Faro de Vigo

El juez Ruz impone una fianza de 178,8 millones a Sousa para responder por la quiebra de Pescanova

El magistrado reclama garantías por 1.191,7 millones al expresidente, nueve consejeros y directivos y seis sociedades mercantiles - La orden puede acarrear el embargo de su patrimonio, pero no el ingreso en prisión

La crisis de la multinacional Pescanova, quinta pesquera mundial por facturación y segunda en el listado español de mayores quiebras (tras Martinsa Fadesa), sigue sacudiendo los ranking. Y lo ha hecho, esta vez, en sede judicial. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto una fianza civil multimillonaria, de 178,856 millones de euros, al expresidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, por su presunta responsabilidad en la insolvencia de la firma. El juez que instruye el caso ha decretado la misma medida -en distintas cuantías- para otras nueve personas, entre consejeros y directivos, y seis sociedades mercantiles. En total la fianza civil reclamada supera los 1.191 millones de euros, según un auto firmado el 16 de agosto pero notificado ayer a las partes. La cuantía se ha fijado "teniendo en cuenta el número de querellas y denuncias" presentadas.

Todas las personas (físicas y jurídicas) afectadas por la decisión de Pablo Ruz están ya imputadas en la Audiencia Nacional. A Alfonso Paz-Andrade, consejero y exconsejero delegado (hasta 2007) de la compañía le reclama una fianza civil de 125 millones, por otra de 54,79 al también consejero José Antonio Pérez Nievas. El hijo y hermano de Sousa, Pablo y Fernando, respectivamente, deberán depositar 69,4 millones, al igual que Robert Albert Williams (consejero), Joaquín Viña Tamargo (director del área de Auditoría), Antonio Táboas Moure (jubilado, exresponsable del departamento de Finanzas) y Alfredo López Uroz (director de Administración). El intento de Jesús García de desvincularse de Sousa mediante una carta de dimisión como consejero no le ha valido para eludir esta medida cautelar y también se le pide que deposite 69,4 millones de euros.

La enorme cuantía de las fianzas generó "sorpresa", "indignación" y "perplejidad" entre alguno de los afectados consultados por FARO. La defensa de Fernández de Sousa ya avanzó ayer que presentará un recurso de apelación esta semana en la Audiencia Nacional, toda vez el auto del juez Ruz establece un plazo máximo de diez días para que los afectados entreguen el dinero que se les reclama.

La clave de la decisión

El auto de Ruz es una medida "excepcional", según fuentes jurídicas, que se puede adoptar antes de un juicio. En este sentido hay tres aspectos básicos a reseñar. En primer lugar, los afectados están imputados y no se ha probado aún su culpabilidad. A Sousa, por ejemplo, se le acusa de seis delitos: falseamiento de información relevante, de información financiera, uso de información privilegiada, estafa, falsedad documental y un delito societario (por haber enviado "información incompleta, insuficiente y que omite aspectos relevantes a la CNMV").

En segundo lugar, tanto Anticorrupción como Pablo Ruz consideran probado que hay indicios de criminalidad por parte de todos los imputados (apariencia de buen derecho, como se denomina en el argot jurídico). Por último, el magistrado da por hecho que, teniendo en cuenta que el proceso se puede dilatar en el tiempo, hay "peligro en la mora procesal". Esto es, "un riesgo de que los querellados" se declaren insolventes o pongan su patrimonio a nombre de un tercero hasta que se produzca, si es el caso, una sentencia condenatoria.

El impago de una fianza civil (se fija en caso de que se aprecie responsabilidad si una empresa se declara fallida) únicamente puede acarrear el embargo de los bienes a los afectados, no el ingreso en prisión. Además, solo serán embargables las propiedades que, por ejemplo, Sousa tenga a su nombre. Si desde que se inició el procedimiento ha transferido su patrimonio, éste no se podrá tocar.

Los primeros imputados por el caso Pescanova fueron tres: el propio Sousa, Paz-Andrade y Pérez Nievas. Entre las sociedades mercantiles imputadas (solo se ha pedido fianza para las empresas del expresidente) aparecía Pescanova SA, lo que ya arrojaba el riesgo de que, ante una sentencia condenatoria, se pudiesen embargar sus bienes. El auto conocido ayer del juez Pablo Ruz cuantifica ya las garantías exigidas a la multinacional: 54,8 millones de euros. En la firma no hubo ayer ninguna reacción oficial, más allá de indicar que los abogados estaban estudiando el documento de la Audiencia Nacional.

