Faro de Vigo

La Audiencia Nacional exige a la familia Sousa que deposite una fianza de 664,7 millones

Las garantías se reparten entre el expresidente, su hijo Pablo, su hermano Fernando y cinco sociedades vinculadas al empresario

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Pescanova, ha impuesto fianzas civiles por 1.191 millones de euros a diez consejeros y directivos de la multinacional, además de a seis sociedades mercantiles, por su presunta responsabilidad en la insolvencia de la firma. Una es la propia Pescanova, mientras que las cinco restantes están controladas por el expresidente de la multinacional, Manuel Fernández de Sousa. Solo al empresario, su familia y las empresas de la que es propietario la petición de garantías asciende a 664,763 millones de euros, el 56% del total.

A nivel individual, Ruz ha exigido a Sousa que deposite una fianza de 178,8 millones de euros bajo dos premisas judiciales: los indicios de criminalidad (apariencia de buen derecho) y el riesgo de que oculte o desvíe patrimonio para que éste no le sea embargado en caso de impago (peligro en la mora procesal). Esto último es lo que intentó llevar a cabo, presuntamente, el pasado 26 de agosto, cuando quiso llevarse a una cuenta bancaria china (a nombre de su mujer) 5,2 millones de dólares (4 millones de euros). Por este motivo, la Audiencia Nacional reconoce que puede imputar a Sousa un delito de alzamiento de bienes.

Las sociedades

Si se suma lo que se le pide a sus empresas, Sousa debería depositar 535 millones de euros. El incumplimiento de esta medida no conlleva la pena de prisión, sino que derivaría en el embargo de todos los bienes. Eso sí, solo los que tuviera a su nombre. Las empresas desde las cuales se sacó el dinero para mandar a China fueron Kiwi España y Quinta do Sobreiro, de las que Sousa es su administrador único. La operación, frustrada por la Policía de Portugal, podría acarrear la imputación de su esposa en el alto Tribunal, según fuentes jurídicas.

Además, su hijo Pablo Fernández Andrade, consejero de Pescanova y ahora directivo en Frinova (filial con sede en Porriño) debe depositar una fianza de 69,4 millones de euros por presuntos delitos de falseamiento de información económica, de cuentas anuales, estafa y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Los mismos se le atribuyen a su hermano Fernando (también consejero), para el que Pablo Ruz exige las mismas garantías.