La Voz de Galicia

Fernández de Sousa, bajo sospecha ahora de preparar su insolvencia

Embargan una cuenta en Portugal desde la que su mujer quiso transferir a China 4 millones

A las acusaciones que ya pesan sobre el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, imputado por falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales, estafa, uso de información privilegiada e impedimento de la actuación del organismo supervisor, parece estar a punto de unirse otro presunto delito más: el de alzamiento de bienes.

Así lo recoge el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que sustituye durante las vacaciones a Pablo Ruz, instructor de la causa de Pescanova, en el auto en el que ordena el bloqueo y embargo de una cuenta en Portugal desde la que la esposa de Fernández de Sousa, Rosario Andrade, trató de transferir 5,2 millones de dólares (unos 4 millones de euros) a un banco de China a finales de agosto.

Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal quien procedió al bloqueo de la citada transacción que Andrade pretendía hacer el pasado 29 de agosto desde una cuenta bancaria que había abierto en Portugal a nombre de la sociedad Quinta do Sobreiro, de la que su marido es administrador único.

El 26 de agosto, Quinta do Sobreiro transfirió cuatro millones de euros a dicha cuenta, que recibió dos días después otra remesa de 236.000 euros ingresados por Kiwi España, sociedad de la que Fernández de Sousa también es administrador único. Seguidamente se ordenó una transferencia por 5,2 millones de dólares a una cuenta a nombre de Rosario Andrade en China, justificada como un «préstamo de la sociedad».

«Los hechos puestos de manifiesto podrían dar lugar a la imputación al querellado de un nuevo delito de alzamiento de bienes», avanza el magistrado en un auto fechado el 4 de septiembre, solo dos días después de que se notificara el dictado por Ruz fijando fianzas civiles millonarias -en total 1.200 millones de euros- para los directivos imputados y varias empresas, entre ellas, Pescanova S.A., en concurso de acreedores.

Evitar la ocultación de bienes

Pero si el auto de Pablo Ruz levantó ampollas tanto por lo elevado de las exigencias económicas (solo al expresidente, como persona física, le impuso casi 179 millones de euros) como por la rapidez en fijarlas -la instrucción prácticamente acaba de comenzar- los hechos remitidos por las autoridades portuguesas a la Audiencia parecen respaldar lo que el juez temía: que Fernández de Sousa y el resto de los imputados aprovechasen el previsiblemente largo procedimiento para «colocarse en una situación de insolvencia» y eludir el resarcimiento de los perjuicios causados a los querellantes, en caso de resultar finalmente condenados.

Por ello, el magistrado Velasco accede a la petición de la Fiscalía de adopción «urgente» de medidas cautelares y subraya que las circunstancias en que se han producido las operaciones indicadas «justifican» tales medidas, como el bloqueo y embargo de la cuenta, «que permitan conjurar el riesgo de una eventual ocultación del patrimonio del querellado».