La actividad de la multinacional, que arroja buenos resultados hasta la fecha, se ha logrado mantener gracias a una línea de crédito de 56 millones aportada por la banca y la Xunta de Galicia (el 7% del total), cuantía que la banca estima que puede agotarse en el próximo mes de octubre.

El resto de imputados (el hijo y el hermano de Sousa, Robert Williams, Jesús García, y los directivos Joaquín Viña, Antonio Táboas y Alfredo López) no figuraban en la causa hasta que no se admitió a trámite la querella criminal de Luxempart, tercer mayor accionista (tiene el 5,8%), donde aseguraba que todas estas personas habían colaborado en el falseamiento de las cuentas de Pescanova. Luxempart fijó en más de 52 millones de euros las pérdidas derivadas de su inversión en la multinacional pesquera, en la que entró como socio de referencia tras un acuerdo con Fernández de Sousa y su hijo Pablo Fernández en Luxemburgo. El Grupo Damm, por su parte, cifró en más de 40 millones los que ha perdido en Pescanova, de la que es el segundo mayor accionista con el 6,2% del capital social.

El 15, 16 y 17 de octubre los imputados prestarán declaración ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional. Los testigos harán lo propio el 22 y 23 de octubre. Entre ellos está François Tesch (Luxempart), José Carceller (Damm), Yago Méndez Pascual (consejero, hijo del exdirector general de Caixa Galicia) o el actual director financiero, Carlos Turci.

La defensa del expresidente califica el auto de ´inmotivado´ e ´injustificado´

 Para la defensa de Manuel Fernández de Sousa las medidas cautelares decretadas por el juez Pablo Ruz "no se justifican", a su entender, "ni por el momento" procesal del caso, "ni por la cuantía ni por la causa". Los letrados del expresidente y máximo accionista de Pescanova no hay razones de urgencia que motiven una decisión de este calibre.
El 31 de julio la defensa del empresario conoció un escrito del Ministerio Fiscal en el que se solicitaba a los imputados (diez personas) fianzas civiles "debiendo incluirse en las mismas los importes de todas las inversiones reclamadas por las acusaciones particulares personadas hasta la fecha en el procedimiento". De este modo ya auguraban que las fianzas iban a ser millonarias y, el mismo día, remitieron a la Audiencia Nacional un escrito de oposición a las pretensiones de la Fiscalía.
Para el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, encargado de la defensa de Sousa, "la petición es completamente inmotivada", tal y como reza el escrito, al que ha tenido acceso FARO. "La falta de motivación incumple el deber exigido en la Constitución, lo que lesiona el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva", dice el texto. Tampoco considera que haya "razones de urgencia cuando la causa lleva más de cuatro meses abierta". Martínez-Fresneda rechaza asimismo que la medida sea proporcional teniendo en cuenta que solo se basa en las reclamaciones de los demandantes y niega que exista peligro de mora (que Sousa mueva su patrimonio para declararse insolvente).

¿Qué es una fianza civil y por qué se aplica?

Los querellantes no descartan pedir una fianza penal, que puede acarrear el ingreso en prisión, cuando se tome declaración a los imputados

 Pablo Ruz notificó ayer a las partes personadas en el caso Pescanova un auto en el que impone una fianza civil a diez personas físicas y seis empresas. Se trata de un auto de medidas cautelares, que se pueden adoptar con carácter previo a un juicio. El propio documento escrito por el magistrado reconoce que el caso está en una "fase inicialísima de la instrucción", algo en lo que hace hincapié la defensa de Manuel Fernández de Sousa para anunciar la interposición de un recurso.

