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Deloitte entrega en el juzgado su informe concursal sobre Pescanova

La firma Deloitte, administradora concursal de Pescanova, estudia las consecuencias y eficacia de la fianza de 54,84 millones de euros que la Audiencia Nacional ha impuesto a la compañía gallega debido a la situación de insolvencia en que se encuentra.

Así lo ha indicado hoy en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que ha indicado que este análisis se realiza sin perjuicio de la defensa legal que en su caso procesa en interés de la compañía y de sus acreedores.

Deloitte ha detallado, además, que ha depositado en el Juzgado Mercantil de Pontevedra número 1 el informe de la administración concursal, que lo notificará a los acreedores personados.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto una fianza civil de 1.200 millones de euros a diez directivos de Pescanova y seis sociedades, entre ellos a su ex presidente Manuel Fernández de Sousa, quien tendrá que pagar una fianza de más de 350 millones (178,85 millones personal más los 69 millones impuestos a cada una de las tres empresas a través de las que posee sus acciones).

Estas fianzas están destinadas a cubrir futuras responsabilidades civiles en caso de condena penal, teniendo en cuenta el número de querellas y denuncias presentadas contra la compañía, directivos y consejeros.

 

Pescanova afronta una de las mayores fianzas de la historia: 1.200 millones

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz impuso ayer fianzas millonarias de responsabilidad civil a diez directivos y seis sociedades del grupo Pescanovaque suman más de 1.200 millones de euros. Es la cantidad a la que serían condenados si el tribunal los considera culpables de los delitos que se les imputan: falseamiento de cuentas, falseamiento de información económico-financiera, uso de información relevante, falsificación de facturas y estafa.

Para cubrir esa hipotética condena, el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, tiene que depositar en el juzgado 179 millones de euros, la fianza de mayor cuantía. El magistrado instructor del caso sostiene que los administradores de Pescanova proyectaron «una imagen irreal de su situación económica y patrimonial valiéndose de información reflejada en las cuentas anuales así como en otros documentos e informes económico-financieros».

Los ahora perjudicados por el desplome de la compañía compraron acciones dando por ciertos los datos financieros que facilitaba Fernández de Sousa, en cuya actitud el juez Ruz observa «indicios racionales de criminalidad», concretamente entre agosto de 2012 y enero de 2013.

Ruz recoge en el auto judicial dictado ayer que los administradores de la multinacional pesquera «a fin de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la entidad, vendieron acciones de Pescanova antes de que la verdadera situación económica se diera a conocer públicamente». La cúpula de la compañía incurrió en esta práctica «hasta el mismo día o pocos días antes de la comunicación a la CNMV de 28 de febrero de 2013, en la que se desvelaba laincertidumbre sobre la continuidad de la actividad».

Reproche al Sabadell

Así, Manuel Fernández de Sousa, que vendió acciones por 27,5 millones de euros, evitó pérdidas de 15,6 millones; Alfonso Paz-Andrade, consejero de Pescanova, se deshizo de títulos por valor de 5,8 millones, ahorrándose una minusvalía de 3,4 millones; y José Antonio Pérez-Nievas, también consejero, vendió sus acciones por 1,9 millones y evitó perder 1,4 millones.

El juez aprovecha para recriminar también la actitud de la entidad Sabadell Bolsa, que, según los querellantes, «habiendo aconsejado la compra de los títulos, procedió a la venta masiva de acciones de Pescanova en un momento en que las mismas experimentaban una subida», por lo que el banco «podría haber utilizado información reservada».

Además, Pablo Ruz cita las sombras que rodearon a la ampliación de capital (125 millones de euros) de julio y agosto de 2012. La información financiera remitida a la CNMV respecto a las cuentas de los años 2009, 2010 y 2011 no reflejaba la realidad, lo que no supuso escollo alguno para que fueran auditadas «sin salvedad alguna». Sólo unos meses después, el 28 de febrero de 2013, Fernández de Sousa comunicó al organismo regulador que la entidad no iba a formular las cuentas de 2012 y manifestó «sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa», que terminó en proceso concursal.

El juez Ruz ha dado un plazo de diez días a los directivos y las sociedades para depositar las fianzas. De no hacerlo, se procederá al embargo de sus patrimonios. El magistrado ha tomado esta medida tras apreciar «un riesgo de que los querellados se coloquen en una situación de insolvencia» que impida cumplir las posibles condenas.

Ruz ha situado a Pescanova entre las mayores fianzas civiles de la historia, superada por el récord de 5.200 millones de la operación Malaya, los 1.928 de Afinsa o el fraude de los ERE andaluces, donde la juez Alaya decretó 807 millones para el ex consejero Antonio Fernández y 686 a Francisco Javier Guerrero, entre otros.

 La Audiencia imputa a Sousa por negativa y resistencia a la supervisión de CNMV

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid de la Audiencia Nacional ha ampliado la imputación del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa por presunto delito de negativa o resistencia a la actuación supervisora o inspectora (artículo 294 CP), en este caso de la CNMV.

Según figura en el auto al que ha tenido acceso Efeagro, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitió a la Fiscalía el expediente sancionador incoado por el comité ejecutivo de la entidad el 16 de mayo de 2013 contra el expresidente de Pescanova y otros responsables de la compañía.

El expediente se abrió por la presunta comisión de una infracción muy grave prevista la Ley del Mercado de Valores por «negativa o resistencia a la actuación supervisora o inspectora de la CNMV».

Según la Fiscalía, los hechos objeto del expediente administrativo podrían ser constitutivos de un delito del artículo 294 del Código Penal, si bien sólo respecto a Manuel Fernández de Sousa.

Fernández de Sousa está imputado en el caso Pescanova por presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información relevante.

En estos momentos hay ocho querellas admitidas en la Audiencia Nacional en el caso Pescanova, tres adhesiones a estas querellas y tres denuncias que en conjunto alegan un perjuicio superior a los 93,64 millones de euros.

Pescanova se encuentra en concurso de acreedores bajo la administración concursal de Deloitte, con una deuda financiera neta de 3.281 millones con más de cien bancos acreedores, y su agujero patrimonial es de 927 millones.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto una fianza civil de 1.200 millones de euros a diez directivos y seis sociedades de Pescanova, entre ellos su expresidente Manuel Fernández de Sousa, quien tendrá que pagar 178.856.577 euros.

Ruz considera que hay suficientes indicios de criminalidad contra estas personas como para imponerles las fianzas por este caso, que investiga el supuesto falseamiento de las cuentas de la compañía agroalimentaria que luego entró en concurso de acreedores.

Según el escrito, los administradores de Pescanova se valieron de información de las cuentas anuales e informes económicos de la entidad «que no se ajustaban a la realidad» para proporcionar «públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial».

Señala que, mientras se animaba a invertir en la compañía, «algunos querellados, a fin de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la entidad, vendieron acciones de Pescanova antes de que esta situación se diera a conocer públicamente».