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10 de septiembre de 2013

Cinco Dias


Una refundación de Pescanova

Los 1.200 millones de euros en fianzas impuestas por el juez, en concepto de responsabilidad civil, a una decena de altos cargos de Pescanova y de varias sociedades ligadas –incluido el ex presidente del grupo– dan idea de los despropósitos que se pueden haber cometido en la multinacional pesquera. Mientras no decida el juez, todos son inocentes. Pero a falta de sentencia firme, para lo que una vez más habrá que armarse de paciencia, la imputación de delitos como falseamiento de cuentas, uso indebido de información relevante, estafa y falsificación de facturas presenta una panoplia cuando menos alarmante.
Sin embargo, y cuando lo que procede es un acuerdo justo con los acreedores y una refundación eficaz del grupo, el guirigay en que se están enzarzando viejos y nuevos accionistas en su disputa por hacerse con Pescanova es tan preocupante como su pasado reciente. Accionistas de viejo y nuevo cuño, fondos internacionales, despachos de abogados, ciertos auditores y algunos advenedizos están componiendo un cuadro en el que el futuro de Pescanova está más en peligro aún que por entrar en concurso tras la pésima gestión. El concurso de acreedores se declara para que una empresa en dificultades pueda sobrevivir tras un acuerdo con éstos. Y ese debe ser el rumbo, no unas luchas que solo pueden dejar despojos.


Sousa dice que Damm "se ha librado" de "rendir cuentas" en Pescanova

La representación legal de Manuel Fernández Sousa presentó la pasada semana ante el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional recurso de apelación ante la fianza por responsabilidad civil impuesta por el juez Pablo Ruz, de 178,8 millones de euros, contra el expresidente de Pescanova.
En el recurso los abogados sostienen que en la imposición de la fianza no concurren "los mínimos presupuestos formales y materiales para su cálculo, fijación y exigencia" y cargan contra la actitud demostrada en la crisis de Pescanova por Grupo Damm, segundo mayor accionista con el 6,2%, y el fondo Luxempart, con el 5,8%.
Fernández Sousa declarará ante el juez Ruz el próximo mes imputado de, hasta ahora, cinco delitos, entre ellos el de presunta estafa. En el recurso presentado, al que ha accedido este diario, los abogados del primer accionista de la multinacional gallega, con el 7,5%, advierten de que imponer a Sousa "una fianza desproporcionada, sin siquiera haberle oído, resulta en todo caso injustificado".
Además afirman que este "rigor procesal" contrasta "con el trato procesal que reciben otros administradores de Pescanova, como la corporación Damm o Luxempart, que gracias a su habilidad y celeridad de colocarse en la posición de querellantes se han librado de comparecer en esta causa para rendir cuentas –como hará el resto– de su conducta en la gestión y administración de Pescanova". Y añaden que la sociedad de la familia Carceller y el fondo luxemburgués deberían "explicar su voto a favor de las cuentas anuales de Pescanova de 2011 y las intermedias de 2012", o su "oposición a que Pescanova presentara concurso de acreedores a pesar de conocer la situación de la empresa", entre otros ejemplos.

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