Almunia: ´Corresponde al Gobierno español decidir el montante de la devolución´
La Hacienda española deberá establecer la cantidad que se deberá devolver así como quiénes deben asumir su coste y cómo hacerlo. La CE pide a España que recupere las ayudas concedidas mediante 'tax lease' entre 2007 y 2011
La Comisión Europea ha pedido este miércoles a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease'
entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores
que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni
los propios astilleros.
La decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani,
levantara su reserva, según han informado a Europa Press fuentes
comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en
este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se
devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España. El ministro de Industria, José Manuel Soria,
pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones
concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el
sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en
riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
La Comisión no ha desvelado la cifra total de ayudas que deben reembolsarse.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo la semana pasada que
las subvenciones a recuperar superarían los 2.000 millones de euros,
aunque en aquel momento todavía se hablaba de 2005. Bruselas dice que
corresponde a las autoridades españolas calcular el importe a devolver.
Eso sí, en virtud de la decisión de Bruselas, los beneficiarios de la bonificaciones
"no pueden repercutir su obligación de reembolso sobre terceros (como
los propios astilleros), incluso mediante la aplicación de contratos
existentes".
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen de
ayudas español -que se puso en marcha en 2002 y nunca se notificó a
Bruselas- vulnera las normas de la UE sobre ayudas públicas porque concedió una "ventaja selectiva" a sus beneficiarios respecto a los rivales.
Atendiendo
al "principio de seguridad jurídica", la Comisión ha decidido no pedir
el reembolso de las ayudas concedidas entre 2002 y abril de 2007, fecha
en la cual Bruselas ha declarado públicamente ilegal un sistema francés
similar al español.
Feijóo pide la suspensión cautelar de la resolución de la CE
El presidente tacha la decisión de "cuestionable jurídicamente", "poco responsable" e "insensible"
El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirma que la decisión de la CE es mejor que la anunciada in
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno estatal que recurra ante el Tribunal de Estrasburgo la decisión de la Comisión Europea que obliga a España a devolver las ayudas del tax lease desde 2007 a 2011 y que solicite la "suspensión cautelar" de
esta determinación, que ha tachado de "cuestionable jurídicamente, poco
responsable desde el punto de vista económico e insensible desde el
punto de vista social".
En una comparencia ante los medios, Feijóo ha considerado que esta decisión de la CE provoca "daños", aunque "controlados", al sector naval gallego que ha apostado por "revertir" con ese recurso a Estrasburgo.
En
cualquier caso, ha instado a comenzar a trabajar en medidas fiscales y
jurídicas que permitan al sector construir barcos. El presidente de la
Xunta ha defendido que hay "argumentos jurídicos suficientes para ganar" el recurso.
Los astilleros piden que se aminore el impacto
La patronal considera "devastador" para el sector la exigencia de Bruselas y confía en el Gobierno
La patronal de astilleros privados Pymar ha pedido hoy al Gobierno que aminore el impacto que tendrá la decisión de Bruselas de que los inversores devuelvan las bonificaciones fiscales de las que se beneficiaron por invertir en la construcción de buques.
Mientras
ayer Pymar consideraba "devastador" para el sector que se tuvieran que
devolver las ayudas recibidas entre 2007 y 2011, hoy entienden que
existen esperanzas porque el comisario de la competencia, Joaquín Almunia, ha dicho que deja en manos del Gobierno español el cálculo de las cuantías de las devoluciones.
No obstante, la patronal ha considerado la decisión de Bruselas injusta y discriminatoria, por lo que no descarta recurrirla.
Los sindicatos urgen al Gobierno a que cifre la devolución
Los
portavoces del sector naval de CCOO, UGT y CIG de la ría de Vigo han
urgido hoy al Gobierno de España que elabore la lista de beneficiarios
del anterior tax-lease y de las cifras a reembolsar, si es posible este
mismo mes, ahora que "está en su mano".
En una rueda de prensa en el astillero Vulcano,
donde, al igual que en otros de la comarca, trabajadores y delegados
protagonizaron un encierro como última medida de presión antes de la
resolución del Colegio de Comisarios, han advertido de que no tolerarán
que se rebaje la intensidad reivindicativa del frente común español.
