KPMG destapa la ingeniería contable que se diseñaba y hacía en Pescanova
El informe del auditor constata la quiebra técnica de la firma, con 927 millones de agujero
El propio Manuel Fernández de Sousa, presidente de
Pescanova, fue quien tomó la decisión de contratar a un auditor externo
-finalmente fue KPMG- para que realizara una auditoría forense que
certificara realmente qué había ocurrido en la empresa y en qué
condiciones económicas estaba la multinacional. Y las conclusiones han
sido una auténtica bofetada en su cara. Sitúa directamente al presidente
-imputado junto a su cúpula directiva en la Audiencia Nacional por
varios delitos societarios- entre la espada y la pared de la justicia.
Porque el informe sostiene que «existen indicios fundados de que
determinadas personas de la cúpula directiva de Pescanova han instruido,
ejecutado, llevado a cabo o conocido, en mayor o menor medida»,
irregularidades «contables y financieras» para ocultar la deuda real y
lograr financiación.
La auditora KPMG entregó ayer su esperadísimo
informe forense al juez Ruz, que investiga el caso en la Audiencia
Nacional, así como a los miembros del consejo de administración de la
pesquera y a su administrador concursal, Deloitte, que a su vez trasladó
las principales conclusiones del mismo a la CNMV.
Sousa y otros cinco directivos
El documento completo (de más de 300 páginas)
señala directamente a Fernández de Sousa, así como a otros cinco
directivos -entre ellos, Joaquín Viña, responsable de Auditoría Interna y
relaciones con los inversores, y a Antonio Táboas, director financiero,
ambos imputados también por Ruz- de haber «diseñado y ejecutado
prácticas contables cuyo objetivo era presentar una deuda financiera del
grupo inferior a la real y, consecuentemente, una cifra de resultados
superior a los realmente generados».
Y detalla algunas de las prácticas empleadas para
conseguir financiación: formalización de créditos documentarios sin que
existieran transacciones reales con mercancía, utilización de
estructuras societarias instrumentales para generar financiación
bancaria y resultados ficticios, líneas de factoring dispuestas sin sustancia económica...
Un enorme agujero contable
Lo más sorprendente del documento es la
revelación de que el patrimonio neto del grupo al cierre del 2012 era
negativo por un importe de 927 millones. Es decir, que en lugar de tener
activos millonarios -la última cifra presentada por la pesquera era
positiva, de 148 millones de euros- lo que había en cambio era un enorme
agujero que, sumado a los más de 3.000 millones de deuda, se traduce en
una situación de quiebra técnica de la compañía.
El documento también confirma la existencia de
«discrepancias significativas» entre los resultados de su investigación y
la contabilidad que presentaba oficialmente Pescanova. Así, cuantifica
que la deuda financiera neta del grupo a fecha 31 de diciembre del 2012
ascendía a 3.281 millones de euros, mientras que en las cuentas no
auditadas que la empresa envió en abril a la CNMV el dato era menor:
concretamente 3.056 millones.
Y hoy, reunión con el administrador
El esperado informe forense lo han recibido los
miembros del consejo de administración la víspera de la reunión prevista
para hoy en Madrid con el administrador concursal. El encuentro
«informal», según confirmaron las fuentes consultadas, se centrará,
además de en informar sobre el desarrollo del concurso de Pescanova,
especialmente en desmenuzar los principales aspectos de la citada
auditoría realizada por KPMG y cuyas conclusiones estrechan el cerco en
torno a Fernández de Sousa y su núcleo afín.
Por ello se da por segura la tensión, ya que
parte del consejo (Damm y Luxempart, segundo y tercer máximo
accionista), se ha querellado contra el presidente y sus hombres de
confianza.
La manipulación contable fue planificada «de forma consciente»
Otro de los aspectos en los que incide el informe
forense, después de que los auditores se zambulleran en abril en el
difícil trabajo de desenredar la maraña societaria y financiera de la
multinacional, es que las prácticas irregulares de sus directivos «no
fueron fortuitas».
Los auditores son contundentes: «Los hechos,
operativas y prácticas fueron resultado de una planificación de forma
consciente que se han venido realizando durante varios años por parte de
la dirección de Pescanova».
Asimismo, en el hecho relevante que el
administrador de Pescanova remitió a la CNMV (firmado por Santiago
Hurtado en nombre de Deloitte Advisory) se anuncia que, a la vista de
las conclusiones del forense, se reservan el derecho a adoptar «las
medidas que resulten oportunas, dando en su caso traslado a los órganos
competentes».
Tal advertencia apunta a que la situación
jurídica de los directivos y consejeros imputados, con Manuel Fernández
de Sousa a la cabeza, aún puede complicarse (si no lo está ya) más en el
futuro.
El juez Ruz, que inicialmente había citado a los
implicados los pasados días 1 y 2 de julio para tomarles declaración, lo
suspendió hasta tener en su poder todos los informes policiales y
técnicos solicitados, entre otros, a la Unidad de Delincuencia Económica
y Fiscal de la Policía, a la CNMV y a KPMG.
El presidente dice que la CNMV va «de víctima» para autoexculparse de su responsabilidad
En un escrito de alegaciones presentado el martes en el
Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la
defensa de Manuel Fernández de Sousa rebate la decisión de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de remitir al juzgado dos
expedientes sancionadores abiertos por el regulador contra el presidente
y otros directivos.
Los letrados interpretan las comunicaciones de la
CNMV como «un cauce para la defensa y autoexculpación de la Comisión y
de sus responsables» y lamenta que «esta estrategia» pase por imputar a
Fernández de Sousa «irregularidades que claramente no se han producido».
En su escrito se recuerda que el 11 de abril se
presentó una querella contra la presidenta de la CNMV, contra el
presidente de Pescanova y otras personas, y los responsables del
regulador, «que habían mantenido hasta entonces una actitud de estrecha
colaboración con los directivos de la firma, se apresuraron en pocos
días a incoar varios expedientes sancionadores contra Manuel Fernández
de Sousa y otros directivos», reprochándoles, entre otras cosas, una
supuesta resistencia a la actuación inspectora.
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