¿Por qué se adopta? La fianza civil se fija al existir, a juicio de Pablo Ruz (más bien por el criterio de los fiscales Anticorrupción, que han marcado la línea de actuación del magistrado durante todo el proceso), indicios de criminalidad, explicaron expertos jurídicos a FARO. De este juicio se podría derivar una responsabilidad económica de los imputados, de ahí que les reclame las fianzas.
¿Conlleva el ingreso en prisión? No. La fianza civil, de no abonarla en el plazo marcado por el juez (diez días, en este caso) conlleva el embargo de los bienes que estén a nombre de los afectados. Varios letrados, que representan a querellantes en la causa, explicaron ayer a este diario que no descartan reclamar una fianza penal cuando los imputados presten declaración, entre el 15 y el 17 de octubre. Esta medida cautelar sí conllevaría, de adoptarse y ser incumplida, el ingreso en prisión.
¿Por qué pedir una fianza ahora? El juez aplica aquí lo que en Derecho se califica como "peligro en la mora procesal". Es decir, como se estima que el proceso puede dilatarse mucho tiempo se pretende asegurar que los imputados y presuntos responsables subsidiarios respondan con su patrimonio. Este tipo de medidas pretenden evitar que se cambien la titularidad de los bienes de las personas a las que se pide una fianza civil.  

 Los expedientes de la CNMV y la auditoría de KPMG, claves en el auto de la Audiencia

Ruz recoge las conclusiones del informe forense, que probó la existencia de prácticas contables de los responsables del Grupo "para ocultar su creciente deuda financiera"

 El auto del juez titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, se basa tanto en las querellas presentadas contra directivos y consejeros de Pescanova como en la documentación enviada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el informe forense elaborado por KPMG. Este último determinó que Sousa ocultó 1.400 millones de pérdidas desde antes de 2010 y que la compañía cerró 2012 con un agujero patrimonial de 927,8 millones de euros. El magistrado recoge explícitamente parte de las conclusiones de esta auditoría en el auto.
"Se señala como práctica financiera y contable llevada a cabo por los responsables del Grupo Pescanova para ocultar su creciente deuda financiera, la utilización de una red de sociedades instrumentales constituidas, financiadas y mantenidas por Pescanova SA a las que -continúa el texto- se vendía y/o compraba mercancía desde el año 2007 sin movimiento real de la misma". De este modo se generaba "una facturación falsa", recoge el magistrado.
En la querella de Luxempart se hacía hincapié en que cuando adquirió un millón de acciones de Pescanova (el 7 de septiembre de 2011) lo hizo basándose en información presuntamente falsa de la compañía. Lo mismo sucedió el 17 de febrero de 2012, siempre según la versión del fondo luxemburgués, cuando acudió a la emisión de bonos convertibles con una inversión de 17 millones de euros. Esta emisión se sustentó en un folleto informativo que tomaba como referencia los estados contables de la compañía de 2011, 2010 y 2009. Las conclusiones de KPMG, que fijan en 2007 el momento en el que se creó la primera sociedad instrumental para, presuntamente, ocultar deuda o esconder pérdidas, han reforzado la tesis del tercer mayor accionista de la multinacional.
Por parte de la CNMV se envió al juzgado un expediente sancionador contra Fernández de Sousa, lo que el 16 de agosto pasado provocó que Pablo Ruz ampliara la lista de imputaciones contra él (así consta en el auto). La razón, un "presunto delito societario del artículo 294" del Código Penal, "al remitir Pescanova SA información incompleta, insuficiente y que omite aspectos relevantes a la CNMV, organismo que ejerce la acción supervisora e inspectora".
En este sentido cabe recordar que la compañía no envió las cuentas anuales al regulador y que remitió datos, en principio, falsos. Por ejemplo, la empresa aseguró a sus consejeros que había cerrado 2012 con beneficios por 36,6 millones de euros, mientras que corrigió la información a la CNMV y reconoció posteriormente pérdidas por 20 millones. KPMG elevó los números rojos hasta los 588 millones.

 

Junta en aguas turbulentas

Ruz sacude la multinacional diez días antes de elegir presidente

 La junta extraordinaria de accionistas de Pescanova, que disolverá el consejo de administración y que elegirá uno nuevo, se celebrará diez días después de haberse impuesto una fianza de casi 1.200 millones a consejeros, directivos y sociedades mercantiles de la pesquera. Los socios no contarán con el plan de viabilidad para el cónclave.

No faltan ingredientes para que la junta de accionistas de Pescanova de la próxima semana sea un hervidero de acusaciones, réplicas y movimientos estratégicos. El auto del juez Ruz, que da diez días a Manuel Fernández de Sousa para que deposite 178,8 millones de euros de fianza civil, ha avivado los fuegos. La imposición de garantías por otros 125 millones a Alfonso Paz-Andrade, que estuvo a punto de ser designado presidente interino en julio, tampoco ayuda a generar el mejor de los climas.

