La Voz de Galicia

Almunia absuelve a los armadores

El Parlamento gallego hace frente común con una declaración ante la cita hoy en Bruselas

El nuevo borrador de propuesta de resolución sobre el tax lease elaborado en Bruselas por el departamento de Joaquín Almunia, que hoy trasladará a la delegación española encabezada por el ministro de Industria, difiere muy poco del ya conocido. En realidad, la única novedad es que, además de a los astilleros se absolvería también a los armadores de cualquier devolución. Fuentes próximas a la negociación aseguran que el perjuicio para la industria naval española sería el mismo, porque una condena directa dirigida a los los inversores implicaría otra indirecta a los astilleros.

Ponen el foco las mismas fuentes en el hecho de que si los bancos han venido reteniendo pagos a las factorías por la incertidumbre creada por la Comisión, «está claro que ahora los bloquearían definitivamente», lo que se traduciría en una cascada de insolvencias y, por ende, de concursos de acreedores y de seguras quiebras.

Se da por seguro que los bancos y los inversores privados afectados, entre otros Amancio Ortega, iniciarían una interminable cadena de pleitos y negarían créditos y avales al sector, que se vería abocado al cierre. Es el escenario que dibujan todos los actores implicados, incluida la Administración. El conselleiro de Industria, Francisco Conde, en declaraciones a La Voz, afirmó que «cualquier medida que suponga devoluciones repercutirá en los astilleros. Nadie contrataría en España. Sería la muerte», dijo.

Buscando «una rectificación»

«Nos estamos jugando la credibilidad como Unión Europea, porque la Comisión, que se supone que tiene que defender los intereses de los Estados miembros, de las empresas y velar por el empleo, no puede atacar al naval», explicó Conde. Recordó que están en juego 87.000 empleos y que hoy, pero sobre todo el próximo día 17, cuando se haga pública la resolución definitiva, no contempla otra posibilidad que no sea «una rectificación» de lo avanzado por Almunia. «España no está pidiendo más que el resto de los países europeos, lo que no puede Bruselas es discriminarnos», dijo.

Su homóloga vasca, Arantza Tapia, confía que en la reunión de hoy «se aplique el sentido común a esta sinrazón, dado que la resolución anunciada por Bruselas en los términos que recoge el borrador echa por tierra cualquier otro esfuerzo paralelo que plantee la UE en el apoyo al empleo», dijo.

Recordó que el País Vasco se juega en el envite el futuro de seis astilleros, dos navieras y 325 empresas auxiliares, que suman más de 14.000 empleos entre directos en indirectos. «Hay argumentos de peso para reconducir la decisión de Bruselas», concluyó Arantza Tapia.

Coincidiendo con la reunión en Bruselas, el sector naval vigués se manifestará hoy a partir de las 20 horas.

Respaldo del Parlamento

Feijoo acude a la reunión de Bruselas con el comisario Almunia provisto del mismo respaldo parlamentario para defender al naval gallego que sus homólogos asturiano y vasco. Al igual que las Cámaras de las otras dos comunidades más afectadas por el golpe mortal que supondría la devolución de 2.000 millones en ayudas del tax lease, también el Parlamento gallego aprobó ayer una declaración institucional avalada por los cuatro grupos (PP, PSOE, AGE y BNG). Finalmente, el texto pactado evita poner paños calientes al papel decisivo que juega Almunia, y señala que está en su mano dar marcha atrás en su amenaza.

El Parlamento subraya que, solo en Galicia, 14.000 empleos directos y una voluminosa industria auxiliar «corren o risco de desaparecer se o comisario da Competencia decide materializar a súa ameaza». Constata que el anunciado fallo desfavorable de la CE «suporía pechar o sector industrial naval». Advierte que Navantia «se atopa sen carga de traballo e sen dique flotante»; que el sector de la ría de Vigo perdió 10.800 puestos desde el 2008; y que las auxiliares de Ferrol despidieron a 2.300 trabajadores. El escrito conjuga ese repaso de las «dramáticas consecuencias industriais» con la reivindicación de los «contundentes argumentos legais achegados por España».

También el Senado aprobó de forma unánime una moción que insta al Gobierno central a realizar gestiones para que no se devuelvan las ayudas.