Faro de Vigo

El 34% de las empresas que entran en concurso en la provincia son firmas de la construcción

Tres de cada diez compañías concursadas tenían una antigüedad de más de veinte años y ya habían sufrido ERE e impagos - Predominan las sociedades con plantillas de uno o dos trabajadores y de entre 10 y 19 operarios

 Cinco años después del estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior debacle en la construcción, empresas del sector siguen nutriendo de manera significativa los balances de procesos concursales en la provincia. Así el 34% de los procedimientos concursales (antes suspensión de pagos) tramitados en los juzgados de lo Mercantil de Pontevedra en el segundo semestre del año -medio centenar- tiene como protagonista a una constructora, tal como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este dato por sí mismo refleja, según el análisis que hacen sindicatos como UGT o CC.OO, la resistencia del sector en la provincia en donde mantiene, contra viento y marea aunque cada vez más menguada, una cartera de empresas que habla del tradicional y amplio peso económico y laboral de la construcción que busca reinventarse con actividades especializadas como la rehabilitación de inmuebles y patrimonio histórico, la reparación y mantenimiento de infraestructuras o el interiorismo.

También desde la CEP se ve "lógica" la proliferación de firmas de la construcción en la relación de suspensiones de pagos, un dato que se repite en las últimas series estadísticas, debido a la existencia de numerosas y grandes constructoras y promotoras radicadas en la provincia, el grueso de ellas de mediano tamaño y que llegan al juzgado tras superar situaciones complicadas como la aplicación de ERE temporales y extintivos (despidos), impagos, acumulación de deudas, retrasos en el cobro de contratos de las administraciones, etc.

La sucesión de crisis internas en las empresas explican que el número más alto de empresas concursadas se corresponda con firmas de uno o dos trabajadores seguidas de compañías con plantillas de entre 10 y 19 operarios. A este segundo grupo pertenecen fundamentalmente constructoras y promotoras inmobiliarias, en tanto que las primeras tienen que ver sobre todo con actividades auxiliares y asesorías de todo tipo.

Un 15% más

El desglose de empresas concursadas del segundo semestre del año, un 15% más de las incursas en suspensión de pagos en el mismo período de 2012, permite constatar que además de la construcción es la industria, con un 26% de los casos, el otro gran sector suministrador de quiebras y cierres pues aunque el proceso judicial está pensado para servir de tabla de salvación de empresas en crisis, la realidad es que de las cincuenta firmas pontevedresas que incoaron la suspensión de pagos ninguna presentó un plan de viabilidad para intentar reflotarse. En consecuencia, están abocadas a la desaparición.

Entre los procedimientos contabilizados hay dos solicitudes de concurso de personas fisicas que están relacionadas con la economía familiar.

Destaca en el análisis de la última estadística trimestral del INE sobre procedimientos concursales de empresas de la provincia la antigüedad de las firmas que declararon la suspensión ya que en casi el 30% de los casos eran sociedades con más de veinte años de actividad. También había cerca de un 20% que tenían entre 13 y 19 años de existencia.

Por otra parte, tres de cada diez empresas pontevedresas judicialiadas entre el uno de abril y el treinta de junio pasados se habían constituído en fechas próximas al inicio de la crisis -inmediatamente antes o después- en torno al año 2008. Entre estas se encuentran empresas auxiliares de la construcción y de la industria y también relacionadas con actividades de transporte y comercio.

En este segundo grupo nacieron y entraron en un camino de no retorno pequeñas sociedades vinculadas a la implantación de nuevas tecnologías, mantenimiento y comunicación.

Volumen de negocio

El debilitamiento del tejido empresarial y el fracaso de iniciativas emprendedoras, incapaces de consolidar un mercado debido a la crisis (falta de crédirto, caída del consumo, recortes en las condiciones económicas de los contratos de servicio, etc.), hace que sean mayoría entre las concursadas, empresas sirtuadas en el tramo más bajo de volumen de negocio: con un movimiento económico inferior a los 250.000 euros anuales.