"Que nadie se vaya de vacaciones hasta que se resuelva todo", ha aseverado Ramón Sarmiento, de CCOO,
quien ha recalcado que los trabajadores del naval no permitirán "que se
relaje o se intente dinamitar" la unidad de acción entre el Gobierno
central, los de Asturias, Galicia y País Vasco, las patronales y los
sindicatos.
Han abundado en que no están dispuestos a que "se vuelva a perder el tiempo", tal y como ha apuntado César Rodríguez, de la CIG,
desde la apertura del expediente hace dos años, y han avisado de nuevas
movilizaciones y acciones de protesta si aprecian una relajación en la
ofensiva política y diplomática de las últimas semanas.
A falta de
conocer los detalles de la resolución del expediente abierto al
anterior sistema español de bonificaciones fiscales, los portavoces
sindicales han considerado que Bruselas deja "un margen" a España para que "gestione las consecuencias" del mismo, que obliga al reintegro de las cuantías entre 2007 y 2011.
Por
eso, han insistido en reclamar celeridad en las gestiones que tenga que
hacer el Ejecutivo español, que tras el pronunciamiento de hoy de la
Comisión Europea ya tiene "plenas competencias".
"Que demuestren
con hechos concretos hasta dónde van a llevar esa apuesta que están
haciendo" por el naval, ha enfatizado Sarmiento, quien ha exigido
"decisiones" para dar seguridad jurídica a los armadores interesados en
hacer pedidos en los astilleros de Vigo, que cuentan con "expectativas
reales de recuperación de actividad".
Diego Atanes, de UGT,
ha concluido, tras escuchar las palabras de Almunia sobre las
modificaciones introducidas en su dictamen en base a los argumentos
jurídicos que fue recibiendo en los últimos días, que se confirma "el
absoluto desdén" de las administraciones hacia la crisis del sector.
Cree que en este asunto "tres claros culpables": la Comisión Europea
y en especial el responsable de Competencia, Joaquín Almunia; el
Gobierno central y la Xunta, a la que ha acusado de actuar con "la más
absoluta opacidad" y de tratar con "absoluto desprecio" a los
trabajadores del sector.
Atanes ha avanzado que el viernes los
representantes de las tres centrales consensuarán las acciones futuras,
pero ha dado por sentado que aprobarán un nuevo calendario de
movilizaciones y de medidas de presión.
El Gobierno no descarta recurrir la decisión de la UE
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha
anunciado hoy que el Gobierno se reserva el derecho a recurrir ante el
Tribunal Europeo de Justicia la decisión de la Comisión Europea de
exigir la devolución de las ayudas recibidas por el sector naval entre
2007 y 2011.
En declaraciones en los pasillos del Senado, Soria ha reconocido que la decisión de la Comisión Europea es mejor que la anunciada inicialmente, aunque aún está por aclararse el alcance en términos cuantitativos sobre la cantidad a devolver, siempre por parte de los inversores -ha recalcado- y nunca por parte de los astilleros, armadores o quienes han sido intermediarios financieros.
El PP ve "injusta" la decisión de Bruselas
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha calificado de "injusta" la decisión de Bruselas exigiendo a España que devuelva las ayudas a los astilleros desde 2007 y ha recalcado que debería ser "revisada". A su entender, es una "mala decisión" y "un golpe" contra el sector naval español.
Así se ha pronunciado Alonso poco después de que la Comisión Europea haya pedido a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
En declaraciones en los pasillos del Senado, donde se celebra esta semana la sesión plenaria del Congreso, el dirigente del PP ha recalcado que esta decisión le "sorprende mucho" y le "disgusta", al tiempo que "causa rechazo" la actitud que ha mantenido el comisario español de Competitividad, Joaquín Almunia.
"Sorprende y contrasta que el que más nos ha defendido en la Comisión Europea ha sido un italiano, no ha sido un español, y ha buscado un castigo inmerecido para España y por tanto, la decisión creo que es injusta y que debería ser revisada", ha enfatizado.