La junta -que disolverá el consejo- coincidirá en plazo con la exigencia judicial de depositar una fianza civil por casi 1.200 millones de euros a diez consejeros y directivos y seis sociedades mercantiles. Además, se producirá sin tener todavía un business plan (plan de viabilidad) para la multinacional, a cargo de la auditora Pricewaterhouse Cooper's (PwC). La banca pretendía tenerlo para antes del cónclave, algo que le habría permitido significarse a favor de una de las partes a la hora de apoyar el nombramiento de un nuevo presidente. No en vano, la capitalización de la deuda de Pescanova hará que la banca se convierta en máxima accionista de la pesquera a corto plazo, como advierten directivos próximos a la empresa de Chapela.

Sin un plan sobre la mesa, PwC y Deloitte (la administración concursal) ganan tiempo. El compromiso, según fuentes de la banca acreedora, es de entregar el plan de negocio a finales de septiembre, aunque fuentes oficiales de Pescanova hablaban ayer del mes de octubre.

La junta tendrá, además, una invitada de última hora. Se trata de Carolina Massaveu, que elevó su participación en la compañía por encima del 3% tras haber adquirido 1,075 millones de acciones por poco más de 107 euros. Massaveu adquirió los títulos al fondo Capital Research and Management Company (CRMC), ubicado en Los Ángeles. Desde la multinacional gallega especulan con un posible pacto privado entre la nueva accionista de referencia y otro socio -evitan especular con nombres-, por el cual se repartirían beneficios, por ejemplo, en caso de una eventual resurrección del valor de las acciones de Pescanova en el futuro. Fuentes internas de la compañía no descartan que la entrada de Carolina Massaveu sea la razón por la cual Fernández de Sousa no ha hecho pública su propuesta para el nuevo consejo, que deberá tener un máximo de 15 miembros, como así se estipula en los estatutos.

El único que ha formulado ya una propuesta para constituir el nuevo consejo de administración es el Grupo Damm, segundo mayor accionista de la empresa, por delante de Sousa. Su intención de reducir a siete sus miembros, de no contar con ningún experto en pesca y de no contar con el máximo accionista (el expresidente) fue muy criticada por el círculo más próximo al empresario vigués. José Carceller, que representa a Damm en Pescanova, asegura que no quiere presidir la firma.

Además, la junta de accionistas tendrá lugar apenas un mes antes de la comparecencia de Sousa como imputado en la Audiencia Nacional, fijada para el 15 de octubre por Pablo Ruz.

 

El ´caso Pescanova´ entra en el ranking de las mayores fianzas de la historia

Por detrás del escándalo 'Malaya' de Marbella y de los ERE de Andalucía

Los diez consejeros y directivos de Pescanova y las seis sociedades incluidas en el auto de Pablo Ruz tienen diez días para depositar una fianza civil de 1.191,7 millones de euros. La defensa de Manuel Fernández de Sousa ya avanzó ayer que presentará un recurso esta semana, mientras que la posición de los demás implicados no ha trascendido. Por ahora, la decisión del magistrado hace que el caso Pescanova entre en el top de las mayores fianzas civiles más altas impuestas en España.
El escándalo de corrupción marbellí conocido como el caso Malaya no desaparece de las hemerotecas y los listados, y solo para el cabecilla de la trama, Juan Antonio Roca, se reclamaron 1.000 millones de euros. A los casi 90 procesados se les reclamaron 5.200 millones de euros por su responsabilidad en un caso que ilustró como ninguno la corrupción política y la burbuja del ladrillo.
El llamado caso de los ERE en Andalucía, aún en fase de instrucción, también ha hecho historia. Solo para el exconsejero de Empleo de la Junta la juez Mercedes Alaya impuso una fianza de más de 800 millones de euros, medida que se aplicó a otros directivos del Gobierno que ahora dirige Susana Díaz tras la marcha de Griñán.
Otros procesos judiciales significados afectaron, por ejemplo, al sindicato UGT en el llamado caso PSV. Éste se destapó a finales de los años 80 y desveló una trama de fraude y apropiación indebida. El juez que instruyó el procedimiento impuso una fianza civil de 42.000 millones de las antiguas pesetas, que al cambio son más de 250 millones de euros, a los responsables de la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV) del sindicato que preside Cándido Méndez.