Faro de Vigo

Sousa intentó enviar 4 millones a China a través de su mujer tras conocer la fianza que le pide Ruz

La Audiencia Nacional bloquea cuentas del expresidente de Pescanova, su esposa y cuatro sociedades - El juez le atribuye un posible delito de alzamiento de bienes - La policía portuguesa frenó la operación el 29 de agost

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, intentó enviar cuatro millones de euros a una cuenta bancaria en China diez días después de que el juez Pablo Ruz le hubiese exigido una fianza civil de 178,8 millones de euros por provocar la quiebra de la compañía. Y lo hizo, según un auto notificado ayer, a través de su esposa, María Rosario Andrade Detrell, y utilizando fondos de dos empresas de las que es administrador único. Una carambola más en un proceso que añade lodo a una compañía que busca su viabilidad debajo de las piedras y que arroja novedades casi cada día a golpe de decisiones judiciales. Ante el riesgo de que Sousa pueda desviar más fondos para evitar que le sea embargado su patrimonio, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco (Pablo Ruz está de vacaciones) ha ordenado el bloqueo de las cuentas que el empresario y su esposa tienen en Banco Etcheverría.

Asimismo, también se bloquean todos los depósitos de cuatro sociedades que controla el propio Sousa y el embargo de la cuenta abierta en Portugal a través de la cual intentó desviar el dinero a China (5,2 millones de dólares). Lo acontecido, que fuentes próximas a Pescanova no dudan en calificar de "prácticas de película", podrían dar lugar a una nueva imputación contra el expresidente del grupo: la de alzamiento de bienes.

Primer paso: tras la imputación. Esta operación se gestó, supuestamente, justo después de que el juez Ruz imputase a Fernández de Sousa por el caso Pescanova el pasado 23 de mayo. En ese momento el magistrado ya ordenó a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que vigilase cualquier cambio en su patrimonio en 2012 y 2013 y le imputó tres delitos societarios (que ahora se elevan a cinco). Seis días después, el 29 de mayo, Andrade Detrell "abrió una cuenta en Portugal" a nombre de la empresa Quinta do Sobreiro. Sousa es el único administrador de la firma, cuyo objeto de negocio es la "agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas".

Segundo paso: las fianzas. El 16 de agosto, Pablo Ruz firmó el auto por el cual reclama al expresidente del grupo pesquero una fianza civil individual de 178,8 millones. Solo diez días después pone en marcha, presuntamente, con su esposa, la operación para sacar los fondos del país usando la cuenta portuguesa. En primer lugar, la sociedad Quinta do Sobreiro ingresa en la cuenta de Portugal cuatro millones de euros. Otra empresa de Sousa, Kiwi España, hace lo mismo pero con una cantidad inferior: 236.000 euros. "A continuación se ordenó con cargo a esa cuenta una transferencia por importe de 5,2 millones de dólares" a favor de Rosario Andrade, "con abono en una cuenta en un banco en China". "Se desconocen más datos de la cuenta de destino", dice el auto de Eloy Velasco.

Tercer paso: detección. De acuerdo con el documento judicial, Sousa y su esposa justificaron la transferencia a China como "un préstamo a la sociedad". Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal bloquea la transacción financiera e informa a la Policía Judicial Española. La UDEF da traslado de lo sucedido a la Audiencia Nacional el 2 de septiembre, y Fiscalía Anticorrupción emite un informe al respecto un día después, el 3 de septiembre.

La decisión del juez Pablo Ruz en agosto sobre las fianzas (su auto no se conoció hasta este lunes) se basaba en dos pilares: los indicios de criminalidad y el peligro en la mora procesal. Esto es, la posibilidad real de que Sousa intentase mover su patrimonio para evitar el embargo en caso de no pagar la fianza. Y ese "peligro" ha resultado ser cierto. La operación del matrimonio Sousa-Andrade "justifica en este momento la adopción urgente de medidas cautelares que permitan conjurar el riesgo de una eventual ocultación del patrimonio" de Manuel Fernández de Sousa, dice el auto del juez Velasco. Esas medidas se traducen en el bloqueo de once cuentas bancarias de las sociedades Quinta do Sobreiro, Kiwi España, Sodesco y Gicsa (las dos últimas están imputadas por la Audiencia y se les pide una fianza de 69,4 millones a cada una). El alto Tribunal ha ordenado además que se dirija una Comisión Rogatoria Internacional a Portugal para conocer toda la información a través de la cual el matrimonio quiso llevarse cuatro millones de euros al otro lado del mundo. Preguntado sobre el auto, un portavoz de Fernández de Sousa declinó valorar la decisión de la Audiencia Nacional a preguntas de FARO.

Una investigación para averiguar de dónde ha salido el dinero

 El juez Eloy Velasco ha ordenado un requerimiento para que Banco Etcheverría (de cuyas cuentas salieron los fondos para Portugal) a fin de que notifique todos los movimientos de las empresas de Sousa desde el 1 de enero de 2012. Además, "en el caso de las cuentas a plazo", el magistrado quiere "información acerca del origen de los fondos, así como su destino" (si se hubiesen transferido o las cuentas hubiesen sido canceladas desde esa fecha). También ha pedido al Registro Mercantil de Pontevedra toda la información de las dos mercantiles Kiwi España y Quinta do Sobreiro. La pregunta sobre la procedencia del dinero se la hacían ayer fuentes próximas a la empresa situada en Chapela. "¿Dónde está el capital que ingresó con la venta de las acciones?", instigó una de las citadas fuentes.
"BDO continúa a esta fecha siendo el auditor de Pescanova". Se trata de una frase textual extraída del informe concursal de la multinacional después de que el consejo de administración, a propuesta de Manuel Fernández de Sousa, solicitase su revocación. Según una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, al que ha tenido acceso FARO, la magistrada Rosa Lama desestimó la pretensión de Pescanova, y emplazó a la sociedad a acudir a la vía contenciosa si quiere llevar a cabo la revocación de BDO.
Contra esta sentencia, dictada el 30 de julio, cabe la posibilidad de presentar un recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Pontevedra, sin que hasta la fecha no haya trascendido la decisión final de la pesquera, ahora en manos de los profesionales de Deloitte.