Alonso ha recordado que todos los grupos políticos, los sindicatos y aquellos que tienen intereses en el sector naval se han mostrado en contra de esa posición de Almunia y han pedido que "se pueda rectificar". "No sé que margen hay para rectificar esto pero lo sensato sería hacerlo porque las consecuencias sociales pueden ser terribles", ha subrayado.
El portavoz parlamentario del PP ha insistido en que se trata de una "muy mala decisión" para España. "Es un golpe contra el sector naval en España y es motivo de preocupación para 87.000 trabajadores de este sector. Deben explorarse todas las posibilidades para cambar esta decisión", ha insistido.
En declaraciones en los pasillos del Senado, Soria ha reconocido que la decisión de la Comisión Europea es mejor que la anunciada inicialmente, aunque aún está por aclararse el alcance en términos cuantitativos sobre la cantidad a devolver, siempre por parte de los inversores -ha recalcado- y nunca por parte de los astilleros, armadores o quienes han sido intermediarios financieros.
El PP ve "injusta" la decisión de Bruselas
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha calificado de "injusta" la decisión de Bruselas exigiendo a España que devuelva las ayudas a los astilleros desde 2007 y ha recalcado que debería ser "revisada". A su entender, es una "mala decisión" y "un golpe" contra el sector naval español.
Así se ha pronunciado Alonso poco después de que la Comisión Europea haya pedido a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.
En declaraciones en los pasillos del Senado, donde se celebra esta semana la sesión plenaria del Congreso, el dirigente del PP ha recalcado que esta decisión le "sorprende mucho" y le "disgusta", al tiempo que "causa rechazo" la actitud que ha mantenido el comisario español de Competitividad, Joaquín Almunia.
"Sorprende y contrasta que el que más nos ha defendido en la Comisión Europea ha sido un italiano, no ha sido un español, y ha buscado un castigo inmerecido para España y por tanto, la decisión creo que es injusta y que debería ser revisada", ha enfatizado.
Alonso ha recordado que todos los grupos políticos, los sindicatos y aquellos que tienen intereses en el sector naval se han mostrado en contra de esa posición de Almunia y han pedido que "se pueda rectificar". "No sé que margen hay para rectificar esto pero lo sensato sería hacerlo porque las consecuencias sociales pueden ser terribles", ha subrayado.
El portavoz parlamentario del PP ha insistido en que se trata de una "muy mala decisión" para España. "Es un golpe contra el sector naval en España y es motivo de preocupación para 87.000 trabajadores de este sector. Deben explorarse todas las posibilidades para cambar esta decisión", ha insistido.
Sindicatos urgen al Gobierno que cifre devolución
Instan al ejecutivo español a eleborar la lista de beneficiarios del anterior tax-lease este mismo mes de julio
Los portavoces del sector naval de CCOO, UGT y CIG de la ría de Vigo
han urgido hoy al Gobierno de España que elabore la lista de
beneficiarios del anterior tax-lease y de las cifras a reembolsar, si es
posible este mismo mes, ahora que "está en su mano".
En una rueda de prensa en el astillero Vulcano, donde, al igual que en otros de la comarca, trabajadores y delegados protagonizaron un encierro como última medida de presión antes de la resolución del Colegio de Comisarios, han advertido de que no tolerarán que se rebaje la intensidad reivindicativa del frente común español.
"Que nadie se vaya de vacaciones hasta que se resuelva todo", ha aseverado Ramón Sarmiento, de CCOO, quien ha recalcado que los trabajadores del naval no permitirán "que se relaje o se intente dinamitar" la unidad de acción entre el Gobierno central, los de Asturias, Galicia y País Vasco, las patronales y los sindicatos.
Han abundado en que no están dispuestos a que "se vuelva a perder el tiempo", tal y como ha apuntado César Rodríguez, de la CIG, desde la apertura del expediente hace dos años, y han avisado de nuevas movilizaciones y acciones de protesta si aprecian una relajación en la ofensiva política y diplomática de las últimas semanas.
