Los accionistas piden una fianza de 677.000 euros para de Sousa y Paz-Andrade
Solicitan también al juzgado que estos dos directivos de Pescanova y otros cuatro que les apoyan sean retirados de sus cargos
El grupo de nueve accionistas de Pescanova a los que la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella criminal contra el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa,
y el exconsejero delegado Alfonso Paz-Andrade han solicitado al juez
que «de forma inmediata» les aparte de sus cargos y les imponga una
fianza solidaria de 677.300 euros.
Los accionistas ven necesaria una fianza «en
cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades civiles pecuniarias
que deriven del proceso» dada la imputación de Sousa y Paz-Andrade,
según argumentan en el escrito presentado al Juzgado este martes.
Además, piden al Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional que decrete el embargo «de los bienes
suficientes para cubrir dichas responsabilidades en caso de que no
prestaren fianza».
Daños y perjuicios
El importe de la fianza solidaria deriva de sumar
intereses y costas al importe de 391.795,54 euros al que, según los
accionistas, actualmente asciende la cantidad evaluada hasta el momento
como daños y perjuicios causados por Sousa y Paz-Andrade.
En su solicitud al Juzgado, los accionistas de Pescanova
también piden que se requiera a los dos imputados para que «en un plazo
máximo de diez días aporten certificados originales expedidos por las
entidades donde tengan depositados los títulos que acrediten
detalladamente el número de acciones que actualmente poseen de Pescanova».
Estos accionistas estiman que este «importante
dato no se conoce a ciencia cierta» y, según argumentan, «no es posible
conceder crédito alguno a las meras manifestaciones de los imputados».
«Pasean tranquilamente por la empresa»
En su escrito, los querellados indican que «a
pesar de la notoria gravedad de los hechos acaecidos en Pescanova, que
todavía no han podido cuantificarse con exactitud», los imputados Manuel
Fernández de Sousa y Alfonso Paz-Andrade no sólo continúan en sus
cargos en el consejo de administración, sino que incluso «se pasean
tranquilamente por la empresa».
En su opinión, se trata de una «esperpéntica»
situación que produce «desazón», por lo que reclaman que «de forma
inmediata» estos dos directivos, y los otros cuatro miembros de consejo
que, según aseguran, «les apoyan, sean removidos de sus cargos sin
esperar a ninguna resolución del Juzgado de lo Mercantil».
Los otros cuatro miembros para los que piden la
destitución son Pablo Javier Fernández Andrade y Fernando de Sousa, hijo
y hermano del presidente, respectivamente, además de Robert Albert
Williams y Yago Méndez Pascual, según el escrito presentado por el
abogado Felipe Izquierdo.
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