza de 253,6 millones de euros

El magistrado también reclama 511 millones a su padre, Demetrio Carceller Coll y expresidente de la cervecera

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado diez días de plazo al expresidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, y a su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce, para que depositen 511,192 millones de euros y 253,653 millones de euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil y multas que se piden para ellos como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales.

En un auto dado a conocer este lunes, el juez abre juicio oral contra los dos empresarios y otras dos personas y da veinte días a las acusaciones para que formulen acusación y propongan prueba. El pasado 3 de octubre ya se pronunció la Fiscalía Anticorrupción, solicitando penas de 48 años y seis meses para el expresidente y 14 años para el actual responsable de la cervecera.

Las cantidades solicitadas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 supera con creces las solicitadas por Anticorrupción, que eran de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid, a la que deberán responder solidariamente los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen. A estos dos últimos Ruz les impone 269,525 millones de euros y 402,861 millones de euros, respectivamente.

Acciones embargadas

En el auto de apertura de juicio, que supone sentar a los empresarios en el banquillo, Ruz recuerda que las medidas cautelares decretadas ya en la causa sobre los bienes vinculadas a Carceller Coll han quedado concretadas en el bloqueo y prohibición de disposición de la totalidad de acciones de SA Damm de la que es titular la mercantil Seegrund BV, siendo un total de 36.272.424 acciones con un valor actual de 208,566 millones de euros, un bloqueo que se hace extensible a los dividendos que estos títulos generen y que queden depositados en Deutche Bank y GVC Gaesco Valores.

Ya el pasado 11 de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó un auto señalando que veía motivos suficientes para juzgarles por defraudar presuntamente 72,04 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales.

En concreto, el juez detallaba que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio

Ocultación desde los 90

Anticorrupción señalaba en su escrito que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda «cuando menos, desde el año 1990», simulando residir en Portugal y Reino Unido «con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España». Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados. Añadía Anticorrupción que, con este fin, utilizó «un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas Neerlandesas y Madeira. Dicho entramado fue creado con el asesoramiento del despacho de Gabriel Ignacio Petrus, que llamaba a su cliente con el apodo «Jardines».

Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución »tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo«, Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su »mano derecha«, su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.

Responsabilidad del actual presidente

Por su parte, al actual presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, concretamente, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude sobre Impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Se le piden por ello 14 años de cárcel y multas millonarias.

A su padre, Anticorrupción le pide tres años y medio de prisión por cada uno de los delitos de fraude y tres años por el de blanqueo. Para José Luis Serrano Florez 19 años de cárcel y para el asesor Ignacio Gabriel Petrus 41 años. El escrito detalla las complicadas estructuras fiduciarias creadas y utilizadas para ocultar todos los intereses económicos de Carceller padre así como para revertir las cantidades defraudadas e incrementar así su patrimonio y rentas.

Se hizo a través de sociedades como Atlántica Petrogás S.A. (antigua Naviera Petrogás S.A.). De esta sociedad el empresario ostentaba un paquete a través de Aboukier Maritime S.A, participada a su vez por la sociedad de Madeira Roquesta Constultadoria E Servicios LDA. Entre ellas se adquirían participaciones que pasaban a formar parte de otras sociedades como la lusemburguessa List S.A o la alemana Bankhaus Hermann Lampen KG en lo que el fiscal denomina «Operación Nelson».

El escrito de Anticorrupcion detalla operaciones similares para la ocultación de activos en otras sociedades como la »Piolin« (para ocultar paquetes accionariales en Inmuebles del Archipiélago S.A, Cursa, Syoc, Amicsa); la »operación Halfrond« (para ocultar inversión en Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o la denominada »operación de sociedades agrarias« (inversiones en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque y FM).

Anticorrupción contabiliza hasta seis de estas operaciones e incluye también en su escrito que Carceller Coll fue titular de diversas cuentas bancarias abiertas en JP Morgan y Citigroup; así como de sociedades instrumentales que a su vez figuraban como titulares de cuentas abiertas en estas entidades financieras.

Dichas cuentas bancarias, si bien operaban materialmente desde España, según Anticorrupción, estaban abiertas formalmente en oficinas bancarias del exterior, en concreto Citigroup Private Bank en Londres y JP Morgan en Bruselas, lo que contribuyó a conseguir la finalidad defraudadora perseguida por el expresidente de la cervecera. También se le atribuye a Carceller Coll un ocultamiento de fondos a la hora de declarar los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana Josefina Carceller en lo que Anticorrupción denomina «Operación Tia tula 2». En este caso, heredó un total de 9.072.981,54 euros y únicamente declaró 6.736.887,64. Sólo en esta operación defraudó al fisco 1,2 millones de euros. Hasta julio de 2013, según Anticorrupción, los intereses de demora devengados por dicha cuota ascendía a 486.418,56 euros.