A falta de conocer los detalles de la resolución del expediente abierto al anterior sistema español de bonificaciones fiscales, los portavoces sindicales han considerado que Bruselas deja "un margen" a España para que "gestione las consecuencias" del mismo, que obliga al reintegro de las cuantías entre 2007 y 2011.
Por eso, han insistido en reclamar celeridad en las gestiones que tenga que realizar el Ejecutivo español, que tras el pronunciamiento de hoy de la Comisión Europea ya tiene "plenas competencias".
"Que demuestren con hechos concretos hasta dónde van a llevar esa apuesta que están haciendo" por el naval, ha enfatizado Sarmiento, quien ha exigido "decisiones" para dar seguridad jurídica a los armadores interesados en hacer pedidos en los astilleros de Vigo, que cuentan con "expectativas reales de recuperación de actividad".
Diego Atanes, de UGT, ha concluido, tras escuchar las palabras de Almunia sobre las modificaciones introducidas en su dictamen en base a los argumentos jurídicos que fue recibiendo en los últimos días, que se confirma "el absoluto desdén" de las administraciones hacia la crisis del sector.
Cree que en este asunto "tres claros culpables": la Comisión Europea y en especial el responsable de Competencia, Joaquín Almunia; el Gobierno central y la Xunta, a la que ha acusado de actuar con "la más absoluta opacidad" y de tratar con "absoluto desprecio" a los trabajadores del sector.
Atanes ha avanzado que el viernes los representantes de las tres centrales consensuarán las acciones futuras, pero ha dado por sentado que aprobarán un nuevo calendario de movilizaciones y de medidas de presión.
En una rueda de prensa en el astillero Vulcano, donde, al igual que en otros de la comarca, trabajadores y delegados protagonizaron un encierro como última medida de presión antes de la resolución del Colegio de Comisarios, han advertido de que no tolerarán que se rebaje la intensidad reivindicativa del frente común español.
"Que nadie se vaya de vacaciones hasta que se resuelva todo", ha aseverado Ramón Sarmiento, de CCOO, quien ha recalcado que los trabajadores del naval no permitirán "que se relaje o se intente dinamitar" la unidad de acción entre el Gobierno central, los de Asturias, Galicia y País Vasco, las patronales y los sindicatos.
Han abundado en que no están dispuestos a que "se vuelva a perder el tiempo", tal y como ha apuntado César Rodríguez, de la CIG, desde la apertura del expediente hace dos años, y han avisado de nuevas movilizaciones y acciones de protesta si aprecian una relajación en la ofensiva política y diplomática de las últimas semanas.
A falta de conocer los detalles de la resolución del expediente abierto al anterior sistema español de bonificaciones fiscales, los portavoces sindicales han considerado que Bruselas deja "un margen" a España para que "gestione las consecuencias" del mismo, que obliga al reintegro de las cuantías entre 2007 y 2011.
Por eso, han insistido en reclamar celeridad en las gestiones que tenga que realizar el Ejecutivo español, que tras el pronunciamiento de hoy de la Comisión Europea ya tiene "plenas competencias".
"Que demuestren con hechos concretos hasta dónde van a llevar esa apuesta que están haciendo" por el naval, ha enfatizado Sarmiento, quien ha exigido "decisiones" para dar seguridad jurídica a los armadores interesados en hacer pedidos en los astilleros de Vigo, que cuentan con "expectativas reales de recuperación de actividad".
Diego Atanes, de UGT, ha concluido, tras escuchar las palabras de Almunia sobre las modificaciones introducidas en su dictamen en base a los argumentos jurídicos que fue recibiendo en los últimos días, que se confirma "el absoluto desdén" de las administraciones hacia la crisis del sector.
Cree que en este asunto "tres claros culpables": la Comisión Europea y en especial el responsable de Competencia, Joaquín Almunia; el Gobierno central y la Xunta, a la que ha acusado de actuar con "la más absoluta opacidad" y de tratar con "absoluto desprecio" a los trabajadores del sector.
Atanes ha avanzado que el viernes los representantes de las tres centrales consensuarán las acciones futuras, pero ha dado por sentado que aprobarán un nuevo calendario de movilizaciones y de medidas de presión.
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